Fausto Murillo dice que jueces anticorrupción empezarán sin casos represados

A espera de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) elija al nuevo titular del CJ, Fausto Murillo, vocal que representa a la Asamblea Nacional, asumió ese rol y tiene varios temas pendientes en su agenda.

La Judicatura debe elegir jueces especializados en corrupción, completar la conformación de la Corte Nacional, modernizar el sistema judicial, entre otras tareas.

Esas prioridades deben asumirse en medio de problemas económicos y de rumores de una consulta popular para eliminar al Consejo de la Judicatura. Murillo conversó con PRIMICIAS sobre estos temas.

Jueces anticorrupción

La Judicatura lanzó la convocatoria para elegir a los jueces especializados en corrupción. ¿Cuántos jueces se elegirán?

En total son 14 jueces: dos jueces de primer nivel, seis jueces de tribunal penal, porque son dos tribunales, y seis jueces de corte de apelación. Cada uno con su equipo de apoyo jurisdiccional, en total unos 40 servidores judiciales trabajarán en esta unidad.

¿Cómo operará esta unidad teniendo en cuenta que es de jurisdicción nacional?

Es importante hacer una diferenciación, no todo delito relacionado con corrupción y con crimen organizado será conocido por esta unidad. El propio sistema establece cuatro exigencias para que las causas puedan ser conocidas por esta unidad.

Para poner un ejemplo, en cuanto a corrupción tiene que corresponder a una estructura en la que participen varios actores, sean públicos y privados, que están organizados, coligados y que forman -precisamente- una estructura de delincuencia organizada.

Más allá del tipo de casos que tratarán, ¿qué otra particularidad tendrán estos magistrados?

Aquí lo que se trata es de tener en Quito una unidad con jueces especializados, con las debidas seguridades y medidas de protección. Para que estos jueces puedan enfrentar y juzgar estos graves delitos.

Qué seguridad le podemos dar a un juez en San Lorenzo, que está conociendo un tema de narcotráfico a gran escala. Acá con una unidad, con una infraestructura, que previamente se ha hecho un diagnóstico de medidas de seguridad y protección, podemos enfrentar y juzgar estos delitos.

¿Qué pasará con los casos que están pendientes y que ya están en trámite?

Esta unidad partirá con cero carga procesal. Los casos que estén tramitándose actualmente concluirán en las unidades donde están. Los nuevos tendrán que ingresar a esta unidad, que empezará a trabajar desde agosto del 2022, según lo planificado.

Concurso Corte Nacional

¿Cómo están los tiempos para el concurso de la Corte Nacional?

Recuerde que el Consejo de la Judicatura, en 2019, hizo la evaluación de jueces de Corte Nacional y quedaron vacantes 26 plazas. Posteriormente, se hizo el concurso y quedaron igualmente vacíos que hay que llenar.

Pero no olvidemos que los exjueces pusieron una acción de protección y una acción de inconstitucionalidad. Es decir, esas vacantes de los jueces que impugnaron estaban, en cierta medida, discutiéndose ante la justicia.

La justicia ya se ha pronunciado y ha dicho que ninguno puede regresar al puesto. Así es que nosotros podemos acelerar el concurso. 

¿Qué falta para que se inicie el concurso?

Estamos construyendo solamente el instructivo que tiene la metodología para aplicar a este concurso. De acuerdo a lo que hemos estado trabajando, se precé que a finales de mayo arranquemos con la convocatoria.

¿Cuántos jueces son los que hacen falta nombrar?

Son seis jueces: tres de la Sala Civil, uno de la Sala Contencioso Tributaria y dos de la Sala Contencioso Administrativo.

¿Y conjueces?

Conjueces necesitamos para todas las materias porque la ley limita solo en el número de jueces. Pero, los conjueces se puede elegir a los necesarios, entonces ahí no tenemos limitación y este concurso nos va a permitir tener conjueces y un banco de elegibles. 

¿Qué hacer con las observaciones de la Asociación de Jueces y del presidente de la Corte de que se debería esperar al nuevo titular de la Judicatura para hacer el concurso?

