A seis días de que concluya la investigación por presunto peculado, la Fiscalía realiza las últimas diligencias del caso. Los agentes allanaron la casa del alcalde Jorge Yunda.
El día del alcalde de Quito Jorge Yunda, el 11 de marzo de 2021, empezó muy temprano y estuvo lleno de altibajos.
En la madrugada, un grupo de agentes policiales y de la Fiscalía timbraron en su casa. Ellos tenían una orden judicial firmada por Vladimir Jhayya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, para allanar su domicilio, ubicado en el cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito.
Los agentes tenían la orden de “allanamiento, descerrajamiento de las puertas y seguridades externas e internas, registro del inmueble, registro de las personas, vehículos y objetos”.
Pero, no fue necesario forzar las puertas y seguridades. Yunda colaboró y permitió que los agentes revisarán su casa. Durante la diligencia, los investigadores encontraron varios dispositivos electrónicos y los incautaron:
- Cuatro celulares (uno de uso personal de Yunda).
- Dos computadores.
- El servidor del circuito cerrado de videovigilancia del domicilio.
Luego del operativo, Yunda siguió con su día normal. Acudió a la entrega de una cancha deportiva en el sur de Quito. En el lugar bailó, participó de una comparsa y tomó un bajo, y junto a la banda municipal, entonó El Chulla quiteño.
Ante la prensa, Yunda dijo que no tiene nada que esconder. “Pueden ir a mi casa, hurgar en el SRI, la Superintendencia de Compañías. No tengo cuentas offshore fuera del país”.
La orden judicial se firmó a las 03:00 de madrugada del mismo 11 de marzo. De manera simultánea a la casa de Yunda, los agentes allanaron un departamento en el que reside Dunker Morales, exprocurador jurídico de la Alcaldía de Quito.
¿Qué buscaban?
Los agentes fiscales tenían una orden clara. “La incautación de los objetos (…) tales como equipos tecnológicos, informáticos, computadores, CPU (…) que pudieran estar relacionados con el hecho”.
Yunda es parte de una investigación por el presunto delito de peculado. Las autoridades indagan las presuntas irregularidades en la compra de pruebas para el diagnóstico del Covid-19 por parte del Municipio de Quito.
El Alcalde de la capital fue vinculado a esta instrucción fiscal a mediados de febrero. Y para garantizar su presencia en un eventual juicio, el juez Jhayya dispuso que use un grillete electrónico y se presente periódicamente ante la Corte.
Según los indicios que la Fiscalía presentó a Jhayya para que ordene la vinculación del Alcalde, los teléfonos y dispositivos electrónicos de uso del político toman principal relevancia.
Parte de las supuestas irregularidades -que el Ministerio Público indaga- están relacionadas con el tipo de pruebas que el Municipio compró.
Según los documentos precontractuales, la Alcaldía buscaba pruebas PCR Polimerasa, pero la empresa Salumed entregó pruebas RT Lamp que, supuestamente, no tendrían la misma sensibilidad.
La Fiscalía maneja la teoría de que Yunda conocía de esto y, sin embargo, decidió validar las pruebas y no dar por terminado el contrato de manera unilateral y declarar contratista incumplido a Salumed. Con esta acción, el Municipio podía haber ejecutado las garantías del contrato y no perder dinero.
Los investigadores basan esta teoría en un chat que Yunda habría mantenido con Ximena Abarca, actual secretaria de Salud del Municipio y también vinculada al caso.
La imagen de esta conversación consta en la hoja 25.474 del expediente del caso:
“(Yunda) tenía pleno conocimiento de que las pruebas entregadas no eran aquellas que constaban en el objeto del contrato”.
Fiscalía
Además con el mismo chat con Abarca, según la Fiscalía, se demostraría que frente al incumplimiento de Salumed, Yunda dispuso continuar con el proceso, aceptando los argumentos emitidos por el proveedor.
Ahora, con los teléfonos de Yunda en su poder, la Fiscalía necesita la orden judicial para poder extraer y material la información contenida en esos aparatos y corroborar la contraparte de los chats que compartió con Abarca.
La Fiscalía no señala al Alcalde Quito como autor directo del delito de peculado. Es decir, no existe una presunción de que se hubiera beneficiado económicamente de las irregularidades. Si no que lo vincula como autor mediato por dominio de la voluntad en aparatos de poder organizado, lo que significa que sus decisiones facilitaron el cometimiento del delito.
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