Viernes, 26 de abril de 2024

Correístas denuncian un "intento de proscribirlos" de la vida política

Autor:

Mario Alexis González

Actualizada:

11 Mar 2020 - 12:52

Los máximos dirigentes del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), que agrupa al correísmo, presentaron una acción ante la Defensoría del Pueblo.

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Autor: Mario Alexis González

Actualizada:

11 Mar 2020 - 12:52

Los dirigentes del correísmo acudieron a la Defensoría del Pueblo, en Quito; este 11 de marzo de 2020. - Foto: Primicias

Los máximos dirigentes del movimiento Fuerza Compromiso Social (FCS), que agrupa al correísmo, presentaron una acción ante la Defensoría del Pueblo.

Vanessa Freire, presidenta del movimiento, indicó el miércoles 11 de marzo de 2020 que la Contraloría se está extralimitando en sus funciones, pretendiendo eliminar a Fuerza Compromiso Social y a tres organizaciones políticas más.

En la víspera, la Contraloría dio a conocer el borrador de un informe que recomienda al Consejo Nacional Electoral (CNE) la eliminación de cuatro movimientos políticos nacionales, incluyendo al correísta.

Previamente, la Contraloría ya había concluido que cuatro movimientos políticos fueron inscritos a pesar de que no cumplían con el principal requisito: presentar las firmas correspondientes al 1,5% del padrón electoral.

Freire recordó que FCS obtuvo su personería jurídica en agosto de 2016 y participó en las elecciones generales 2017 y en las seccionales 2019, sin recibir ninguna observación.

Pedido a la Defensoría

Virgilio Hérnandez, secretario ejecutivo de Fuerza Compromiso Social, pidió a la Defensoría del Pueblo que vigile que se respeten los derechos políticos de la organización y de los ciudadanos que quieren votar por la misma.

Agregó que los exámenes realizados por la Contraloría nunca fueron notificados a FCS, sino únicamente al Consejo Nacional Electoral, lo que los ha dejado en la indefensión.

Y dijo que el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificaron la personería del movimiento, por lo que la Contraloría no puede intervenir en las decisiones tomadas por otros organismos.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha y dirigente correísta, también asistió a la Defensoría del Pueblo.

La política considera que detrás de esta decisión de la Contraloría, únicamente, hay una intención de impedir que el expresidente Rafael Correa sea candidato en las elecciones de 2021.