Yo respeto, pero aquí hay una institucionalidad. El Pleno del Consejo de la Judicatura una vez que se produjo la ausencia definitiva de la presidenta María del Carmen Maldonado, de entre sus vocales, con absoluta legitimidad y legalidad, designó a un presidente. Así, que en absoluto está afectada la legitimidad.

Modernización de la justicia

La Judicatura tiene varios proyectos de inversión. El más ambicioso es la modernización tecnológica con una inversión de USD 23,3 millones, ¿Qué se va a hacer?

Esa asignación es producto de una postulación de un proyecto. La certificación concreta que tenemos es de USD 6 millones, con la cual vamos a renovar los equipos de computación, impresoras, escáneres y tecnología.

Además, se están haciendo los estudios y la proyección para fortalecer el sistema Satje, que es el sistema informático que permite recibir escritos digitalmente, los sorteos, las citaciones, el desarrollo del proceso de una manera más técnica con expediente digital.

Usted dice USD 6 millones, pero Planificación aprobó USD 23 millones. ¿Hubo una reducción?

No, es que conforme nosotros vamos avanzando nos van asignando los recursos de esos USD 23 millones. No es que nosotros podemos ir y decir deme los USD 23 millones para poder ver qué vamos a hacer.

Nosotros hemos dicho, hay una necesidad urgente, pues son equipos de hace 10 años.

Los recursos

En el tema de recursos, en los últimos años ha habido un reclamo recurrente de la Función Judicial que se ha rebajado paulatinamente los recursos...

A partir de 2019, se aprobaba un presupuesto, pero pasado el primer semestre se venían los recortes de uno, de dos, de cinco, de nueve millones. Eso afecta fuertemente.

En 2019 y en el 2020 las certificaciones presupuestarias se pedían, pero nunca se extendían y pasaba el tiempo y nos quedamos sin dinero. Llegó un momento en que, prácticamente, el Consejo de la Judicatura pagaba sueldos, arriendos y servicios, y para los proyectos: cero.

¿Qué pasa ahora?

Hemos hecho acercamientos. Ventajosamente el Gobierno Nacional ha entendido que la Función Judicial necesita esos recursos. Todo el mundo exige celeridad, todo el mundo exige que sean atendidos sus casos.

Pero eso significa dar impulso, tener los jueces, los ayudantes, los fiscales, los defensores necesarios. Al sistema judicial ecuatoriano ingresan alrededor de 800.000 causas al año y tenemos 2.000 jueces.

Usted se puede imaginar como atender esa carga, que no solo es atender hasta que se dicte sentencia después viene el proceso de ejecución de esa sentencia. 

¿Y sobre esta carga procesal, qué pasa, por ejemplo, con los pedidos de la Fiscalía para solucionar su déficit de fiscales?

La Fiscalía es una entidad que pertenece a la Función Judicial, pero es autónoma administrativa y financieramente. Nosotros mantenemos con todas nuestras entidades de la Función Judicial un trabajo conjunto y articulado.

Sobre este tema, con la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Finanzas hay el compromiso de dar el presupuesto para llenar esa necesidad de vacantes.

Posible consulta popular

El presidente Guillermo Lasso ha hablado varias veces de impulsar una consulta para reformar la justica. ¿Ha conversado con él sobre esto?

En aquella ocasión que se dieron esas declaraciones, inmediatamente, nosotros fuimos invitados por el Presidente de la República para dialogar sobre esa inquietud o posibilidad. En primer lugar, no tenemos oposición ni objeción a que se hagan cambios que mejore el servicio de administración de justicia.

¿Estos cambios incluyen una posible eliminación de la Judicatura?

Se puede analizar cuál es el mejor sistema. En esa conversación y en otras se ha establecido que los jueces deben dedicarse a administrar justicia.

Es increíble o imposible que un juez, al mismo tiempo, esté haciendo selección o concurso de servidores judiciales o haciendo un régimen disciplinario por las faltas de los propios jueces.

Entonces, esa posibilidad de que sea el propio órgano jurisdiccional que lleve adelante la administración del sistema de justicia, a estas alturas sería un retroceso.

¿Conoce si está avanzada esta idea de llevar a consulta popular a la justicia en las elecciones de 2023?

No, de lo que yo tengo información y hemos conversado, en absoluto. Hay más bien un consenso de que hay que fortalecer a la Función.