Cárceles: El Ejecutivo requiere dinero, votos, fiscales y jueces para su plan

Lo único que especificó el Presidente es que será un proceso de diálogo, con respeto a los derechos humanos y con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales.

Inicia de inmediato un proceso de pacificación de la Penitenciaría del Litoral, que será liderado por destacados y respetables ecuatorianos. Ellos mediarán entre bandas - sin negociar ni ceder nada por parte del Estado - para llegar a acuerdos de convivencia pacífica en los CPL.

— Presidencia ECU (@Presidencia_Ec) November 16, 2021

Según el acuerdo, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General se encargarán de elaborar un proyecto legal de Defensa Ciudadana. Uno de los objetivos es la reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas relacionadas con el SNAI: "aprobaremos las normas para el uso progresivo de la fuerza" y para responsabilizar a "los jefes de las mafias" por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices. Más allá del tiempo que les lleve a las autoridades redactar este proyecto y remitirlo a la Asamblea Nacional, la presencia de la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, en el evento no implica que existan los votos necesarios para su aprobación. Ni Pachakutik ni el gobierno tienen los votos suficientes para hacerlo y requerirán de otras fuerzas políticas para agilizar el trámite del proyecto, tanto en la redacción de informes, como en los debates en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) deberán dar trámite más ágil a los beneficios penitenciarios solicitados por los presos. Pero el problema es que esa función del Estado atraviesa su propia crisis administrativa. A inicios de octubre, Iván Saquicela, presidente de la Corte, reveló que el sistema judicial tiene 5.000 causas penales represadas, para las que existen tan solo 128 jueces penales multicompetentes. Además, según el SNAI, hay 5.000 expedientes de beneficios penitenciarios pendientes de trámite, para los que existen únicamente 11 jueces especializados. Por esto, la CNJ planteó ya en la Asamblea reformas a la ley vigente, para evitar la congestión del sistema judicial y penitenciario. A esto se suma la falta de recursos, ya que desde hace varios años la Corte asegura que su presupuesto no le alcanza ni para los insumos de trabajo más básicos. Mientras tanto, antes del anuncio presidencial, el Consejo de la Judicatura ya presentó un plan integral de fortalecimiento del Servicio Judicial para atender el problema. Para ello se necesitan tres unidades nuevas de Garantías Penitenciarias en Pichincha, Santo Domingo y El Oro y potenciar las ya existentes. En total, entre lo que resta de 2021 y para 2022, la Judicatura necesita USD 4,7 millones para personal, infraestructura física, equipamiento y capacitación.

El trabajo conjunto entre las FF.AA y la Policía Nacional será para precautelar la seguridad ciudadana dentro y fuera del sistema carcelario y de manera indefinida. Esto pese a que el mismo presidente Lasso aceptó, en su último mensaje a la Nación, que las fuerzas del orden han sufrido un deterioro y que se requiere "depurar cada nivel, puesto y rango" para devolverles el liderazgo. Y que la Corte Constitucional limitó el ejercicio de los militares al perímetro externo de las prisiones, incluido el primer filtro de ingreso. Más allá de eso sería una actuación inconstitucional, que acarrearía consecuencias legales e, incluso, la posible destitución de los funcionarios que ordenaron la acción.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) elaborará mesas de diálogo con la ciudadanía y el Estado para acompañar el proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria. No obstante, el Ejecutivo nada ha dicho sobre los procesos de reparación ¿quién estará a cargo y cómo se llevarán a cabo? Según el Cpccs, las mesas de diálogo serán "para aportar en la solución de la crisis carcelaria", "como espacios de participación con el fin de intercambiar saberes y construir de manera colectiva, entre la ciudadanía y los organismos de Estado, alternativas a un conflicto social desde todas sus dimensiones y de manera integral". Esto pese a que el Consejo se encuentra política e institucionalmente debilitado por las críticas a su gestión frente a la designación de autoridades, tanto que desde el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil se han planteado modificar o eliminar de plano la institución. Guillermo Lasso ofreció en campaña eliminar el Cpccs, porque es "un organismo obsecuente y servidor del gobierno de Rafael Correa".

El presidente Lasso emitirá nuevos indultos en el caso de los presos que padezcan de  enfermedades catastróficas. Un paso que solo requiere del análisis de los casos por parte de la Presidencia y que el Mandatario firme los decretos con la decisión.

La Fiscalía General acelerará los procesos investigativos para la seguridad ciudadana, dijo Lasso. Pero, Ecuador tiene un déficit de al menos 573 fiscales. Esta falta de funcionarios judiciales y de recursos económicos complica el trabajo de la Fiscalía y la resolución de los procesos, ya que desde 2014 la institución recibe cada vez menos presupuesto. Según la misma entidad, hasta diciembre pasado el 89,2% de los procesos sigue en indagación previa. En esta etapa los casos se mantienen en reserva y sirve para que los fiscales recaben los indicios que les permiten formular cargos a los sospechosos. Solo en el 10,8% de los casos, la Fiscalía ya consiguió formular cargos y los procesos avanzaron y la mayoría se encuentra en etapa de juicio. El país tiene 4,7 fiscales por cada 100.000 habitantes, casi la mitad de la tasa recomendada para América Latina.