Viernes, 29 de marzo de 2024

Duarte sí podría tener una salida de la Embajada de Argentina

Autor:

Redacción Primicias

Actualizada:

25 Sep 2020 - 11:47

María de los Ángeles Duarte

Autor: Redacción Primicias

Actualizada:

25 Sep 2020 - 11:47

La exministra de Transporte y también de Vivienda en el gobierno de Rafael Correa, ingresa a la Fiscalía para ampliar su versión en el caso Sobornos 2012 - 2016, en agosto de 2020. - Foto: Captura de video.

Aunque la ministra María Paula Romo insistió en que Ecuador negará cualquier salvoconducto a la exministra María de los Ángeles Duarte, el procurador general, Íñigo Salvador, explicó que esto dependerá de la forma en que se lo pida.

Con las órdenes de ejecución de la sentencia del caso Sobornos 2012-2016, la justicia busca a los culpables de cohecho. Una de ellos es la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, que se encuentra en la Embajada de Argentina en Quito.

Duarte ingresó a la sede diplomática el 12 de agosto de 2020 bajo la figura de “huésped por razones humanitarias”. Ya que el mismo Gobierno argentino no ha catalogado su estatus como asilo diplomático aún.

Es por esto que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, afirmó que el Estado ecuatoriano no otorgará un salvoconducto para que la exfuncionaria abandone el país hacia Buenos Aires.

"De ninguna manera el Estado ecuatoriano piensa autorizar su salida de la Embajada", dijo Romo en una entrevista. Según la Ministra, esta figura de asilo no puede ser utilizada por una persona que tiene sentencia ejecutoriada.

Sin embargo, el procurador general, Íñigo Salvador habló con PRIMICIAS, el 8 de septiembre y explicó que sí existe una posible salida para Duarte.

La Convención de Caracas de 1954 sobre asilo, explica Salvador, obliga a Ecuador a otorgar un salvoconducto solamente si el gobierno argentino califica el delito como "político".

Pero si Argentina acepta que el delito por el que fue sentenciada es común, Duarte no podría salir de la Embajada sin ser detenida.

Es decir, al igual que con los casos de los sentenciados que están fuera del país, queda en manos del Estado ecuatoriano defender la validez de la sentencia de última instancia ante la comunidad internacional.