En el CNE es imposible “llegar a consensos cuando la mayoría no cede y funciona como una aplanadora”

Una propuesta de reforma electoral, a la vista

Autor:

Ana Angulo

Actualizada:

20 May - 10:53

En el CNE es imposible “llegar a consensos cuando la mayoría no cede y funciona como una aplanadora”

Autor:

Ana Angulo

Actualizada:

20 May - 10:53

En diálogo con PRIMICIAS, el consejero nacional, Luis Verdesoto Custode, repasa los errores que cometió el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las elecciones seccionales de marzo de 2019. También desgrana su proyecto de reformas al Código de la Democracia, una tarea que le entusiasma.

El retraso del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue considerable. 186 autoridades seccionales no pudieron posesionarse a tiempo en sus cargos hasta que el máximo organismo electoral resolviera todas las impugnaciones presentadas.

El problema más grave se dio en la provincia de Los Ríos y con los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) -aunque la entrega de credenciales a estos últimos se prevé para hoy, lunes 20 de mayo de 2019-.

Este desfase motivó una lluvia de críticas sobre la actuación del CNE, cuyos miembros han debido declararse en sesión permanente hasta solventar todas las objeciones.

Las agotadoras jornadas de sesiones del pleno hacen mella en el consejero Verdesoto, que luce un aspecto cansado. No obstante, responde en tono afable a las interrogantes. Así, cuenta las dificultades que le acarrean formar parte de un cuerpo colegiado como el CNE (son cinco consejeros), donde su voto, casi siempre, es parte de la minoría. “Aquí opera la aplanadora”, dice con una media sonrisa.

¿El CNE se equivocó al diseñar el calendario electoral?

Más allá del calendario electoral que está sujeto a disposiciones de ley, quizá no fue extremadamente acertada la forma de constituir las Juntas Provinciales Electorales. En esa instancia no fueron muy expeditos en el sentido de tener convocatoria local y, fundamentalmente, de separar los intereses políticos que estaban en juego en la elección.

¿Eso ha pasado factura a los consejeros del CNE?

A todo el país, porque a pesar de existir justificación para el desajuste de los plazos porque el proceso ha sido complejo, nos ha pasado factura porque es un tema que hiere sensibilidades al ser motivo de que algunas personas no se posesionen en la fecha prevista, aun cuando la ley indica que es posible que las autoridades prolonguen sus funciones hasta ser legalmente reemplazadas.

En Los Ríos el problema afecta a nuevas autoridades de la provincia ¿en qué otros lugares no se han posesionado a tiempo?

No tengo el número exacto de las personas, pero no es una afectación masiva ni en todas las instituciones ni en todas las instancias. En algunos lugares puntuales hubo retardo en la presentación de los pedidos de objeción y en eso tuvieron su parte los mismos candidatos que insistieron en revisar los conteos una y otra vez. Pero esa es la democracia: no hay cómo negar recursos, sino aceptarlos cuando existe motivación suficiente, abrir las urnas, examinar las actas cuando es el caso. Esas decisiones también están sujetas a objeción y apelación.

¿Cómo se siente un consejero al estar consciente de que hubo fallas en el proceso?

Esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja: somos un cuerpo colegiado, formado por cinco consejeros, con responsabilidad independiente e individual, que expresamos nuestras posiciones en el pleno y se recogen en actas. La desventaja es la imposibilidad de llegar a consensos cuando la mayoría no cede y funciona como una aplanadora. Ahí el Consejo toma decisiones de mayoría, tres contra dos (Verdesoto y Enrique Pita), lo que no le hace bien al país.

¿La división está en vías de superarse?

La única forma de saberlo será en cada votación. No es fácil lograr consensos con colegas que creen que están designados para una responsabilidad política determinada y no entienden que en este lugar hay que reconvertir el auspicio partidario en una visión de conjunto, en una visión de Estado.

¿Qué aspectos corregirá su proyecto de reformas a la Ley de la Función Electoral?

