La Contraloría recibe hasta 200.000 declaraciones patrimoniales anuales de los funcionarios públicos. El contralor Mauricio Torres anunció que su proyecto para aplicar inteligencia artificial para el análisis comenzará en junio.
El contralor general, Mauricio Torres, asegura que la Contraloría está saturada de trabajo. Además de lo que se ha venido represando de las anteriores administraciones, esta entidad recibe innumerables denuncias y pedidos de exámenes especiales.
Por ello, Torres, que está por cumplir seis meses en el cargo, tiene un plan: la reorganización del personal para brindar apoyo a las áreas de auditoría. Con ello, espera que los informes salgan y, sobre todo, que no caduquen.
En entrevista con PRIMICIAS, Torres contó las acciones que ha implementado desde su posesión. Este plan incluye un sistema con inteligencia artificial para analizar las miles de declaraciones patrimoniales que presentan los funcionarios públicos.
¿Cómo evacuarán todo el trabajo represado? Hay informes que están pendientes como el de Amazonas Tankers, el del voto telemático...
Estamos priorizando. En el caso de Amazonas Tankers (Ndlr: empresa que mantenía contratos con la estatal Flopec), ya se leyó el informe borrador o está por leerse. En esos exámenes hemos hecho incluso reuniones con directores de varias áreas para apoyar a esa auditoría, porque son exámenes muy sensibles.
Tenemos tres exámenes al CNE que están por salir, uno de ellos al voto telemático. No se les había dado prioridad.
También tenemos exámenes en el área energética; al igual que a las declaraciones patrimoniales de jueces y servidores públicos que están inmersos en los casos de Metástasis y Purga; y de los generales de las Fuerzas Armadas.
Hemos dado prioridad a exservidores del gobierno anterior: el expresidente de la República (Guillermo Lasso), el exvicepresidente, algunos embajadores y ministros. También estamos con exámenes a la Contraloría casa adentro.
¿Hay personal para ese trabajo?
Tenemos 2.980 servidores, y de ellos 600 son auditores. Nosotros auditamos a 3.440 entidades. Entonces tenemos un gran déficit.
¿Qué estamos haciendo? Estamos preparando al personal administrativo con conocimientos en auditoría; ellos están saliendo a campo a hacer exámenes. Y, el personal que nos falta en el área administrativa lo estamos cubriendo con convenios en las universidades que nos mandan los pasantes. Hemos buscado las fórmulas de salir.
En este momento estamos saturados con pedidos de exámenes, pero vamos a llegar también a las denuncias. Toda denuncia que nos llegue es muy bien recibida: uno de los pilares de la administración actual es el modelo de gobierno abierto.
Estamos creando una unidad de Transparencia y de Asuntos Internos, donde vamos a receptar todas las denuncias para que sean procesadas y no tapar nada, casa adentro y casa afuera.
¿Qué otros problemas ha detectado?
Yo recorrí las 23 provincias, sólo me falta Galápagos. En una visita, estábamos haciendo un examen a una carretera y llegué justo cuando se tomaban las muestras: la máquina que sacaba la muestra era del contratista y, después el contratista la entrega al laboratorio para el examen.
Tuve que ofrecer disculpas a todos los auditores de obras públicas en el país porque trabajan sin las herramientas necesarias. Nadie se ha preocupado. Ahí cambiamos, hice convenios con las universidades que tienen laboratorio y ahora nos brindan ese apoyo.
Había conflicto de intereses así. Todo eso estamos cambiando.
Estamos consiguiendo a escala internacional un poco de asesoramiento, incluso buscamos recursos para financiar, si es posible, un laboratorio de la Contraloría.
PRIMICIAS publicó una nota con el contenido de las declaraciones patrimoniales de los asambleístas que generó molestia en algunos legisladores. ¿Es importante mantener las declaraciones públicas?
Las declaraciones juramentadas son públicas pero sí hay un riesgo ahí, porque tal vez existen ciertos servidos públicos que tienen muchos recursos y pueden ser presa fácil de un secuestro o de extorsiones.
Pero parte de la transparencia es publicar cómo llega un funcionario al sector público y cómo sale.
Cualquier servidor público normal llega con deudas y sale con deudas, salimos en negativo muchas veces. Otros, en poco tiempo, aumentan su patrimonio de una manera que es difícil de creer que pueda darse legalmente.
Esas declaraciones juramentadas que PRIMICIAS publicó, están para hacerse un examen en pocos meses.
Las declaraciones se basan en la buena fe del funcionario de incluir la información verídica en la declaración. Pero podrían omitirla, o esconderla a través de testaferros, como se vio en el caso de Pablo Muentes. ¿Cómo sortear eso?
Son, aproximadamente, 700.000 servidores públicos que presentan sus declaraciones patrimoniales. Lo hacen cada dos años o cada año, o cuando ingresan a nuevos puestos. Estamos hablando de 100.000 a 200.000 declaraciones que ingresan por año, entonces es muy complicado.
Tenemos un convenio con un país amigo que nos ayudó con la inteligencia artificial para un nuevo proyecto de control. Ya tenemos las partidas aprobadas, y a partir del 1 de junio arrancamos.
Lo que podremos ver son los contrastes que arroja el sistema. Por ejemplo, necesitamos ver de todos los servidores de tal entidad cuáles son los que tienen un aumento de patrimonio. Entonces ubicamos al servidor público tiene un incremento superior a determinado monto.
Estamos buscando la forma de que, aparte de la declaración juramentada, el sistema nos pueda indicar el sueldo actual, y también posibles conflicto de intereses. Hemos dialogado con el nuevo secretario de Integridad Pública, que ahora también está a cargo de la UAFE.
Hay muchas herramientas para implementar porque hay mucha gente que no va a poner todo lo que tiene en la declaración patrimonial, o utilizan testaferros. Entonces muy difícil.
Pero cuando hay exámenes a las declaraciones patrimoniales, los auditores sí pueden llegar a los domicilios y constatar los montos que ponen como joyas, obras de arte o menaje de casa. Podemos pedir información a los bancos, estados de cuenta, o hasta otras declaraciones juramentadas a esposas o posibles testaferros.
Ahora declarar en cero es imposible.
¿Es posible que la Contraloría trabaje con el SRI, la UAFE y otras instituciones para este tipo de controles?
Por supuesto, es una de las herramientas necesarias. Es más, deberíamos tener un sistema entre las cuatro o cinco entidades, un sistema único de de información para utilizar en estos casos.
La UAFE tiene su sistema con bancos y nosotros, muchas veces, pedimos información a los bancos. Con el SRI, podemos comparar el registro de impuestos, que coincida con lo que declara. Y con los municipios, con los Registros de la Propiedad, para saber los bienes que tienen, y con la Agencia Nacional de Tránsito para ver vehículos.
Estamos siempre cruzando información con ellos. Pero estamos buscando acuerdos.
¿Qué revisiones de declaraciones patrimoniales vendrán más adelante?
Acabamos lo que estamos trabajando y empezamos con más jueces y con más servidores de del gobierno anterior que se pueda presumir que tengan incrementos en el patrimonio. Y ahí ya vamos a utilizar la inteligencia artificial.
¿Por qué del gobierno anterior? Porque es un gobierno que ya terminó y tenemos hasta tres años para investigar.
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