Luego de la captura y procesamiento de Pablo Celi, las miradas se posan en el Consejo de Participación Ciudadana para elegir un nuevo contralor. Sin embargo, hay un candado legal que lo impide.
En los últimos cuatro años, la Contraloría General del Estado (CGE) pasó del más largo periodo de estabilidad de su historia a su peor momento institucional.
En marzo de 2017, Carlos Pólit fue reelecto por cuarta vez como contralor. Debía estar en el cargo hasta 2022 y así sumaría 15 años ininterrumpidos en ese puesto. Sin embargo, tres meses después y agobiado por las sospechas de corrupción, huyó del país hacia Estados Unidos.
En su ausencia, fue sentenciado a seis años de cárcel luego de comprobarse que recibió USD 10,1 millones en coimas de la constructora Odebrecht, entre 2010 y 2016. Hoy es prófugo de la justicia ecuatoriana.
Su puesto lo asumió quien había sido su mano derecha desde 2014. Pablo Celi. El subcontralor de Pólit, se convirtió en el nuevo Contralor General del Estado.
Un reemplazo demorado
La elección del nuevo contralor recayó en las manos del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), que en esa época lo dirigía Raquel González y tenía una mayoría correísta. Esa mayoría, meses atrás, había reelegido a Pólit con puntuación perfecta.
Esa selección, luego de la huida de Pólit, causó críticas y obligó a que el Cpccs elabore un nuevo reglamento para la designación. Pero eso tardó más de lo esperado. Llegó 2018 sin un reglamento y sin una selección.
Mientras tanto, Celi se afianzaba en el cargo, y ganaba aceptación pública, con decisiones como la destitución del exvicepresidente Jorge Glas, debido a un informe por la adjudicación de un campo petrolero con irregularidades.
Pablo Celi durante la entrega de información en la Asamblea Nacional, en 2017. Asamblea Nacional
El tiempo se le acabó al Cpccs correísta. En febrero de 2018, a través de una consulta popular, sus integrantes fueron destituidos. Su lugar lo tomaron consejeros transitorios, comandados por Julio César Trujillo (+), quienes tenían la tarea de reinstitucionalizar el país.
Esa reinstitucionalización consistía en evaluar a las autoridades de control. En caso de que se detectaran irregularidades en su gestión, debían destituirlos y nombrar a sus reemplazos. Así, el Cpccs transitorio hizo cambios en varias entidades, entre superintendencias, defensorías y hasta en la Corte Constitucional (CC).
Pero, la Contraloría no entró en esa evaluación. El argumento fue que no había un titular a cargo a quien evaluar, por lo que procedía nombrar un nuevo contralor. Pero esa tarea se volvió a postergar, en medio de las urgencias del Transitorio por evaluar a los funcionarios nombrados por el correísmo.
La ratificación y el candado
Casi sobre el final de su gestión, los consejeros transitorios resolvieron no nombrar a un nuevo contralor. En mayo de 2019, se decidió ratificar a Celi para que concluya el período original de Pólit, es decir, hasta 2022.
O, en su defecto, hasta que la Asamblea Nacional culmine una reforma a la Contraloría. Según un proyecto presentado por el propio Celi, la entidad debía convertirse en un Tribunal de Cuentas, de manera que las decisiones sean tomadas por un cuerpo colegiado y no por una sola persona.
Ese trámite no avanzó en la Asamblea. La Comisión de Justicia no la trató porque para hacerlo no hace falta una reforma legal sino que hay que cambiar la Constitución. Es decir, Celi debía estar en su cargo hasta 2022.
Sobre esa decisión del Cpccs transitorio, tiempo después, se estableció un candado legal.
En mayo de 2019, la ciudadanía eligió por voto popular a los nuevos consejeros del Cpccs. Nuevamente llegó una mayoría correísta. Entonces comandada por el hoy sentenciado por corrupción, José Tuárez, esa mayoría pretendía revisar las decisiones del Transitorio.
Por esta razón, la Corte Constitucional (CC) emitió en julio de 2019 una sentencia de interpretación que blinda todas las decisiones del Cpccs de Trujillo. Entre esas decisiones, está la ratificación de Celi hasta la culminación del período o la reforma hacia el Tribunal de Cuentas.
En busca de la autorización
El reciente escándalo que involucra a la Contraloría, con Pablo Celi arrestado y procesado por delincuencia organizada, ha despertado nuevamente la atención sobre un eventual nombramiento.
El Cpccs es la entidad, que según la Constitución, debe nombrar al nuevo Contralor.
Sofía Almeida, presidenta del Cpccs, envió una consulta a la CC y a la Procuraduría General del Estado. El objetivo es conocer si, en medio de la nueva coyuntura, es posible abrir el candado y elegir un nuevo contralor. Todavía no hay respuesta.
Mientras la respuesta llega, otros consejeros ya adelantan el nombramiento,
Los consejeros Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa se reunieron de manera extraoficial, el 20 de abril, para tratar el tema. Solicitaron a la presidenta Almeida que convoque al Pleno para tratarlo.
Los consejeros Ibeth Estupiñán, Hernán Ulloa y Francisco Bravo, el 20 de abril de 2021, se reunieron en Quito para discutir sobre la situación de la Contraloría @HernanUlloa
El objetivo es avanzar en la construcción de un reglamento para la selección. Al momento, en la entidad solo está el instructivo con el que se reeligió a Pólit.
Es decir, la selección está en manos de la CC. Mientras tanto, la entidad la dirige, como subrogante del subrogante, Valentina Zárate. Funcionaria de la confianza de Celi.
Pero ese no es el único obstáculo a corto plazo.
El 24 de mayo de 2021, Guillermo Lasso se posesionará como Presidente de la República. En su campaña, el mandatario electo anunció su intención de eliminar el Cpccs.
Por esta razón, Ulloa ha solicitado una audiencia con Lasso con el objetivo de conversar acerca de la posible supresión de la entidad y la elección del nuevo contralor.
Las glosas que se hacían humo
El 13 de abril de 2021, la Policía arrestó a Pablo Celi, junto a otras ocho personas. Forman parte del caso Las Torres y son procesados por el presunto delito de delincuencia organizada.
Según la Fiscalía, Esteban Celi, hermano del Contralor, recibió sobornos para que se desvanezcan cinco glosas por USD 13 millones en contra de la empresa Nolimit, proveedora de Petroecuador. Pablo Celi habría autorizado esos movimientos.
Esa tesis de la Fiscalía fue refrendada por Luis Miño, director de Responsabilidades de la Contraloría y quien fue delegado para ser subcontralor y firmar las glosas originales contra Nolimit.
En su declaración judicial, Miño confirmó los sobornos de Nolimit a cambio de la eliminación de las glosas. Y relató, ante el fiscal Homero Cepeda, que en septiembre de 2018 "por disposición directa y verbal del contralor Pablo Celi" firmó el desvanecimiento de cuatro de las cinco glosas.
Si no cumplía con ese pedido, Celi lo había amenazado con destituirlo de su cargo original.
Además, Miño aseguró que el caso de Nolimit no es el único. Sino que desde que asumió el cargo de contralor, Celi le había solicitado el desvanecimiento de al menos 15 glosas de otras compañías.
Entre estas estaba MMR Group, también proveedora de Petroecuador y ligada a Nolimit y a la corrupción en la estal petrolera
También, según Miño, Celi le solicitó que "elabore el proyecto de desvanecimiento de responsabilidad por USD 111 millones a favor de una empresa que se dedica a las telecomunicaciones, con respecto a la banda ancha (...)".
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