Luego de que el juez Luis Rivera declarara válido todo lo actuado en el caso que investiga la compra de siete helicópteros Dhruv, la Fiscalía presentó su acusación.
La tercera jornada de la audiencia se desarrolló en una de la sala de audiencias del mezanine del edificio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la tarde del miércoles 27 de julio de 2022.
El caso avanza después de que el juez Luis Rivera declarara válido todo lo actuado hasta el momento.
Enseguida y de forma telemática, la fiscal Diana Salazar presentó la acusación oficial. La funcionaria pidió que se lleve a juicio a los 18 procesados: 16 fueron señalados en calidad de autores del delito de peculado, incluyendo a los exministros de Defensa, Wellington Sandoval y Javier Ponce.
Los otros dos fueron acusados en calidad de cómplices. Se trata de Alonso Espinoza, militar que recibió el primer grupo de helicópteros, y Juan Cortez, representante de Hindustan Aeronáutica Limited (HAL), empresa que vendió los aparatos.
La cuarta fue la vencida
Para sustentar la acusación, la fiscal Diana Salazar presentó una síntesis de los hechos y narró la teoría del caso que intentará probar en un eventual juicio.
El proceso se refiere a la adquisición de siete helicópteros, por parte del Ministerio de Defensa a la empresa HAL, el 5 de agosto de 2008.
La idea de adquirir las aeronaves se originó en 2006 con el Plan de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). En ese documento se decía que el escuadrón de helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) estaba disminuido y se debía comprar helicópteros de mediana capacidad.
Desde esa época, el Ministerio de Defensa intentó comprar las aeronaves. En tres ocasiones se declararon desiertos los procesos. En el tercer intento, en 2007, la venta se adjudicó a la empresa HAL, pero se anuló frente a revelaciones de problemas técnicos en las aeronaves.
El Ministerio lanzó un cuarto proceso de contratación. Y, sin considerar lo ocurrido en el fallido proceso anterior, adjudicó el contrato a la empresa de la India, HAL.
La compra se basó en un informe de necesidad de siete helicópteros. Aunque, según la Fiscalía, en ese documento no se argumenta -ni estadística ni técnicamente- el número de aeronaves a comprar. Pese a esto, en el informe ya había una certificación presupuestaria de USD 67 millones.
Un contrato direccionado
Según la teoría del caso de la Fiscalía, en los documentos precontractuales se establecieron especificaciones técnicas sobre los helicópteros que la FAE necesitaba. Pero, estos papeles no se sometieron a la aprobación del Comité de Contrataciones de la FAE, como lo ordenaba la ley.
Para Salazar, con el objetivo de obviar ese control legal, Sandoval declaró emergente la compra, lo que significó un proceso de contratación más rápido y sin todos los controles.
El argumento para la emergencia fue el incidente de Angostura, en 2008. Aeronaves militares colombianas bombardearon territorio ecuatoriano para afectar a grupos armados irregulares.
Imagen de archivo del sitio del bombardeo de Angostura, ocurrido en marzo de 2008. EFE
Con base en ese episodio, según la declaratoria firmada por Sandoval, era urgente comprar siete helicópteros de rescate, patrullaje y combate.
Con esa resolución, además, Sandoval autorizó a Carlos Morales, entonces director del Comité de Contrataciones de la FAE, a elaborar el instructivo que orientase el proceso de compra. Morales, a su vez, nombró una comisión técnica para que analice y apruebe los documentos precontractuales.
Además, según la Fiscalía, Morales dispuso a Leonardo Barreiro, presidente del Comité de Contrataciones de la FAE, la modificación de esos documentos, eliminando elementos que se habían establecido en las bases. Salazar asegura que esto se hizo antes de invitar a las empresas, con lo que se adecuó el proceso para que HAL ganara.
Una vez lanzado el concurso, cuatro empresas presentaron ofertas. La Comisión Técnica, conformada por seis militares ahora procesados, levantó un informe reservado sobre el análisis de las ofertas. Calificaron a HAL cómo la única empresa que cumplía los requisitos establecidos en los documentos precontractuales.
Finalmente, el 23 junio de 2008, el Comité de Contrataciones de la FAE adjudicó el contrato a favor de esa empresa.
Helicópteros y entrega cuestionados
El 8 de julio 2008, casi un mes después de la adjudicación del contrato, una publicación de prensa reveló que HAL no tenía las certificaciones de calidad exigidas en el concurso.
Incluso, Eduardo Esparza, miembro del Comité de Contrataciones y ahora procesado, alertó sobre esto. Pero, no se tomaron correctivos.
El 5 de agosto de 2008, Javier Ponce, quien ya había asumido el Ministerio de Defensa, firmó el contrato. En el documento final, según la acusación fiscal, se incluyeron documentos que no fueron parte de la oferta original para subsanar errores.
Luego, relató la fiscal, se presentaron problemas con la entrega de los aparatos. En el contrato se estableció que los helicópteros llegarían a Ecuador en dos grupos y por partes. Para Salazar esto no se compadece con la emergencia y urgencia con la que se compraron las aeronaves.
Los primeros cinco helicópteros llegaron desarmados, el 4 de junio de 2009. La Comisión de Entrega y Recepción reportó serios incumplimientos en aspectos relacionados con aviónica y motores.
Alonso Espinoza, militar a cargo de la recepción, advirtió algunas irregularidades e inconsistencias, pero recibió las aeronaves y concretó el perjuicio del Estado, dijo Salazar.
Ahora, Espinoza es acusado cómo cómplice de peculado.
Los otros dos helicópteros fueron entregados de manera parcial, y hasta la fecha, no se han entregado en su totalidad. Por eso, el Ministerio de Defensa alegó la terminación unilateral del contrato.
De los siete helicópteros adquiridos, cuatro de ellos se accidentaron y dejaron tres militares fallecidos. Las otras tres aeronaves no están operativas porque se determinaron fallas en su estructura.
En 2009, durante la ceremonia de celebración de los 89 años de la FAE, uno de los helicópteros Dhruv que participó en la demostración se precipitó al suelo. Cortesía Expreso
Por esta razón, según el Ministerio Público, se causó un perjuicio económico al Estado por USD 66.406.293,74. Este monto incluye los gastos por inversión, operatividad y funcionamiento.
Después de la Fiscalía presente toda su acusación, también lo hará la Procuraduría cómo acusadora particular.
A continuación intervendrán los abogados de los 18 procesados para anunciar como intentarán rebatir los argumentos acusadores en una eventual audiencia de juicio.
Con base en todos esos insumos, el juez Luis Rivera decidirá cuántos de los 18 acusados irán a juicio por peculado
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