Dirigentes indígenas vuelven a cuestionar a Romo ante Fiscalización

Política

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

30 Oct 2020 - 17:03

Protestas en contra de las medidas económicas del Gobierno. Foto tomada durante la jornada del domingo del 13 de octubre de 2019. - Foto: Reuters

Dirigentes indígenas vuelven a cuestionar a Romo ante Fiscalización

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

30 Oct 2020 - 17:04

Familiares de muertos y heridos durante el paro nacional presentaron sus testimonios en medio del proceso de juicio político en contra de la Ministra de Gobierno. Leonidas Iza y Jaime Vargas, dirigentes de la Conaie, presentaron videos del uso de armas en las manifestaciones.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea recibió, este viernes 30 de octubre de 2020, las comparecencias de la dirigencia indígena y de familiares de personas muertas y heridas durante el paro nacional de octubre de 2019. Estas son parte de las pruebas de cargo presentadas por la asambleísta Amapola Naranjo (RC), en el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

El presidente de la Conaie, Jaime Vargas, y el presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, Leonidas Iza, señalaron a Romo como la responsable de la “represión policial”.

Ambos aseguraron que antes del 13 de octubre, día que se instaló el diálogo con el presidente Lenín Moreno, no hubo un acercamiento a la dirigencia indígena. Pero, tampoco hubo más diálogo a partir de enero de 2020.

Iza aseguró que la Policía atacó a los manifestantes a cortas distancias. Esto, dijo, habría causado graves heridas aún con el armamento disuasivo, que las autoridades señalan que se usó. Recordó la muerte de Inocencio Tucumbi, el 9 de octubre de 2019, durante un enfrentamiento con los uniformados.

Iza presentó varios videos en los que dijo se puede ver a miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas disparando. Estos constarán como pruebas de cargo en contra de Romo.

Vargas aseguró que hubo un excesivo uso de la fuerza por parte de los uniformados. Y añadió que la responsabilidad por eso recae sobre la ministra Romo. Habló de una “estrategia represiva”, que fue aumentando con el paso de los días.

Familiares piden investigaciones a la Policía

Fiscalización escuchó también los testimonios de los familiares de personas que fallecieron y resultaron heridas durante el paro nacional.

La primera fue Himelda Rivera, madre de Marco Oto, un joven con discapacidad que falleció al, supuestamente, caer desde el puente de San Roque, según la versión de las autoridades. Ella señaló que la información que ha recabado en sus propias investigaciones arrojan que su hijo habría sido empujado por los policías. Y que luego, cuando Marco estuvo en el piso, los uniformados no lo ayudaron y huyeron del lugar en moto.

Patricia Mosquera, hermana de Édison Mosquera, aseguró que su hermano recibió un disparo de perdigón en el tallo cerebral que le causó la muerte. Dijo que, cuando presentó la denuncia, las autoridades trataron de modificar dónde fue el incidente, y que escribieron que la herida fue resultado de un asalto.

Soraya Olovacha es hermana de Juan, quien resultó cuadraplégico después de que le extrajeran siete perdigones de su cerebro. También señaló que el disparo vino de un policía a pocos metros de distancia.

Mientras que Gustavo Tucumbi, hijo de Inocencio, líder indígena fallecido en el sector de El Arbolito, cuestionó la versión de las autoridades de que su padre murió de una caída. Tucumbi señaló que la radiografía del cráneo de su padre mostraba una fractura que no pudo ser causada por una caída, sino por un disparo a corta distancia.

Además señaló que tenía fracturas en la mano, por lo que presume que caballos o motos le pasaron por encima.

Todos los familiares hablaron de excesos policiales y agresiones, y pidieron investigaciones para dar con los responsables.

Romo dará su respuesta este sábado

La Comisión de Fiscalización confirmó que Romo está convocada para este sábado 31 de octubre de 2020 a las 08:00, para rendir su comparecencia de descargo.

La ministra enfrenta acusaciones de incumplimiento de funciones por sus actuaciones en el marco del paro nacional de octubre de 2019, por tres causales:

  • El uso de bombas lacrimógenas caducadas para la dispersión de las protestas.
  • El ataque con gases lacrimógenos en la zona de las universidades, que servían de refugio para los indígenas.
  • La demora en la instalación del Comité de Protección de Periodistas.

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