El Ejecutivo también se mueve al ritmo de las teorías de la conspiración

En octubre de 2018, el presidente Lenín Moreno dijo en cadena nacional que había una conspiración en marcha. Esa fue la justificación para explicar diferentes incidentes, siendo el principal la fuga de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación y procesado por peculado. Según el Mandatario esa fue una estrategia armada para desestabilizar a su Gobierno. Después de 17 meses en el poder, Moreno advertía del descubrimiento de un esquema de “correístas infiltrados” en los mandos medios de las instituciones públicas. Un año después, en octubre de 2019 sucedió el paro nacional, encabezado por el movimiento indígena. En esa ocasión, Moreno y sus funcionarios acusaron también al correísmo y sus seguidores de promover un plan de desestabilización, financiado con dinero venezolano. La tesis de una injerencia internacional fue llevada incluso a la OEA. En ningún caso ha habido algún sentenciado por sedición.

En los 10 años de administración de Rafael Correa hubo, al menos, tres menciones de presuntas conspiraciones en su contra. La primera fue a inicios de 2010 y recayó en contra del expresidente Lucio Gutiérrez y de Estados Unidos. "Hay una conspiración para desestabilizar al gobierno, en la que están involucrados ciertos elementos de las fuerzas armadas vinculados a los Gutiérrez", dijo Correa y advirtió que "están incluso recibiendo ayuda, ni siquiera del Gobierno de Estados Unidos, sino de organizaciones de extrema derecha". En septiembre de ese mismo año fue la revuelta policial '30S'. El gobierno lo calificó como un intento de golpe de Estado y el Mandatario dijo que no habría "ni perdón, ni olvido para los conspiradores". Acusó a "los de siempre" y algunos "uniformados que recibían aportes de potencias extranjeras". Y en junio de 2015 Correa recurrió de nuevo a la misma carta, cuando enfrentó masivas protestas en contra de los proyectos de ley de herencias y plusvalía. “Ya aparecieron los de siempre. Eso es bueno, para que todos sepan a qué nos enfrentamos. Las dinastías y los politiqueros del pasado”, advirtió.

En marzo de 2003, el presidente Lucio Gutiérrez, denunció una conspiración interna contra su gobierno por la supuesta lucha emprendida contra la corrupción y señaló como responsables a los banqueros corruptos que escaparon a Estados Unidos. "Como saben que estoy decidido a extraditar a los banqueros y a hacerles devolver la plata que se llevaron, estos grupos tratan de hacer daño a mi gobierno y a crearme mala imagen", señaló. Dos años después, tras perder el poder, el expresidente presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta sedición y conspiración en contra del entonces presidente Alfredo Palacio, aduciendo que fue destituido por un golpe de Estado. "Las pruebas son tan evidentes que dejan al descubierto a Alfredo Palacio como cabeza visible del proceso conspirativo que terminó con el derrocamiento inconstitucional", argumentó su defensa. La acusación no prosperó.

Apenas llegó al poder, el presidente Abdalá Bucaram denunció una conspiración en su contra, con el denominado 'plan zorro'. Seis meses después, perdía el cargo a manos del Congreso.

En febrero de 1997, el ya expresidente estaba en Argentina. Ahí dijo que regresaría de urgencia a Panamá, porque había "encontrado una bomba en nuestras manos: una prueba plena de la conspiración que me trajo mi hermana de Ecuador".

Sin embargo, se negó a revelar detalles de la supuesta prueba, porque, "estamos intentando que nuestros legisladores la presenten el domingo por la noche en Ecuador".

Solo señaló que se trataba del "reparto del poder, la tramoya, la búsqueda de la utilización del poder judicial, el reparto legislativo y de los planes que tienen para liquidar a Bucaram para impedir que sea candidato". Tampoco se llegó a comprobar.