Ecuador busca estabilizarse en medio de una región convulsa

El paro nacional en Colombia como respuesta a la crisis económica y social logró frenar las medidas tributarias planteadas por el gobierno de Iván Duque, en un país donde la violencia sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos. Además, la respuesta estatal a las manifestaciones, con cientos de heridos, detenidos y decenas de muertos, pusieron a Colombia en el radar de las organizaciones que defienden los derechos humanos. El paro nacional llega a un año de las elecciones presidenciales y ha alcanzado niveles que no se habían visto en el país. Por ejemplo, la producción, el abastecimiento y el transporte están paralizados en rincones inesperados y el café colombiano podría perder terreno en el mercado internacional. El Gobierno no sabe cuándo presentará su reforma fiscal, en medio de un Congreso en contra y de la ola de protestas sociales, para evitar una nueva degradación de sus calificaciones crediticias, que ha encendido las alarmas de los inversores. Después de que S&P Global Ratings retirara el grado de inversión, tras una evaluación del riesgo país, los bancos de Wall Street esperan también que Fitch rebaje la calificación crediticia de Colombia a categoría "basura" antes de que termine el año.

Con una grave conmoción política durante tres meses y seis días de masivas protestas sociales, solo en noviembre de 2020, Perú pasó por el mando de tres presidentes de la República. El último, Francisco Sagasti, condujo al país a través de las elecciones y entregará el poder al nuevo mandatario el 28 de julio. Además, los últimos seis Jefes de Estado se han visto envueltos en escándalos de corrupción. Por lo que el país llegó a las presidenciales en medio de un clima de hartazgo y una crisis de representación política. Pedro Castillo y Keiko Fujimori, quienes pelean por llegar a la Casa de Pizarro, son dos polos opuestos en ideología política, pero comparten rasgos autoritarios y una agenda social conservadora. Pero ninguno tiene un respaldo ciudadano mayoritario ni propuestas claras para enfrentar la crisis que enfrenta el país. Por lo que el nuevo presidente tampoco tendrá un escenario de gobernabilidad sencillo.

Las manifestaciones de octubre de 2019 en Chile, que dieron paso a la convocatoria a una Asamblea Constituyente, ya electa, se pusieron en pausa con la llegada de la pandemia de covid-19. Por lo que la tensión social y la imagen del presidente Sebastián Piñera crecieron, especialmente cuando decidió postergar las votaciones de abril a mayo. Además, la fragmentación social y política que se ratificó en la elección de los constituyentes, se contagia también rumbo a las presidenciales de noviembre. Por el momento el país cuenta con más de una decena de precandidatos. La crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo se refleja al igual que en la mayoría de países de la región. Por lo que Piñera seguirá cuesta arriba sus últimos meses en el cargo. Además, el escenario es imprevisible en todos los niveles, ya que, por más que haya un cambio de gobierno, sin importar la tendencia del vencedor, la nueva Constitución será aprobada en 2022. Por lo que la administración deberá alinearse con el texto y el diseño de país que se apruebe en las urnas.

La popularidad con la que llegó Jair Bolsonaro al poder en 2019 le duró poco. La pandemia destapó la debilidad y ausencia de planificación en su administración, que terminó hasta por perder a sus principales aliados: los militares. Durante los dos primeros años de su mandato Bolsonaro 'militarizó' el Ejecutivo, con nueve de 21 ministros militares, e incluso puso a los uniformados a cargo de empresas públicas, como Petrobras. Tras el rompimiento entre el Mandatario y la cúpula militar, que fue reemplazada, la prensa local calificó los sucesos como la mayor crisis militar desde 1977. Bolsonaro ha sido duramente criticado por su manejo de la pandemia, que dejó a los gobiernos locales a la deriva en la búsqueda de soluciones, y los desafió constantemente por las medidas de restricción. La tensión política llevó a la jefatura de la cámara de Diputados a sugerir la posibilidad de un impeachment contra Bolsonaro, por su negacionismo de la pandemia y sus consecuencias. La ciudadanía también reaccionó con varias manifestaciones multitudinarias. No solo por la ausencia de un manejo de la pandemia, sino por distintas denuncias de violaciones a derechos humanos. La convocatoria de finales de mayo dio paso que los manifestantes se tomen las calles de unas 180 ciudades en 24 estados de Brasil y en el Distrito Federal de Brasilia.

La ONU advirtió que en el país centroamericano se siguen cometiendo violaciones a las libertades civiles, incluyendo arrestos y detenciones arbitrarios de personas percibidas como opositoras al Gobierno. Esto a meses de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, en las que el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde 2003, ha sido cuestionado por unas supuestas intenciones de no abandonar el poder. Esto porque el Consejo Supremo Electoral canceló la personería jurídica del Partido Restauración Democrática (PRD), de la oposición. A la vez que el gobierno anunció una investigación por presunto blanqueo de dinero en contra de Cristiana Chamorro, puntera en las encuestas para enfrentar a Ortega, lo que fue calificado como "una persecución" por opositores al Gobierno. Hasta ayer, otros dos precandidatos de la oposición también habían sido detenidos. Arturo Cruz, que fue embajador ante Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009. Fue señalado por la Fiscalía por "contar fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo". Y ayer,  las autoridades nicaragüenses detuvieron al político opositor y aspirante a la Presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, bajo la acusación de "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos".