Nueve empresas están relacionadas con los procesados por supuesta corrupción en la prefectura de Cotopaxi. Pero, solo dos de estas tienen contratos con la entidad estatal.
Alrededor del caso Depuración I siguen apareciendo nuevos detalles. El 28 de julio de 2022, la Fiscalía y la Policía realizaron 32 allanamientos y detuvieron a nueve personas, en Cotopaxi.
Las autoridades rastrean a una supuesta estructura criminal que habría direccionado contratos y cobrado 'diezmos' en entidades públicas de esa provincia. A la cabeza de la red, inteligencia policial ubica a Jorge Guamán, prefecto de Cotopaxi, y Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga.
El primero estuvo entre los detenidos. La madrugada del 29 de julio, en Latacunga, se realizó la audiencia de formulación de cargos y el juez del caso liberó a Guamán. Ordenó la colocación de un grillete electrónico.
Los documentos de la Fiscalía revelan el comportamiento de la supuesta red. Este grupo, dice la versión oficial, aprovechó sus funciones públicas y la amistad con autoridades para obtener contratos.
Al interior de la estructura, según la Fiscalía, se utilizaban sobrenombres como 'Magi', 'Pablo', 'Fercho', 'Lucho', entre otros, para intercambiar mensajes respecto a las supuestas acciones ilícitas.
En las pesquisas, además, la Fiscalía ha identificado sitios de reuniones y los vehículos en los que se movilizan los involucrados. Además, la entidad asegura que, los ahora procesados, cambiaban constantemente de números telefónicos para evitar "la acción de las autoridades".
Las empresas y los contratos
Una vez formulados los cargos, la Fiscalía tendrá 90 días para recopilar los indicios que le permitan llevar a juicio a los sospechosos. La clave está en demostrar el direccionamiento de los contratos.
Junto con Guamán fueron vinculados otros cuatro funcionarios del Gobierno de Cotopaxi. Pero, también, cuatro empresarios o contratistas.
Según los registros de la Superintendencia de Compañías, tres de estas cuatro personas tienen participación accionaria o cargos directivos en nueve empresas.
La mayoría de estas compañías están domiciliadas, justamente, en Cotopaxi. Se dedican a actividades de obras civiles y de construcción.
Sin embargo, no hay rastro de abultados contratos entre estas entidades y las instituciones públicas involucradas.
PRIMICIAS revisó el historial de contratación pública de las nueve empresas. Solo dos tuvieron tres contratos con el Estado.
Dos de estos son con la Prefectura de Cotopaxi y el otro con el Gobierno Provincial de Esmeraldas. Entre los tres contratos, firmados entre 2020 y 2022, suman un poco más de medio millón de dólares.
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