En el lado operativo, la propuesta vincula temas de partido, financiamiento político, sistemas de asignación de cuotas, temas de comunicación política. En el lado institucional, revisa el funcionamiento de la política pública electoral y la justicia electoral.

¿Cómo hacer para que haya una mejor representación?

Eso tiene que cambiar. Desde 1997 el voto está fraccionado y eso creó confusión en lugar de pluralidad, la gente no se reconoce en el voto, cada persona se ha convertido en una fórmula distinta, en lugar de ser un voto. Para restituir el sistema proporcional son necesarias tres reformas simultáneas: reconstituir la unidad del voto a través de una lista con un voto preferencial, volver a las circunscripciones provinciales y cambiar la fórmula de asignación de puestos.

¿En qué consiste la nueva fórmula?

No tiene que estar ligada a la fórmula D’Hont que estimula excesivamente las mayorías; un estímulo más proporcional ofrece el sistema Webster que ahora se aplica en las elecciones nacionales, eso hay que trasladar a todas las circunscripciones donde se eligen más de seis autoridades. Para lugares donde existan menos de ese número funciona el sistema Hare que captura más minorías, lo cual permite que esos niveles de gobierno funcionen en base a minorías.

¿No es un cambio radical?

No en lo inmediato, pero en el mediano plazo se podrá ver un cambio en la configuración electoral de Ecuador. Detrás de la reforma hay el objetivo político de crear un sistema más plural, con un nivel de fragmentación mediana de partidos y un conjunto de minorías capturadas de mejor modo a nivel local o en las provincias más pequeñas.

¿Qué plantea para controlar de buena forma el gasto electoral?

Ese es un tema complejo, tiene que ver con el lado público y el lado privado. Como ejemplo tenemos el escándalo de ‘Arroz verde’, un caso privado. En el proyecto se establece con absoluta precisión lo que se puede gastar y lo que no se puede gastar, no solo en monto sino en ítem. En algunos países tienen un software electoral que controla los límites y la sanción por  salir de los márgenes fijados es la descalificación inmediata. Proponemos bancarizar todo el gasto electoral y la organización que no notifica los pagos tres días después de haberlos realizado entra en categoría ilegal. A todo esto se crea la figura del fedatario electoral, quien dará buena fe del gasto.

En el caso ‘Arroz verde’ la plata no ingresó al partido sino que las empresas pagaban directamente los gastos de campaña ¿su proyecto puede detectar esta clase de irregularidades?

Entra en juego lo que se puede gastar y lo que el fedatario certifica. Por decir algo, no se pueden llevar cinco cantantes y pagar solo por uno, porque hay un fedatario que certifica. En el caso ‘Arroz verde’ es claro que hubo doble contabilidad electoral.

¿Se reformará la entrega del fondo partidario?

En primer lugar, nuestro sistema de subvención electoral funciona igual a la gasolina, sin medición de impacto, sin focalización. Lo mismo pasa con la asignación: tiene que llegar a un propósito político. Asimismo no hay que pagarlo ex ante (ahora los partidos tienen asignada una cantidad) sino ex post, una vez comprobado el impacto y la ejecución del gasto.

¿Habrá cambios en la calificación de las organizaciones políticas?

La idea es que los partidos estén conformados, durante los primeros dos años, únicamente por militantes sin posibilidad de ser candidatos, solo podrán postular tras cumplir ese tiempo de capacitación. De ese modo se puede evitar el arrendamiento y el préstamo de los partidos. Asimismo proponemos que haya un voto preferencial, es decir la pluralidad de grupos que forman un partido tienen que estar presentes no como marginales sino como fundamentales.

¿Cuándo será presentado el proyecto?

Todavía no lo sé. No puedo anticipar cómo funcionará la mayoría en el CNE. Sin embargo en el ejercicio de mis atribuciones, junto al consejero Enrique Pita, hemos empezado a distribuirlo en el país.

¿Hasta cuándo debería ser aprobado?

Hasta mediados de febrero de 2020.

Pero eso dependerá de la Asamblea Nacional.

Y de la capacidad de marcaje y de lobby que podamos tener nosotros en la Asamblea.


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