Un caso por el paro de octubre de 2019, otro por los actos vandálicos de octubre de 2020 y dos más por supuesta corrupción, aparecen en el récord judicial de Jorge Yunda.
Jorge Yunda está próximo a cumplir dos años al frente de la Alcaldía de Quito. Su gestión ha estado marcada por conflictos.
Llegó al cargo con el 21% de los votos en la elección de 2019. Pero sus primeros meses de gestión lo llevaron a los niveles más altos de aprobación ciudadana.
En abril de 2020, la consultora internacional Mitofsky lo ubicó como el segundo alcalde capitalino del continente con mayor aprobación, con el 89%.
Sin embargo, esos niveles de aprobación ciudadana han tenido sendas caídas por dos temas en especial: el paro de octubre de 2019 y la supuesta corrupción en la compra de pruebas de Covid-19.
Justamente por esos dos eventos, además, el Alcalde de Quito se ha visto involucrado en líos judiciales que hoy acompañan y empañan su gestión.
Los casos
Según las denuncias y los casos que se han hecho públicos, Yunda tiene al menos cuatro problemas judiciales. PRIMICIAS le presenta cuáles son y en qué estado están:
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Las pruebas Covid-19
El alcalde de Quito, Jorge Yunda (azul) en el aeropuerto Mariscal Sucre de la capital, el 20 de abril de 2020, durante la llegada de 5.000 pruebas PCR. Primicias
Es el caso en su etapa más avanza. Se trata de un proceso penal por presunto peculado. El Alcalde fue vinculado el 16 de febrero de 2021 y, como medida cautelar, deberá usar un grillete electrónico.
El caso está en instrucción fiscal. Por la vinculación de Yunda, esta etapa se alargará 30 días más. Posteriormente, la Fiscalía decidirá si acusa formalmente al Alcalde y la justicia si lo llama a juicio.
Yunda, y otras 13 personas, entre funcionarios del Municipio y empleados de una empresa privada, son investigados por un presunto sobreprecio en la compra de pruebas para diagnosticar Covid-19.
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¿Delincuencia organizada y peculado?
César Montúfar presentó una denuncia en contra del alcalde Jorge Yunda, 15 de junio de 2020. Twitter
Este es otro caso por presunta corrupción. El 15 de junio de 2020, el político César Montúfar y el concejal Fernando Flores denunciaron a Yunda por presunto peculado y delincuencia organizada.
Además del Alcalde, los denunciantes señalaron a los gerentes de las empresas municipales de Agua Potable y de Obras Públicas y a los gerentes de las empresa Inmosolución y Geinco.
“A través de proyectos llevados adelante por las empresas de Agua Potable y Obras Públicas y, a través de una triangulación en la que se buscó evadir el sistema de contratación pública, se transfirió a la empresa Geinco proyectos por USD 51 millones”, explicó Montúfar.
El caso todavía está en investigación previa. Es decir, su contenido es reservado.
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Vandalismo en octubre de 2020
Colectivos indígenas y feministas protestaron en el monumento a Isabel La Católica, el 12 de octubre de 2020, en Quito. @RecTVonline
Aunque no es un caso penal, Yunda también tiene un proceso pendiente en un juzgado de Carapungo, en el norte de Quito.
El abogado Andrés Castillo interpuso una acción de protección en contra del Alcalde. El accionante pide a la justicia que precautele sus derechos de petición y obligue a Yunda a responder una solicitud que hizo en octubre de 2020.
En ese mes, los dirigentes indígenas encabezaron una manifestación ciudadana por el Día de la Interculturalidad. En medio de esos actos, la estatua de Isabel La Católica fue vandalizada con pintura roja.
Castillo consultó a Yunda si iba a denunciar a Leonidas Iza y a Jaime Vargas, dirigentes indígenas, por esos actos, pero nunca obtuvo una respuesta.
La audiencia del caso se realizará el viernes 19 de febrero de 2021.
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El paro de octubre de 2019
El edificio nuevo de Contraloría, el día después del incendio (12 de octubre de 2019), cuando el fuego ya había sido controlado. PRIMICIAS
El último caso tiene que ver con los hechos vandálicos y el daño a la propiedad pública y privada de Quito, durante las violentas manifestaciones de octubre de 2019.
El abogado Marcelo Hallo denunció a Yunda por omisión de medidas de protección a bienes y personas protegidas. Por este delito podría enfrentar penas de tres a cinco años.
Sin embargo, el caso todavía se mantiene en investigación previa. Hallo espera un dictamen fiscal y que se pueda convocar a una audiencia preparatoria de juicio.
Al momento, solo resta una diligencia, que es la toma de versión final a Hallo, en calidad de acusador particular.
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