Solo uno de los casos abiertos por la Fiscalía en relación al paro de octubre de 2019 ha avanzado y tiene sentencia.
Han pasado 10 meses desde que las protestas contra la eliminación de los subsidios a los combustibles paralizaron al país por 10 días, en octubre de 2019.
Desde entonces la justicia no ha podido dar con los responsables de los destrozos y la violencia que vivió el país esos días.
Las protestas las empezaron con los transportistas. Cuando ellos lograron acuerdos con el Gobierno, los reclamos los encabezaron los estudiantes, los trabajadores y la oposición política al Gobierno de Lenín Moreno.
Pero fue el movimiento indígena el que le dio potencia a los reclamos con cierres de vías la movilización de miles de personas hasta Quito.
Protestas en el Centro Histórico de Quito, el 4 de octubre del 2019. Reuters
Las protestas superaron la violencia habitual. Los manifestantes se asaltaron dos veces el edificio de la Contraloría General del Estado, en la segunda irrupción lo incendiaron. La protesta había derivado en la destrucción de infraestructura e instalaciones públicas.
La Fiscalía abrió varios casos. Sin embargo, solo uno ha podido avanzar hasta la etapa de juzgamiento.
Los casos
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El correísmo
Paola Pabón y Virgilio Hernández llegan a la audiencia preparatoria de juicio por el caso de rebelión, el 17 de agosto de 2020, API
Dos de los casos relacionados con el paro de octubre de 2019 apuntaron a los líderes del correísmo.
- Rebelión
En el caso por rebelión son procesados la prefecta Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y el dirigente Christian Gonzalez.
El 17 de agosto de 2020 debía instalarse la audiencia preparatoria de juicio. Pero la diligencia fue declarada fallida ya que uno de los abogados de estos dirigentes se ausentó.
Aunque el caso fue declarado reservado y no se conocen detalles, la Fiscalía investiga a los tres políticos por supuestamente incitar acciones para desconocer la Constitución o derrocar al Gobierno. Podrían enfrentar una pena de entre cinco y siete años de cárcel.
- Suspensión de servicios
Este es el único caso en el que hay sentencia. Se trata del proceso por la afectación a las instalaciones petroleras de la Amazonía en los días del paro.
El legislador Yofre Poma, el alcalde Amado Chávez y siete personas más fueron sentenciados por paralización de servicio público.
La sentencia para Poma fue de un año y cuatro meses de prisión, en calidad de cómplice. Pero el juez Iván Saquicela le concedió la suspensión condicional de la pena.
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Los líderes indígenas
Al menos cinco casos se abrieron contra los líderes indígenas (ver gráfico), luego de que las protestas se tornaron violentas.
Jaime Vargas, presidente de la Conaie, figura como procesados en todos los casos. Además aparecen los nombres de otros líderes como Leonidas Iza y Marlon Santi.
Sin embargo, en el sistema del Consejo de la Judicatura no aparece ningún caso penal en curso contra los investigados.
Es decir, que los casos todavía no han sobrepasado la barrera de la indagación previa, que hace que los procesos sean reservados y puede durar hasta dos años. Los dirigentes ya han sido llamados a declarar.
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Incendio de la Contraloría
Vista general del edificio en ruinas de la Contraloría General del Estado, el miércoles 6 de noviembre de 2019. API
Este caso se detuvo por la pandemia. El 2 de marzo de 2020, días antes de que empezará el confinamiento, la Corte de Pichincha declaró nulo parte del proceso y lo regresó a la etapa de instrucción fiscal.
La defensa de los procesados -en su mayoría autoidentificados como indígenas- dijo que por su origen étnico debieron practicarles un peritaje antropológico. Esta es una diligencia en la que la se realiza entrevistas a los procesados para entender las expresiones culturales de cada etnia y entender cómo estas influyen en el posible cometimiento de un delito.
José Valenzuela, abogado de algunos de los procesados, dijo que las entrevistas para este peritaje ya se hicieron, pero que no conocen si el informe ya se presentó a la Fiscalía.
Durante la pandemia -relató- solo fueron convocados a una audiencia que fue solicitada por la Contraloría para apelar la declaración de nulidad. Ese recurso fue negado y desde ahí el caso ha estado detenido.
Aunque, al inicio, la Fiscalía acusó a los procesados de terrorismo. Posteriormente, los cargos se reformularon a sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros, en concurso real de infracciones.
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