Ecuador tiene una deuda con los defensores de la naturaleza

El asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de la Conaie que luchaba contra la expansión petrolera en Sucumbíos, se suma a la lista de crímenes contra los defensores de la naturaleza en Ecuador.

Aunque el crimen sucedió apenas el 26 de febrero y las autoridades se han comprometido a buscar justicia, ese no suele suceder en este tipo de delitos. Basta con recordar los casos de:

• Bosco Wisuma (2009)
• Freddy Taish (2013)
• José Tendetza (2014)
• Andrés Durazno (2021)
• Nange Yeti (2021)

En ningún caso se han establecido responsabilidades definitivas. Sin embargo, esta vez hay tres factores clave que podrían influir en que el desenlace sea distinto.

• Primero, es el primer asesinato de un miembro de la cúpula de la Conaie, que además encabezaba la resistencia al trabajo de Petroecuador, en Lago Agrio.

• Segundo, las acusaciones no recaen sobre las fuerzas del orden, pese a que los familiares y dirigentes indígenas señalan una responsabilidad política del Estado y el Gobierno.

• Tercero, aunque el presidente Guillermo Lasso tenga un discurso negativo contra la Conaie, ha hecho varias concesiones en materia de explotación petrolera y minera y quiere evitar un nuevo paro nacional.

Por eso, el Gobierno expresó su respaldo a la investigación desde un inicio.

La responsabilidad estatal

Si el caso de Eduardo Mendúa no se esclarece o la resolución no satisface a sus familiares y compañeros de organización, el caso puede llevar al Ecuador delante de los tribunales internacionales.

Así lo hicieron las organizaciones de derechos humanos con el caso Tendetza. En 2017, presentaron una denuncia contra el Estado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque esos procesos toman muchos años en llegar a la Corte Interamericana y obtener una sentencia, finalmente el Estado podría ser sentenciado a pagar una reparación por los daños causados.

Y el caso de Mendúa ya ha ganado relevancia fuera del país. Darío Mejía, presidente del Foro Permanente de la ONU para cuestiones indígenas, advirtió que el crimen "es altamente preocupante" y que "las autoridades deben actuar con celeridad y castigar a los responsables".

Mientras que Francisco Calí Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, solicitó "la pronta acción de las entidades de Justicia para que el caso no quede impune".

Aunque la misma dirigencia indígena acepta que el Gobierno no es autor del asesinato, sí lo señalan como responsable, por dividir a las comunidades con recursos económicos para poder mantener la explotación petrolera.

Y afirman que esta división es la que ha provocado los enfrentamientos entre comuneros, motivos por los cuales Eduardo Mendúa y su hermano Lino habrían sido asesinados, en menos de nueve meses. Todo sin que el Estado haya intervenido para evitarlo.

Además, Ecuador es parte del Acuerdo de Escazú, sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El documento establece que el país debe garantizar "un entorno propicio para el trabajo" de los defensores de la naturaleza, "proporcionándoles reconocimiento y protección".

Así como que el Estado debe tomar "medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones". Por ello, las organizaciones de derechos humanos enfatizan la evidente deuda estatal en la materia.

Por ejemplo, la Alianza por los Derechos Humanos explica que el Estado “debe establecer mecanismos claros y culturalmente apropiados de reparación y no repetición en casos de asesinato, amenazas e intimidación, que afectan a las y los defensores y sus familias”.

Un problema regional

De los 1.733 defensores de la naturaleza que fueron asesinados entre 2012 y 2021, el 68% fueron en Latinoamérica. Tres de los países más letales para estos activistas son: Brasil, Colombia y México.

Y, aunque Ecuador está aún lejos de ese escenario, el Estado ha sido incapaz de resolver los crímenes relacionados con el tema.

Según un reporte de junio de 2021, la Alianza por los Derechos Humanos documentó 22 casos que "evidencian procesos sistemáticos de vulneración de derechos de, al menos, 449 personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza en estos últimos 10 años".

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