BanEcuador y Mercampar, piezas faltantes en el rompecabezas de Pedernales

Los detalles del funcionamiento de la red de corrupción en Manabí fueron proporcionados por el principal implicado: Daniel Mendoza, en su testimonio anticipado. La red tenía una persona clave en el banco público para el cobro de cheques.

Para Daniel Mendoza, exasambleísta y principal involucrado en el caso Hospital de Pedernales, este proceso “representa un caso de, potencialmente, muchos que son parte o producto de un sistema que está francamente roto“.

Esa afirmación forma parte del testimonio anticipado del político manabita, que será incluido entre las pruebas que la Fiscalía utilizará en su acusación formal. La entidad investiga un presunto delito de delincuencia organizada por la fallida construcción de la casa de salud y está a la espera de que el juez Marco Rodríguez convoque a la audiencia preparatoria de juicio.

Las investigaciones permiten presumir que en el Estado, específicamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, operó un sistema de repartición: obras y cargos a cambio de votos y apoyos políticos.

Y que, además, ese reparto de obras y cargos significó un sistema de pagos de sobornos a servidores públicos y proveedores del Estado.

Según las primeras investigaciones y versiones, el mismo patrón se evidencia en las obras de construcción del Hospital de Pedernales y las de fiscalización del Hospital de Bahía de Caráquez.

Pero, no son las únicas. Ahora se dan luces de un tercer contrato en el que operó la red, también en Manabí.

La fiscalización para Jalil

Aunque en el caso están siendo procesadas por delincuencia organizada 19 personas y 17 más han sido nombradas, según las versiones, en la trama de corrupción hay cinco actores principales.

Eliseo Azuero, exasambleísta.
Daniel Mendoza, exasambleísta.
Jean Carlos Benavides, exasesor de Mendoza.
Franklin Calderón, constructor manabita.
Jorge Jalil, subdirector del Secob.

Según Mendoza, como parte del reparto del Ejecutivo, Azuero recibió el control político del Secob. Y él ubicó a René Tamayo y a Jalil como las principales autoridades de esa entidad.

Edmundo Tamayo, director del Secob (centro), recorrió el terreno del Hospital de Bahía de Caráquez el 28 de octubre de 2019. Secob

El control que ejercía Azuero en esa entidad habría llegado a oídos de constructores manabitas, quienes estaban interesados en obras hospitalarias que estaban en ejecución y planificación.

Uno de ellos es Franklin Calderón, quien a través de la empresa Joalnapi, buscaba el contrato de fiscalización del Hospital de Bahía de Caráquez. Solo faltaba el visto bueno de Tamayo para hacerse de ese contrato.

Entonces contactó a Mendoza, a través de Benavides, para que sirva de nexo con Azuero. A cambio de la confirmación del contrato él les ofreció USD 350.000. USD 150.000 fueron para Azuero y el resto para el movimiento político Mejor, liderado por Mendoza.

Esa ‘transacción’ fue la base de la relación entre Azuero y Calderón, que fue intermediada por Mendoza. Además, a esa estructura se sumó Jorge Jalil, quien era el hombre de confianza de Azuero en el Secob.

Justamente, entre Azuero, Calderón y Jalil delinearon la adjudicación de la obra de construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Pedernales – Manabí. Y estructuraron el cuadro de pago de sobornos que representó el 12% del total del costo de esa obra.

Luego, una vez más a través de Mendoza y su asesor, Calderón acudió a Azuero para buscar el contrato de fiscalización en la obra de Pedernales.

Pero, en esa ocasión la respuesta fue negativa. En carnaval de 2020, Azuero fue de viaje a Manta y Mendoza lo visitó. Azuero le explicó que la petición no era posible porque la fiscalización ya había sido comprometida a una empresa cercana a Jalil.

Según Mendoza, Azuero se refería a Jalil como su ahijado. “Era de su confianza. Le había dado resultados desde que trabajaba en la Coordinación Zonal de Guayas, y luego de darle resultados económicos en esa coordinación zonal, lo recomendó como subdirector nacional del Secob y, por eso, me dijo que era una decisión tomada”.

Se trataba de la empresa Mercampar S.A., que además ya fue observada por la Contraloría General del Estado.

Según el organismo de control, el Secob adjudicó el contrato a esta constructora por un monto de USD 637.602, pese a que no demostró la experiencia requerida.

El cobro de los cheques

Según Mendoza, el respaldo y la entrega de la fiscalización a Jalil tenía un interés por parte de Azuero.

Buscaba que el exsubdirector del Secob le ayudara a cobrar los cheques de las coimas, que los representantes del Consorcio Pedernales – Manabí le entregarían.

Sin embargo, esos cheques tardaron en llegar.

Por esta razón, Azuero pidió a Mendoza que le ayudará a presionar a Richard Martínez, ministro de Economía, para que se haga el pago del anticipo por el Hospital de Pedernales. Aunque, en su declaración voluntaria ante la Fiscalía, el funcionario negó que él haya participado en el pago de ese dinero.

¿Cuál era el argumento de presión? Parte de ese dinero, dijo Mendoza en su declaración, debería llegar a los legisladores del BADI, porque de lo contrario no votarían a favor de la Ley Económica, que por esas fechas se debatía en la Asamblea.

Una vez pagado el anticipo, en cambio, empezó la ‘odisea’ para cobrar los cheques que estaban en BanEcuador. Otra vez, Azuero pidió ayuda a Mendoza para que el cobro se haga en Manabí.

Según Mendoza, en ese momento el gerente del banco en Manabí era Galo Fernández, quien había sido recomendado por él cuando la entidad era dirigida por Jorge Wated, actual titular del Seguro Social.

Inicialmente, Mendoza había recomendado a Kevin Barreto, quien según él, era parte de Ruptura de los 25, organización política de los ministros María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán y ahora denominada Construye. Pero Barreto, a su vez, le recomendó a Fernández, quien también era conocido por Jean Carlos Benavides.

Benavides se encargó de poner en contacto a Calderón con Fernández para que se proceda al pago de los cheques que, según Azuero, serían destinados para pagar a los legisladores del BADI.

Así, la red de corrupción pudo retirar cerca de USD 400.000 de la cuenta de BanEcuador en la que estaba el dinero del anticipo del Hospital de Pedernales.

Esos retiros que se hicieron a través de varios cercanos a Mendoza y a Benavides, durante los primeros días de la emergencia, fueron rastreados por la Fiscalía y dieron el inicio del caso.