La reestructuración institucional marcó el periodo de Gobierno

No fue solo por austeridad. El mismo 24 de mayo de 2017, el presidente Lenín Moreno decidió modificar la institucionalidad del Ejecutivo y del Palacio de Carondelet. El clímax de la renovación se dio después de la consulta popular de 2018, que modificó instituciones incluso fuera de la Función Ejecutiva.


Propuestas del plan de gobierno

El plan de trabajo con el que llegó Lenín Moreno al poder ofrecía mantener y profundizar los ‘logros’ de la Revolución Ciudadana, con el eje central de fortalecer la sociedad civil y dar prioridad a la corresponsabilidad ciudadana en el manejo de lo público.

Sin embargo, como el plan se jacta del trabajo logrado durante la “década ganada”, entre ello la institucionalidad del Estado, las propuestas en esta área son generalistas.


¿Cómo recibió el área?

El presidente Moreno recibió la Función Ejecutiva con 135 entidades vigentes, entre ministerios, ministerios coordinadores, secretarías, agencias, empresas públicas, servicios, institutos, bancos y servicios.

Después de la Presidencia, el Ejecutivo contaba con cuatro grandes secretarías nacionales cuya gestión influía y controlaba directamente todas las áreas: la de Administración Pública, la de Planificación, la de Gestión de la Política y la de Comunicación.

Asimismo, el Ejecutivo tenía 135 entidades divididas en seis sectores, con sus ministerios coordinadores. Entre ellas, había 26 ministerios y secretarías y 22 empresas públicas.

Y la Presidencia como tal contaba con dos secretarías, la General y la Jurídica, ocho subsecretarías y otras 26 oficinas; un total de 504 funcionarios en todas ellas. Además de dos entidades adscritas.


Top de acciones gubernamentales

El 22 de enero el presidente Moreno hacía campaña por la consulta popular en Quito.

  1. La eliminación de la Secretaría de Administración Pública, la Secretaría del Buen Vivir y los ministerios coordinadores.
  2. La consulta popular de 2018, que dio paso al Consejo de Participación Ciudadana de Transición y la prohibición de la reelección indefinida. Y ese Consejo a su vez dio paso a la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional de la Judicatura y otras cinco entidades. Además que el organismo transitorio nombró a otras 31 autoridades de control.
  3. Reducción del Estado, liquidación y fusión de empresas públicas e instituciones sectoriales.
  4. La eliminación de la Secretaría de Gestión de la Política y su fusión con el Ministerio del Interior para el renacimiento del Ministerio de Gobierno.
  5. Creó la Secretaría Técnica del plan Toda una vida, con siete misiones sociales. Y, con el comité que las lidera, desempolvó la figura de la Primera Dama, dándole a su esposa, Rocío González, un cargo público no remunerado.

La catástrofe’

El edificio del Consejo de Participación Ciudadana, en el sector de Santa Prisca, en Quito.

El edificio del Consejo de Participación Ciudadana, en el sector de Santa Prisca, en Quito. CPCCS

Si bien la consulta popular de 2018 es el hito más celebrado por la oposición al correísmo, también dio pie a un efecto en cadena que no estaba previsto y que, a largo plazo, terminó afectando la institucionalidad que el mismo Mandatario quiso instaurar o “recuperar”.

La convocatoria de Moreno decidió no desaparecer al cuestionado Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), sino convertirlo en una entidad de elección popular, que debía renacer en las urnas con las seccionales de 2019. Pero sucedió lo contrario.

Después del periodo extraordinario de transición, de entrada el voto nulo y blanco sumaron un promedio de 44% en la elección de los consejeros. Y ya con los nuevos funcionarios, el Consejo demostró su frágil institucionalidad y empezó a afectar la del Estado.

Seis meses después de su elección, la Asamblea Nacional destituyó a cuatro de los siete consejeros por incumplimiento de funciones, porque quisieron rever las decisiones del periodo de transición. Entre ellos el sacerdote José Tuárez, quien presidía la institución.

Un año después le siguió su reemplazo, Christian Cruz, quien también cayó a manos del Legislativo, por arrogación de funciones y por presunta obtención fraudulenta de su carné de discapacidad.

La entidad ha sido incapaz de desempeñar un rol fuera de los escándalos, las críticas y las destituciones; sus denuncias de corrupción no despegan; el nombramiento de autoridades avanza a paso lento y la participación ciudadana sigue sin consolidarse.

Además, son varios los actores políticos y sociales que concuerdan en que el Cpccs debe desaparecer definitivamente y seguirán buscando las vías para hacerlo, pese a que la Asamblea no dio paso a la propuesta de reformas constitucionales que lo planteaba.


Lo que hereda al nuevo gobierno

La Función Ejecutiva como tal se redujo. Durante la administración de Moreno se cerraron 24 instituciones y ocho empresas públicas quedan en proceso de cierre y una más en proceso de fusión.

El Palacio de Carondelet ahora cuenta con cuatro secretarías: la General, la de Gabinete, la Jurídica y la de Comunicación; así como 17 subsecretarías y otras 54 oficinas.

Además, hasta el cierre de abril, la Presidencia contaba con 628 funcionarios, incluido el Mandatario. Son 124 personas más de las que trabajaban en el Palacio cuando Moreno recibió el poder en mayo de 2017.

Asimismo, Carondelet pasó de tener dos entidades adscritas a eliminar una y aumentar cinco, en las cuales, hasta abril trabajaban más de 2.000 funcionarios.

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