La Asamblea aprobó las reformas al Código de la Democracia que incluyen cambios que afectarán los comicios presidenciales y legislativos. La forma de votación será diferente y con el método Webster de asignación de escaños es posible que haya mayor presencia de minorías en el próximo Legislativo.
La Asamblea aprobó, finalmente, las reformas al Código de la Democracia, este 3 de diciembre de 2019. Lo hizo con los tiempos justos para que estas estén vigentes en las elecciones de 2021, pues no se pueden hacer cambios en las reglas electorales un año antes de los comicios.
El trámite de las reformas tardó más de dos años en la Asamblea y, de último minuto, se incluyeron cambios importantes que darán forma a las elecciones de 2021.
El cambio en el método de asignación de escaños, por ejemplo, de D’Hondt a Webster debería repercutir en un Legislativo con mayor presencia de las minorías en 2021, mientras que las reformas relacionadas con la participación de las mujeres deberían promover la participación femenina.
Las nuevas reglas electorales también influirán en el mismo Consejo Nacional Electoral (CNE). Un nuevo sistema de control informático a los gastos de campaña es parte de las nuevas “inversiones” que se prevén para el próximo año, según dijo la presidenta del organismo, Diana Atamaint.
La forma de votación: listas cerradas
Actualmente, cuando un ciudadano se acerca a votar por asambleístas, concejales, parlamentarios andinos o miembros de las juntas parroquiales puede escoger a personas de diferentes listas o partidos. Pero, esto no se podrá hacer más, pues desde 2021 -si el presidente de la República da paso a las reformas- habrá listas cerradas y bloqueadas. Es decir, solo se podrá votar por un partido, como que fuera una “plancha”.
Control del gasto electoral
Las reformas al Código de la Democracia cambian el sistema de control del gasto electoral y la fiscalización de las cuentas que los partidos presentan sobre las campañas electorales.
La nueva ley establecerá límites más estrictos para los gastos en los tiempos de promoción de candidaturas. Por ejemplo, reduce el tope máximo del gasto electoral que las organizaciones políticas pueden hacer en publicidad.
También, establece la obligatoriedad de crear una cuenta bancaria para el registro de todos los ingresos monetarios relacionados con la campaña, que no gozará de sigilo bancario.
Además, los egresos mayores a USD 100 se deben hacer mediante cheques, respaldados con facturas o notas de venta. Y se prohíbe la contratación a través de terceras personas.
Entre los cambios se incluye, además, que el fondo partidario permanente no se pueda usar en más del 30% para el funcionamiento institucional de las organizaciones políticas.
Paridad de género en la política
Entre los cambios que tendrán efectos más visibles están los que tienden a la paridad de género. Al menos, la mitad de listas que los partidos inscriban para cargos como asambleístas, concejales, parlamentarios andinos, miembros de juntas parroquiales, o para las alcaldías tendrán que ser mujeres.
Para los casos de binomios (a la presidencia o a la prefectura), estos deberán estar integrados por un hombre y una mujer, desde las elecciones de 2025. Esto ya se hace en muchos casos, pero sin que esté normado.
El método de asignación de escaños
La reforma cambia el método de asignación de escaños del conocido como D’Hondt al Webster. Con esto, se garantiza que los partidos pequeños o minoritarios obtengan escaños en la Asamblea con mayor facilidad.
El método de asignación de escaños es una fórmula matemática que convierte los votos en el número de legisladores que cada organización política consigue en el Legislativo. El actual, D’Hondt, es más beneficioso para los partidos grandes, pues deja menos espacio a las minorías.
Justamente el método D’Hondt es el que permitió que Alianza PAIS consiguiera 100 escaños (mayoría calificada) en la Asamblea en 2013.
Si en las elecciones de 2017 se hubiera utilizado el método Webster, la Asamblea habría tenido mayor presencia de los partidos pequeños como Fuerza.EC o los que pertenecían al Acuerdo Nacional por el Cambio (ID y Pachakutik).
Debates obligatorios para los candidatos a la presidencia
Desde las elecciones 2021, los candidatos a la presidencia tendrán que participar en debates públicos en los que den a conocer sus propuestas, organizado por el CNE, en primera y segunda vuelta, de ser el caso.
Este siempre se deberá desarrollar tres semanas antes del día señalado para las elecciones y se deben transmitir en cadena.
Los candidatos a alcaldes y prefectos también tienen la obligación de participar en estos debates cuando las jurisdicciones para las que esperan ser electos tengan más de 100.000 electores.
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