El Estado ecuatoriano termina las negociaciones con Odebrecht

La Procuraduría, la Contraloría y la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia decidieron finalizar el proceso de negociaciones con la constructora brasileña Odebrecht.

Íñigo Salvador, titular de la Procuraduría, envío una comunicación a la empresa para notificarle de la decisión tomada por el Estado ecuatoriano.

La decisión fue tomada "luego de que Odebrecht condicionara el reparar al Ecuador por todos los actos de corrupción cometidos por sus funcionarios, a que le devuelva unos dineros que fueron retenidos por orden judicial", dice la Procuraduría.

Aunque en diciembre, la gigante brasileña ya sostenía que no había condicionamiento alguno, que el pedido de que Ecuador le pague lo que le adeuda era para responder a los proveedores locales con los que aún mantiene cuentas pendientes.

Además, en el documento la autoridad sostiene que la constructora también sugirió "que la cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado podría verse afectada en caso de que no se restituyera el dinero retenido".

Según las autoridades, "Odebrecht ha dejado claro que actualmente no cuenta con recursos en el Ecuador que le permitan reparar al Estado en las dimensiones del daño causado, mostrando absoluta falta de seriedad de la intención expresada inicialmente por Odebrecht de indemnizar al Ecuador".

Por lo que, la Procuraduría indica que la constructora deberá seguir los canales que considere necesarios para "reclamar los derechos que considere le asisten".

Y lo mismo hará el Estado ecuatoriano "en resguardo de sus intereses, utilizando los mecanismos legales adecuados".

Una negociación fallida

La constructora empezó a tocar puertas en el país con el propósito de negociar una reparación integral al Estado desde enero de 2017, después de que Estados Unidos destapara los alcances de la corrupción.

¿Qué pasó? Hubo dos factores clave que frenaron una posible negociación: la inestabilidad política y la ausencia de un marco jurídico para llevar adelante un acuerdo de reparación de este tipo.

Y fue así que la negociación no avanzó en absoluto durante 25 meses hasta que el presidente Lenín Moreno creó la Secretaría Anticorrupción, con Iván Granda a la cabeza, en febrero de 2019.

Esa misma entidad que anoche, 21 de mayo, el Mandatario anunció cerrará tras las críticas que ha recibido por una posible interferencia en las competencias de otras funciones del Estado.

Pero las autoridades se sentaron a la mesa con Odebrecht cinco meses después de la creación de dicha Secretaría, en julio de 2019. Es decir, 30 meses después de que la empresa estuviese recorriendo instituciones públicas buscando con quien negociar la reparación.

A esto se sumó la ausencia de un marco legal. En Ecuador no existe un mecanismo para calcular el monto y la forma de pago de una indemnización o reparación de este tipo.

Además, el incendio de las oficinas de la Contraloría General en Quito en octubre pasado hizo que el procurador Salvador anunciara ya la suspensión de las negociaciones, ya que ahí se guardaban los expedientes del caso, dijo.

El nuevo director regional de Odebrecht, Mauricio Cruz, visitó el país en diciembre pasado para intentar retomar las negociaciones pero tampoco tuvo suerte. Y fue ahí cuando anunció la intención de la constructora de hacer un cruce de cuentas con el Estado ecuatoriano.

Cruz dijo que querían utilizar los alrededor de USD 100 millones que el país les debe por obras ejecutadas para pagar una deuda de USD 9 millones con 80 proveedores ecuatorianos y por USD 25 millones con el Servicio de Rentas Internas (SRI).

También admitió que la empresa no tiene dinero para pagar, que la inversión de los últimos tres años para las negociaciones y reparaciones con otros países de la región ha consumido todos sus fondos.

Ahora, 40 meses después de que Odebrecht buscó por primera vez a las autoridades para acordar una reparación integral, el Estado decide finalmente cerrar una negociación que nunca tuvo una estrategia clara.

Noticia en desarrollo.

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