El último capítulo del conflicto petrolero en la Amazonia incluye dos asesinatos, en menos de nueve meses, y más de USD 5 millones ofrecidos por compensaciones, por la explotación en la zona.
La división entre los miembros de la comunidad Cofán - Dureno, ubicada a 30 minutos de Lago Agrio, en Sucumbíos, es evidente. Un conflicto petrolero separa a las familias en dos bandos desde hace una década: quienes están a favor de la explotación y quienes no.
El último capítulo incluye dos asesinatos, en menos de nueve meses, y más de USD 5 millones que se han ofrecido en compensaciones, por la explotación en la zona.
Las víctimas de los crímenes son dos miembros de la familia Mendúa Vargas, parte de la comunidad que está en contra de la actividad petrolera. Sin embargo, solo el segundo asesinato, el de Eduardo, dirigente nacional de la Conaie, sacudió al Gobierno Nacional.
El primero fue el de su hermano mayor, Lino, quien fue apuñalado, el 17 de mayo de 2022.
Ahora, los demás integrantes de la familia temen por su seguridad, pero ratifican su intención de mantener la lucha para que "Petroecuador ya no intervenga más en nuestro territorio, porque eso es lo que ha traído, muertes".
La dirigencia de la Conaie habla de una responsabilidad política de Petroecuador y del Gobierno, por no haber tomado medidas ante las denuncias y la evidente escalada del conflicto petrolero en la zona, donde incluso hubo un enfrentamiento entre ambos bandos.
Acusaciones y advertencias
Eduardo Mendúa también denunciaba de la responsabilidad del Estado, pero antes de morir acusó directamente de los crímenes al presidente de la comunidad, Silverio Criollo, quien forma parte del bando que está de acuerdo con la explotación.
Según la Gobernación de Sucumbíos, el 9 de febrero de 2023, el conflicto entre las familias estaba cerca de solucionarse, después de un proceso de mediación ejecutado por la entidad, con el objetivo de mantener el proyecto con Petroecuador, que "beneficiará a la comunidad".
Nueve días después, el propio Eduardo Mendúa rechazaba la intención de que Petroecuador permanezca en el territorio de la comunidad y celebraba los 244 días de resistencia que llevaban en ese entonces.
El 23 de febrero, menos de cuatro horas antes de su asesinato, Eduardo Mendúa volvía a destacar los ocho meses de resistencia de la comunidad Cofán - Dureno y advertía que iba a convocar a las diferentes nacionalidades y pueblos a movilizarse en su respaldo.
Además, otros dirigentes locales y él mismo habían pedido que las autoridades investiguen qué pasó con los USD 300.000 que Petroecuador entregó al presidente de la comunidad, ya que, según sus versiones, no toda la comunidad recibió esos fondos.
Desde abril de 2022, el conflicto petrolero empezó a escalar nuevamente. La parte de la comunidad que está en contra de la explotación cerró el paso al personal de Petroecuador y exigió el retiro de su maquinaria, el 5 de julio.
Según este bando, no toda la comunidad ha sido consultada sobre la actividad petrolera. Además, acusan a la estatal petrolera de llevar a cabo operaciones en territorios ancestrales.
Y este fue, precisamente, uno de los puntos que consiguieron las organizaciones indígenas después del paro nacional de 18 días, en junio de 2022. El presidente Guillermo Lasso firmó el Decreto Ejecutivo No. 95, con el que renunció a solicitar actividades extractivistas en dichos territorios.
Pero esto no ayudó a bajar la conflictividad. Los miembros de la Confeniae, filial amazónica de la Conaie, han denunciado constantemente enfrentamientos entre los comuneros de ambos bandos y el personal de Petroecuador, ante la presencia de policías y militares.
Durante el velatorio de Eduardo Mendúa, el presidente de la Confeniae, Marlon Vargas, recordó que la comunidad A'I Cofán vivió en paz y unidad hasta que llegó Petroecuador. Y por eso responsabilizó a la empresa pública de los efectos de la explotación.
