El procurador Íñigo Salvador acepta que tomará años, muchos recursos y voluntad política conseguir parte del monto a pagar por los 20 sentenciados, entre ellos Rafael Correa.
Todos esperaban a que la sentencia fuera notificada a las partes, para tener los detalles completos. Ese trámite se completó a las 10:53, del martes 8 de septiembre. El caso Sobornos 2012-2016 pasó a la historia por ser la primera vez que se condena a un expresidente de la República a prisión.
El siguiente capítulo de esa historia se escribirá en los próximos meses y años, con la ejecución de la sentencia que condenó a ocho años de prisión a Rafael Correa y Jorge Glas, junto con otros exfuncionarios de su gobierno y varios contratistas del Estado.
Uno de los principales actores en esa etapa será la Procuraduría General del Estado. Su titular, Íñigo Salvador, contó a PRIMICIAS lo que sucederá una vez que se ejecute la sentencia y el papel que jugará la entidad para lograr la reparación económica al Estado.
Los exfuncionarios sentenciados
El Procurador General explica que, una vez que el caso vuelva a los jueces de primera instancia, lo primero para ejecutar las penas será emitir las órdenes judiciales de privación de libertad.
Con esto hay tres escenarios a considerar:
- Los sentenciados que ya están privados de la libertad.
- Los que ya no están en el país o no se sepa su ubicación.
- Y los que estén en sedes diplomáticas, pero dentro de territorio nacional.
En el primer grupo están el exsecretario jurídico, Alexis Mera, y el exvicepresidente Jorge Glas. El primero será trasladado de su arresto domiciliario a un centro de rehabilitación social para que cumpla su pena y el segundo, que ya cumple una pena de seis años por asociación ilícita, deberá completar esta nueva condena.
En los otros dos escenarios jugarán papeles clave los ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobierno porque se requerirán trámites de extradición y órdenes de captura de la Interpol.
Para el caso los demás sentenciados, las autoridades deberán determinar primero su ubicación actual: varios están en condición de prófugos de la justicia.
Pero, en el grupo de quienes gocen de la protección de un Estado extranjero, Salvador dice que la posibilidad de extraditarlos radica en la voluntad de esos estados de entregarlos. Ahora con la sentencia ratificada, la Cancillería deberá hacer su parte para conseguirlo.
Un caso particular es el del exmandatario, Correa no es un asilado político en Bélgica, su esposa es ciudadana belga. El Estado ecuatoriano ya intentó traerlo de vuelta al país por el caso ‘Balda’, pero la Interpol se negó a emitir la orden de captura.
El procurador recuerda que el tratado de extradición con Bélgica es demasiado antiguo, por lo que no sirve para el propósito. Aunque cree que ahora, con la sentencia de última instancia, la Interpol no debería negarse a emitir la alerta.
Y el último escenario, de lo que se conoce públicamente, implica a la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, que sería la única sentenciada que está dentro de una embajada en Ecuador.
Sin embargo, Salvador cuenta que, si Argentina decide que Duarte es acusada de un delito político, Ecuador estaría en la obligación de darle un salvoconducto para que abandone el país. La Cancillería jugará un papel determinante aquí también.
¿Cómo reparar al Estado ecuatoriano?
Lo que le compete directamente a la Procuraduría General es la recuperación de los recursos y la reparación integral al Estado. Salvador explica que la sentencia es específica en el monto que debe pagar cada uno de los sentenciados:
- Autores por instigación, coautores y autores directos: USD 778.224,07, cada uno.
- Cómplices: USD 368.632, cada uno.
Este proceso será la prioridad número uno de la unidad de recuperación de activos de la entidad, dice Salvador. Lo primero será ubicar los bienes, en el país y en el extranjero, que alcancen para cubrir los montos sentenciados, y embargarlos con orden judicial, para luego rematarlos.
Sin embargo, Salvador reconoce que es probable que no todos los procesados tengan bienes y cuentas bancarias en el país. Por lo que si no se pagan los montos definidos o las autoridades no embargan los bienes suficientes, dichas personas serán declaradas insolventes y perderán sus derechos hasta que salden su deuda.
El procurador aclara que, incluso, si los bienes fueron pasados a otras personas para evitar los embargos, estos pueden ser recuperados por la justicia.
“Un bien que al momento de la comisión del delito estaba a nombre de Rafael Correa y que al momento de la ejecución de la sentencia aparece a nombre de un tercero” puede ser recuperado por el Estado por vía judicial, afirma Salvador.
El abogado del Estado considera que “siempre se puede recuperar algo”, aunque tome muchos años y les toque continuar el trabajo a su sucesor o sucesores. Es por eso que las autoridades ahora deberán enfocarse en rastrear los bienes que pudieron haber sido puestos a nombre de compañías, a nombres de terceros, con mecanismos de protección, o paraísos fiscales, incluso.
Los detalles por definir
En medio de las penas de prisión y los pagos económicos, no se han definido aún los demás detalles. Por ejemplo, cómo se darán los cursos de ética laica a los sentenciados, que deberán pagarlos ellos mismos.
La Procuraduría también deberá definir cómo y cuándo se colocará la placa en Carondelet, y cuál será su contenido. Y la difusión del pedido de disculpas públicas. Irán haciendo camino al andar, según Salvador, ya que esta sentencia es la primera en su tipo.
La sentencia como punto de partida
La sentencia y su ejecución son solo una parte. También “hay que lograr que la sentencia no se quede en la mera declaratoria de culpabilidad de estas personas”, dice Salvador.
El objetivo es sentar bases sólidas en la lucha anticorrupción, en la que deberá participar todo el Estado y sus funciones, el Gobierno actual y el próximo, y que aún requiere de reformas legales que el Legislativo no ha sabido tramitar. Es decir, el procurador admite que se requiere de voluntad política.
Finalmente, ante las amenazas de los sentenciados por cohecho de acudir a instancias internacionales y sus denuncias de que se trata de persecución política, el Procurador defiende lo actuado por el Estado y afirma que el caso sí se sostendrá ante una posible demanda en un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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