La Fiscalía pidió también el pago una reparación integral en favor del Estado de USD 8 millones, que deberá dividirse entre los 15 procesados. A los primeros ocho sentenciados, El juez, además, les impuso el pago de una multa.
Nota actualizada a las 17:48 del 9 de noviembre con la resolución del juez.
El pedido del Ministerio Público se hizo el viernes 6 y se está tramitando este lunes 9 de noviembre de 2020. La fiscal Diana Salazar pidió que se aplique el procedimiento abreviado a ocho procesados:
- Daniel Mendoza, exasambleísta.
- René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras.
- Jennifer Cobeña, excoordinadora del Secob.
- Ángel Andrade, exservidor del Secob.
- Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza.
- Franklin Calderón, constructor manabita.
- José Santos, colaborador cercano a Mendoza.
- José Véliz, titular del Consorcio Pedernales – Manabí.
En el caso se juzga por el presunto delito de delincuencia organizada. Según la Fiscalía, los exasambleístas Mendoza y Eliseo Azuero comandaron una red de corrupción que desvió fondos del anticipo para la construcción del Hospital de Pedernales.
Procedimiento abreviado
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el procedimiento abreviado es una forma alternativa de terminación del proceso penal. En la práctica es una negociación entre la Fiscalía y la defensa de los procesados.
En el acuerdo, ambas partes obtienen un beneficio. La Fiscalía una optimización del tiempo y el procesado una pena reducida, tras la aceptación del cometimiento del delito.
La Fiscalía, al ser la solicitante, debe sugerir una pena y no puede ser menor al tercio de la pena mínima prevista en el tipo penal. En el caso de Mendoza y los siete más del caso Pedernales no podrá ser menor a tres años cuatro meses de cárcel.
Además de los ocho solicitantes de procedimiento abreviado, el 7 de noviembre de 2020, el juez del caso dictó el sobreseimiento para otros cuatro procesados.
- Tania Saltos, esposa de José Véliz.
- Olga Macías, familiar de Franklin Calderón.
- Esteban Velásquez, señalado inicialmente como parte de la red en la parte de transporte y logística.
- Mario Ordóñez, señalado inicialmente como parte de la red en la parte de transporte y logística.
Es decir, el caso se reducirá de 19 a siete procesados para las siguientes etapas. En la lista quedan:
- Eliseo Azuero, exasambleísta.
- José Párraga, efectivizador de cheques de la organización.
- Miguel Ganchozo, efectivizador de cheques de la organización.
- Jorge Jalil, exsubdirector del Secob.
- Pablo Cruz, exservidor del Secob.
- Danny Calderón, exfuncionario del Secob.
- Danilo Véliz, accionista del Consorcio Pedernales – Manabí.
Luego de la sustanciación del procedimiento abreviado, en la Corte Nacional de Justicia se instalará la audiencia preparatoria de juicio del caso.
El juez Marco Rodríguez decidirá cuáles de los siete procesados restantes van a juicio.
El pedido
Luego de presentar las pruebas en contra de cada uno de los procesados que se acogieron al procedimiento abreviado, la fiscal Salazar hizo el siguiente pedido a la justicia.
- Para Daniel Mendoza, en calidad de autor, una pena reducida de 50 meses (4 años y dos meses) de cárcel.
- Para René Tamayo, Jean Carlos Benavides, Franklin Calderón y José Véliz, en calidad de autores, la pena reducida de 34 meses (2 años y 10 meses) de cárcel.
- Para Jennifer Cobeña, Ángel Andrade y José Santos, en su rol de colaboradores en la trama criminal, solicita una pena reducida de 40 meses (3 años y 4 meses) de cárcel.
Sobre la reparación integral, el Ministerio Público solicita USD 8 millones, cantidad que deberá dividirse entre los 15 procesados. Tanto los que se sujetan al procedimiento abreviado como los que se sujetan al procedimiento normal.
En cuanto a la reparación simbólica, la Fiscalía pide la publicación de la sentencia en la página web de la Asamblea Nacional y del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Y la parte resolutiva de la sentencia en dos medios de comunicación. Así como disculpas públicas publicadas en medios de comunicación.
Tras el pedido de la Fiscalía, se dio paso a una audiencia reservada para analizar la cooperación eficaz de varios de Mendoza, Véliz, Benavides y Calderón. A las 16:00 se conoció la resolución del juez.
La resolución
Luego de un poco más de una hora de deliberación, el juez Rodríguez leyó la resolución de su sentencia.
Primero, declaró la validez procesal y aseguró que, luego de evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, los procesados abreviadamente formaron parte de una organización criminal.
Y detalló la participación de cada uno en la red:
- Daniel Mendoza: Valiéndose del cargo de asambleísta realizó acciones que consiguieron la obtención de contratos de la provincia de Manabí.
- René Tamayo: Su pertenencia a la organización se evidencia desde el proceso contractual del Consorcio Pedernales – Manabí y fue beneficiarlo de réditos económicos del Consorcio.
- Jennifer Cobeña: Integró la comisión técnica del contrato. Conocía los detalles del proceso contractual y precontractual.
- Ángel Andrade: Integró la comisión técnica que revisó las ofertas presentadas para la construcción del Hospital de Pedernales. Tuvo responsabilidad en la adjudicación, lo que se demuestra con el informe de responsabilidad penal de Contraloría.
- Jean Carlos Benavides: Cumplió las funciones de asesor nivel 1 del exasambleísta Mendoza, efectivizaba las órdenes de su jefe y se encargó de acciones referentes a la contratación del Hospital de Pedernales
- Franklin Calderón: Coordinó la estructura del grupo.
- José Santos: Se comprobó la voluntariedad de la pertenencia a la organización.
- José Veliz: Socio mayoritario del Consorcio Pedernales – Manabí. Autorizó cheques para personas que no trabajaban en la empresa.
De esta manera, el juez aceptó el pedido de la Fiscalía en cuanto a los tiempos de cárcel y a la reparación integral.
Además, sumó un pago de una multa de 10 salarios para Mendoza, Cobeña, Andrade y Santos. Y de cuatro salarios para los otros sentenciados
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