Las cinco claves para entender el juicio del caso Las Torres

Luego de casi un año de investigación, la fiscal Diana Salazar presentó la teoría del caso ante el Tribunal de juicio.

Según las pruebas que Salazar presentará en la audiencia, entre 2017 y 2020, un “grupo estructurado y organizado” operó en la Contraloría General del Estado, en Petroecuador y en la Secretaría de la Presidencia de la República.

El grupo estaba comandado por Pablo Celi, excontralor General; Pablo Flores, exgerente de Petroecuador; y José Agusto, exsecretario de la Presidencia. El último estuvo procesado en el caso, pero falleció en medio de la investigación.

Además de los líderes de la organización, según la Fiscalía, los colaboradores son:

• • Adolfo Agusto, hermano del exsecretario de la Presidencia.
  • Martha Barrezueta, esposa de Roberto Barrera (supuesto emisario de Petroecuador para gestionar los sobornos).
  • Natalia Cárdenas, funcionaria de Petroecuador.
  • Esteban Celi, hermano del excontralor.
  • Álvaro de Guzmán, amigo y asesor de Esteban Celi.
  • Andrés Luque, empresario.
  • Daniel Orellana, exfuncionario de Petroecuador.
  • Silvia López, empresaria.
  • Ángelo Rodríguez, empresario.

También en esta lista están Roy Calero y Pedro Saona. Pero ambos están prófugos, por lo que en sus casos la fase de juicio está suspendida.

Según la Fiscalía, las 13 personas planificaron actividades ilícitas con el objetivo de obtener un soborno de USD 4 millones. Ese monto representa el 20% de una factura de USD 20,3 millones que Petroecuador debía a Nolimit.

A cambio, la agrupación le ofrecía a Nolimit agilizar el pago de esa factura y el desvanecimiento de glosas.

Raúl de la Torre (derecha) fue secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en 2016. Asamblea Nacional

Si bien el supuesto delito del caso Las Torres se cometió en Ecuador y la mayoría de los implicados son juzgados en este país, el proceso se originó en Estados Unidos.

A mediados de 2019, en Miami, fueron detenidos Roberto Barrera y Raúl de la Torre. Ambos portaban USD 250.000 y no pudieron justificar la procedencia del efectivo.

Los dos fueron juzgados por lavado de activos en Estados Unidos. Se declararon culpables y accedieron a colaborar con la justicia a cambio de una sentencia reducida que ya cumplieron.

A través de una asistencia penal internacional, las delaciones de Barrera y De la Torre llegaron a Ecuador y son la base principal del caso Las Torres. Ambos aceptaron que eran los emisarios de esta estructura para gestionar los sobornos con Nolimit.

De la Torre era funcionario de Petroecuador y es sobrino de Pablo y Esteban Celi.

En Estados Unidos, el caso empezó antes de la captura. A inicios de 2019, cuando Barrera y De la Torre se acercaron a los directivos de Nolimit a gestionar los sobornos para pagar la factura de UD 20,3 millones.

Según las declaraciones de los directivos de esta empresa, esa era una práctica común en Petroecuador desde hace unos 10 años. Por lo que cansados del pago de estas comisiones, decidieron grabar a De la Torre y Barrera.

Con esas pruebas acudieron a las autoridades de Estados Unidos. Incluso, varias de las conversaciones que los dueños de Nolimit mantuvieron con De la Torre  y Barrera fueron grabadas y monitoreadas por las autoridades de ese país y ahora las tiene la Fiscalía ecuatoriana por la asistencia penal.

En mayo de 2019, De la Torre se reunió con  los directivos en Miami y les solicitó una tarjeta de crédito para hacer compras. El exfuncionario gastó USD 23.000 en un reloj, artefactos de tecnología y ropa. Los gastos los asumió el propio FBI.

Las revelaciones del caso Las Torres significaron dieron paso a varias nuevas investigaciones. En el transcurso de la instrucción fiscal, los agentes encontraron rastros de otros posibles delitos.

Por ejemplo, de Estados Unidos llegó un registro de una transferencia por USD 1,3 millones de la empresa China CAMC a Legalcont. La primera es una proveedora del Estado, a la que supuestamente se le desvanecieron glosas de manera irregular.

La segunda, en cambio, es una empresa que se creó en Ecuador y en Estados Unidos por orden de Esteban Celi. El objetivo era supuestamente recibir los sobornos.

Por ese caso, la Fiscalía formuló cargos por cohecho en contra de los hermanos Celi y Pedro Saona. Además, está pendiente la apertura de otro proceso por lavado de activos en contra de Adolfo Agusto.

Por los casos Las Torres y China CAMC, los hermanos Celi y Agusto tienen órdenes de prisión preventiva.

Las órdenes de Las Torres caducarán el 13 de abril de 2022. Pero, pese a que el juicio durará más de un mes y aún no habrá sentencia para esa fecha, la liberación ya no se ejecutará.

El 28 de marzo, el conjuez Adrián Rojas dictó prisión para los tres por el caso China CAMC, lo que significa que seguirán detenidos.

Aunque, Pablo Celi todavía tiene un as bajo la manga. El 9 de abril cumplirá 65 años y podría salir de prisión para cumplir arresto domiciliario.