¿Quién dividió a la comuna? Petroecuador.
Marlon Vargas, presidente Confeniae
"Petroecuador divide con plata y eso no podemos esconder. Quiero que el Gobierno, la Gobernación y las autoridades nacionales entiendan que están matándonos, amenazándonos", dijo Vargas.
Y Leonidas Iza, presidente de la Conaie, recordó que la mediación llevada a cabo por la Gobernación de Sucumbíos fracasó. Y rechazó que el Gobierno se quiera "lavar las manos" calificando el conflicto de un "problema entre comuneros".
Para Iza también está claro que "para que haya habido enfrentamiento y división en la comunidad es que Petroecuador y el Gobierno Nacional lo ha instalado como una política de Estado".
La versión de Petroecuador
El campo petrolero que está en el centro de la disputa es Parahuacu, que es parte del bloque 56, también llamado Lago Agrio. Petroecuador adjudicó esta área a la empresa Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC), filial de la gigante petrolera china CNPC.
El campo fue licitado como parte de la Ronda de Campos Menores en 2018, bajo un contrato para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento.
El plan de desarrollo del área preveía la perforación de 25 pozos en el período 2018-2020. La producción esperada era de 10.000 barriles diarios, explica el exgerente de Producción de Petroecuador, Bladimir Cerón. Pero, los planes no se cumplieron.
Manuel Muñoz, exjefe corporativo de Responsabilidad Social y Relaciones Comunitarias de Petroecuador, explica que, cuando llegó al cargo, Parahuacu estaba por empezar la fase de explotación. El proyecto contaba ya con licencia ambiental, consulta previa y un convenio firmado con la comunidad Cofán - Dureno.
Según Muñoz, el convenio fue firmado entre Petroecuador y la dirigencia de la comunidad, que fue elegida por unas 440 personas, en un proceso democrático. La comunidad está compuesta por unas 600 personas.
El convenio establecía la transferencia de USD 300.000 por parte de Petroecuador como indemnización para la comunidad. Ese dinero debía ser repartidos de forma equitativa en toda la comunidad.
"Petroecuador firmó el convenio con el presidente formal de la comunidad", explica Muñoz.
La empresa, desde el punto de vista legal, "solo podía tomar contacto con esa dirigencia para hacer cualquier clase de coordinación o negociación, aunque sin dejar de mirar las opiniones de la minoría", añade Muñoz.
Precisamente, unas 160 personas de la comunidad Cofán - Dureno, entre las que estaba Eduardo Mendúa, manifestaron su desacuerdo con el convenio con Petroecuador.
Según Muñoz, el grupo minoritario en contra del convenio de Petroecuador nunca se manifestó en contra de la operación petrolera.
El desacuerdo era sobre monto de la compensación. Y, sostiene, que exigían que Petroecuador entregue USD 300.000 adicionales para el grupo que estaba en contra, pues -según ellos- no se habrían visto beneficiados por el primer desembolso.
La conflictividad se agudizó y el tema incluso formó parte del paro, en junio de 2022.
Pese a los acercamientos que hubo con el grupo de comuneros que están opuestos al convenio con Petroecuador no se lograron acuerdos.
En ese contexto, el año pasado, Petroecuador tuvo que declarar la fuerza mayor en Parahuacu por pedido de la empresa china y así evitar multas por el incumplimiento del plan de desarrollo.
Ese plan preveía compensaciones adicionales, a medida que avanzara el proyecto, por más de USD 5 millones adicionales en beneficios sociales. Pero la comunidad no ha podido beneficiarse de esos recursos por el "desacuerdo interno", dice Muñoz.
Cerón cree que hace falta acompañamiento del Ministerio del Ambiente para dar un seguimiento muy cercano a los diálogos con las comunidades, y evitar así escenarios de conflicto.
"En Colombia existe una superintendencia con funcionarios especializados en el manejo de conflictos socioambientales. En Ecuador esto no existe", añade.
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