La Corte Constitucional (CC) inadmitió las acciones presentadas por 16 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, entre ellos el expresidente Rafael Correa.
Aunque la sentencia es definitiva y está ejecutada por la justicia ordinaria, los 20 sentenciados en el caso Sobornos 2012 y 2016 tuvieron acceso a un espacio más de revisión del proceso penal.
En este caso se investigó el sistema de sobornos que funcionó de manera paralela a la Presidencia de la República, durante el gobierno de Rafael Correa. Los funcionarios exigieron pagos ilegales a empresarios privados, a cambio de contratos con el Estado. Y ese dinero se usó para financiar a Alianza PAIS.
Una vez que la Corte Nacional de Justicia, en todas sus instancias, declaró la culpabilidad de 20 personas, encabezadas por el expresidente Rafael Correa, se abrió el camino para la justicia constitucional.
18 de los 20 condenados acudieron a la Corte Constitucional. En octubre de 2020 presentaron una acción extraordinaria de protección. El objetivo de ese recurso es demostrar que durante el proceso penal se violaron derechos constitucionales.
Sin embargo, el 4 de febrero de 2021, la sala de Admisión de la Corte, conformada por los jueces Ramiro Ávila y Carmen Corral, resolvió no admitir los pedidos de 16 solicitantes:
- Rafael Correa
- Jorge Glas
- María de los Ángeles Duarte
- Walter Solís
- Vinicio Alvarado
- Alexis Mera
- Christian Viteri
- Viviana Bonilla
- Pamela Martínez
- Víctor Fontana
- Édgar Slas
- Teodoro Calle
- Pedro Verduga
- Ramiro Galarza
- William Phillips
- Mateo Choi
Correa, entre otras cosas, había argumentado que se violó su derecho a ser juzgado por un juez competente, independiente e imparcial. Sin embargo, los jueces constitucionales consideraron que su argumento no fue claro, y que tampoco tiene justificación jurídica.
La CC solo aceptó a trámite los recursos de los empresarios Rafael Córdova y Bolívar Sánchez, Mientras que Laura Terán, excolaboradora de Correa; y Alberto Hidalgo, otro empresario, quienes recibieron penas reducidas no acudieron a la CC.
De esta manera, los recursos ante toda instancia judicial interna se terminaron para Correa y los otros 15 sentenciados. Ahora, además, están habilitados para acudir a la justicia internacional.
El camino hacia la Corte IDH
“En la justicia la internacional vamos a ganar todo porque el caso es una payasada”, dijo el expresidente Rafael Correa cuando se conoció la sentencia del proceso.
Sus abogados, además, aseguraron que agotarán todas las instancias locales para acudir luego a las internacionales. Esa puerta se abre con el fallo de la CC. En esa instancia, generalmente, se buscan indemnizaciones pagadas por el Estado.
Ahora, el expresidente y quienes fueron sus colaboradores cercanos puede empezar el camino hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Un proceso que, en algunos casos, puede tomar más de 10 años.
¿Cómo funciona ese proceso?
Primero, los casos son presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando las supuestas violaciones de derechos humanos. Y esta instancia hace un análisis del caso, pide información a las partes y puede tratar de calmar la situación con soluciones amistosas, archivo, otorgamiento de medidas cautelares.
Si la violación persiste, el caso es enviado a la Corte IDH para su juzgamiento.
La CIDH hizo públicos los datos de las causas por país, entre 2006 y 2018. En ese lapso, el organismo recibió 1.018 peticiones de investigaciones sobre posibles violaciones de derechos humanos en Ecuador. 20 casos fueron enviados a la Corte.
De estas peticiones, solo 114 fueron abiertas a trámite. Esto quiere decir que fueron sometidas a análisis de la Comisión. En este punto hay varias opciones, como el archivo o envío a la Corte IDH.
Pero, más allá del bajo nivel de casos enviados a la Corte, otro factor a considerar es el tiempo que puede tomar para que un caso obtenga una sentencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Entre los 14 casos ecuatorianos que han sido resueltos entre 2006 y 2020, hay algunos que tomaron hasta 24 años desde que la causa fue presentada inicialmente ante la Comisión. En promedio, el proceso dura 14 años.
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