Crece la tensión en el diálogo entre Gobierno y organizaciones indígenas

Desde la instalación de la primera mesa técnica, el 13 de julio, han transcurrido 50 días de discusiones temáticas entre el Gobierno y las organizaciones indígenas. ¿El resultado? Un solo acuerdo firmado, pero declarado como insuficiente.

Este 31 de agosto de 2022, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, declaró ante los mediadores su "enorme preocupación, porque en la práctica no pasa nada".

El líder indígena hizo referencia al único acuerdo firmado entre el Ejecutivo y las agrupaciones que lideraron el paro nacional de junio, sobre banca pública y privada.

Sostuvo que no ha habido el alivio financiero ofrecido para la población.

Iza vaticinó que de las mesas no saldrá ningún resultado, porque el diálogo es usado como mecanismo político para "disuadir los procesos de lucha social".

Hatari Sarango, también dirigente de la Fenocin, dijo que, "si no existe la voluntad del Gobierno, las organizaciones de base tomarán las decisiones de seguir en pie de lucha".

Estas declaraciones en contra del proceso entablado con el Ejecutivo se dieron durante la instalación de las mesas de derechos colectivos y de seguridad y justicia.

En el evento participó el Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Francisco Calí Tzay.

El punto de la discordia

El 30 de agosto, Leandro Ullón, dirigente de la Fenocin, advirtió con posibles movilizaciones, especialmente en la Costa, si no se condonan las deudas de hasta USD 10.000. La sorpresa es que el tema que parecía zanjado.

En la lista de 10 puntos, que defendieron la Conaie, la Fenocin y la Feine durante 18 días en junio, no había un pedido de condonación de deudas. Lo que se solicitaba era la moratoria de mínimo un año y la reestructuración de los pagos.

Durante las movilizaciones, el mismo Iza repitió constantemente que las organizaciones indígenas "no buscaban que se les regale ni un centavo", que lo que querían era tiempo para pagar sus créditos.

Sin embargo, la Fenocin no ha querido ceder sobre el monto de la condonación y quiere que se incluyan también las deudas con la banca privada.

Por ese mismo tema, la agrupación estuvo a punto de quedarse fuera del acuerdo de paz, del 30 de junio, ya que su presidente nacional, Gary Espinoza, se negaba a firmar el acta, que no contenía ese detalle.

Después -con las mesas técnicas instaladas- el acuerdo sobre la banca firmado con el Ejecutivo el 18 de julio consiguió que se eliminen automáticamente las deudas de hasta USD 3.000 en la banca pública.

Y así sucedió.

Otras mesas de diálogo

Iza advirtió que tampoco "se ha avanzado en el tratamiento y en los resultados de las otras mesas". De la decena de temáticas acordadas, se han instalado siete mesas técnicas.

Las de derechos colectivos y de seguridad y justicia arrancaron el 31 de agosto.

Mientras que las de focalización del subsidio a los combustibles, de control de precios, de fomento productivo y de energía permanecen abiertas sin una resolución definitiva.

Desde el punto de vista del Ejecutivo, la situación es diferente y positiva. Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad, rechazó las declaraciones de los dirigentes indígenas.

El funcionario dijo que las mesas sí han dado resultados específicos. Que todas las propuestas presentadas han recibido respuesta, aunque "tal vez no la respuesta que se intentaba o se perseguía".

Castanier contó que, a partir de las mesas de diálogo, el Gobierno ha desplegado acciones como el control de precios y especulación, una tarifa social en telecomunicaciones e internet, así como acciones para fortalecer la agricultura familiar campesina.

Pero Iza, acompañado de los dirigentes de la Feine y Fenocin, lo contradijo.

Dijo que el precio de los pasajes sigue subiendo, que los campesinos no reciben precios justos por sus productos agrícolas y que los procesos judiciales por deudas pendientes siguen en pie.

Diálogo es una cosa, otro tema son las imposiciones y peor aún amenazas.

Homero Castanier, viceministro de Gobernabilidad

La cita reveló que las organizaciones indígenas y campesinas buscan volver al plazo máximo inicial de cinco días de diálogo por cada mesa temática, haya o no resultados, pero que no queden mesas indefinidamente abiertas.

Mientras que el Gobierno aprovechó las palabras del relator de la ONU para sugerir que el diálogo sea permanente y no se limite a los 90 días acordados en el acta de paz.

Ante estas divergencias, la dirigencia indígena preveía reunirse la tarde del 31 de agosto, para tomar decisiones de acuerdo a lo que digan sus bases sociales. Hasta el cierre de esta edición no hubo una resolución.