La condición de expresidente de Correa limita las acciones de la Interpol

Tres veces consecutivas, la Interpol ha negado los pedidos de la justicia ecuatoriana sobre Rafael Correa. La extradición es el único camino viable.

Una vez por el caso Balda y dos veces por el caso Sobornos. La justicia ecuatoriana ha solicitado tres veces a la Interpol que localice y capture al expresidente Rafael Correa, pero las tres veces esa solicitud fue rechazada por la Interpol.

La base para las negativas es el artículo 3 del estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal. Según ese apartado, la Interpol "está rigurosamente prohibida" de realizar actividades o intervenciones en asuntos:

Políticos
Militares
Religiosos
Raciales

En contra de Correa hay una sentencia en firme, en Ecuador, de ocho años de cárcel. La Corte Nacional de Justicia (CNJ) lo condenó por cohecho en el denominado caso Sobornos 2012-2016.

Además, tiene pendiente un juicio por secuestro por la retención ilegal del activista Fernando Balda, en 2012, en Colombia.

Las sospechas de que se trata de un caso político no solo favorecen a Correa, sino también a ocho de los 20 sentenciados en el caso Sobornos que están prófugos. Además de Correa, están Walter Solís, Vinicio Alvarado, Christian Viteri y otros.

En los otros casos, la Interpol sigue el mismo libreto que utilizó antes de la negativa a favor de Correa. Ha solicitado a la justicia ecuatoriana más información sobre el tipo penal juzgado, las pruebas y otras especificidades del proceso.

El exasambleísta Christian Viteri dice que la Interpol también negó el pedido para que se gire una orden de difusión roja en su contra. Y que en la argumentación, la entidad habla de una "sentencia con finalidad política".

Interpol califica de políticos a una variedad de casos

Si bien el estatuto de la Interpol habla de una estricta prohibición en casos de índole política, no aclara si se trata de casos de persecución política o simplemente de casos que involucren a políticos.

El exministro de Gobierno, Mauricio Gándara, aclara que esta regla no actúa únicamente cuando se ha demostrado que un caso penal tiene un tinte político, sino cuando hay sospechas por la condición de los procesados.

Por ejemplo, explica, en el caso de Correa no importa si se trata de un caso de corrupción o de un secuestro, la Interpol siempre va a rechazar los pedidos porque involucran a un expresidente y existe el riesgo de que se trate de una retaliación política valiéndose de la justicia.

Desde el correísmo, en cambio, se han aprovechado las decisiones de la Interpol para reforzar la tesis de politización de la justicia, o lo que ellos denominan como 'lawfare'.

Carlos Alvear, parte del equipo jurídico de Correa, explica que más allá de que el caso es político, la Interpol ha rechazado las solicitudes "porque hay falta de independencia en la justicia y violaciones al debido proceso".

Según Alvear, si -hipotéticamente- hubiese otro caso contra de Correa u otro exmandatario o exfuncionario, en el que sí se respeten los derechos de los procesados, la Interpol sí podría girar la orden de difusión roja.

La extradición adelante

Ante la nueva negativa de la Interpol, la Corte Nacional aclaró que esa decisión no interrumpe el trámite de extradición que fue solicitado por el juez Walter Macías.

Este es un proceso que, a pedido de la justicia, se tramita de estado a estado. Es decir, le corresponde a la Cancillería ecuatoriana gestionar ante Bélgica la extradición de Correa.

Gándara explica que en caso de que Bélgica acceda a extraditar a Correa, en ese proceso no participará la Interpol, sino que sería responsabilidad la justicia y la policía belga procesar, ejecutar y expulsar de su país al expresidente.

Sin embargo, estos procesos pueden ser largos y dependen de varios factores, como las relaciones diplomáticas y de la vigencia de un tratado de extradición entre ambos países.