El martes 16 de febrero de 2021, en la Corte Provincial de Pichincha, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, será vinculado a la investigación por supuesto peculado en la compra de pruebas para Covid-19.
Junto al alcalde Yunda, además, serán vinculados al caso otros seis funcionarios del Municipio de Quito. Y la Fiscalía también ha solicitado la inclusión de Salumed S.A., como persona jurídica. Esta es la empresa a la que se le compraron las pruebas.
Los ocho nuevos procesados se sumarán a otro siete que ya son parte del caso.
Esta es la lista de los involucrados se encuentran:
Correos en la mira
La vinculación de Yunda y de otros funcionarios de su administración se da luego de varias diligencias investigativas de la Fiscalía.
La más reciente se inició el 8 de febrero de 2021. La fiscal Ruth Amoroso, quien está a cargo del caso, solicitó autorización para la apertura, explotación, preservación, análisis, extracción, transcripción, materialización e imagen forense de 25 correos electrónicos de varios de los involucrados.
En los intercambios de mensajes, entre otras cosas, se comparten los documentos referentes a la contratación. Se contacta a los posibles proveedores, como Salumed.
Por ejemplo, el 29 de marzo de 2020, a las 08:43, Enrique Bucheli, exdirector de Gestión del Subsistema de Salud del Municipio de Quito, envió un correo a Jésica Cárdenas, quien era funcionaria directiva del Municipio en el área de compras públicas.
El correo tenía como asunto ‘Informe de necesidad’. Cárdenas le decía a Bucheli: “Estimado Dr. Adjunto un modelo, saludos cordiales”. El intercambio se hizo a través de los correos personales de los entonces funcionarios.
El 2 de abril de 2020, en cambio, Cárdenas volvió a enviar un correo a Bucheli, dentro de la misma cadena del primer mensaje. Le pedía que, una vez revisado el documento, lo subiese al Sitra, que son las siglas del sistema de trámites del Municipio de Quito.
Otro mensaje que llama la atención es del 6 de abril de 2020, pasadas las 19:00. Desde un correo corporativo de Salumed, la empresa hizo llegar a Cárdenas la documentación habilitante para su contratación. Pese a que todavía no había entregado la oferta final.
Científica en la mira
Dentro de la lista de los 15 involucrados hay dos nombres que llaman la atención. Se trata de Linda Guamán, científica que asesora al Municipio en temas relacionados con la pandemia.
Esto pese a que Guamán se incorporó al Municipio luego de la compra de las pruebas de Covid-19.
Y también el nombre de Ximena Abarca, quien asumió la titularidad de la Secretaría de Salud luego de que explotara el caso y el anterior Secretario, Lenín Mantilla, fuera vinculado y se diera a la fuga.
Su defensa dice que esperarán a la audiencia del martes para pronunciarse. Está por verse si ambas son procesadas por peculado que, según el Código Integral Penal (COIP), es un delito que se configura cuando los servidores públicos abusan de recursos públicos en beneficio propio.
O si son vinculadas bajo otros cargos. Extraoficialmente, ha trascendido que las investigaciones han encontrado posibles indicios de fraude procesal u ocultamiento de información.
En las redes sociales se inició la campaña #ApoyoLinda Guamán. Bajo esta etiqueta ya hay cientos de mensajes de apoyo a la funcionaria, sobre todo provenientes de la comunidad científica.
El caso
Los inicios de este caso se remontan a los primeros meses de pandemia en Ecuador. El 20 de abril de 2020, el alcalde Yunda transmitió en vivo la llegada del primer lote de 5.000 pruebas PCR, de las 100.000 acordadas en los contratos.
La empresa que ganó el contrato fue Salumed S.A. por un monto aproximado de USD 4,2 millones, incluyendo el IVA.
Un mes después, el 27 de mayo, la Fiscalía hizo cuatro allanamientos. Presumía sobreprecio en la compra de esas pruebas. De inmediato, Yunda separó de la entidad a Lenín Mantilla.
Horas después, Diego Salazar, director de Medicamentos y dispositivos médicos del Municipio, y otro de los procesados, acudió a la Fiscalía y ofreció colaborar con la justicia.
Además, la Contraloría halló cuatro inconsistencias en el contrato con Salumed, el 30 de julio de 2020.
Entre estas estaba que en las especificaciones técnicas se estableció la necesidad de adquirir 200.000 pruebas. Sin embargo, el presupuesto referencial se fijó a partir de la oferta ganadora y no de otros oferentes.
Finalmente, el 13 de noviembre, la Fiscalía formuló cargos por presunto peculado contra Mantilla, otros funcionarios de la entidad y el representante de Salud. Además, la justicia ordenó prisión preventiva para el exsecretario, quien hasta la fecha no ha sido localizado.
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