El Gobierno frenó el paro nacional con una docena de concesiones

El 15 de junio, dos días después de iniciado el paro nacional, llegó el decreto 452 que dispuso a los gobernadores que "intensifiquen y fortalezcan los operativos y mecanismos de control necesarios para prevenir y erradicar procesos especulativos, en especial, los que elevan ilegalmente los precios sujetos a precio oficial". https://twitter.com/ComunicacionEc/status/1538667144346759168?s=20&t=zTyBAFmauo0Lp69Dgfi78g

El 17 de junio, el presidente Lasso anunció un paquete de ocho medidas económicas. Ese día firmó el decreto 454 con el que dispuso a la ministra de Salud, Ximena Garzón, que declare la emergencia en el sector de la salud, "a fin de agilizar el aprovisionamiento de medicamentos e insumos necesarios para operar la red pública integral de salud". Así, el presupuesto será aumentado en USD 200 millones.  De ese valor adicional, USD 60 millones se destinarán a la compra de medicamentos. https://twitter.com/Salud_Ec/status/1539741893994708992?s=20&t=zTyBAFmauo0Lp69Dgfi78g

Otra parte de las medidas anunciadas fueron plasmadas en el decreto 456, el 18 de junio. El objetivo fue adoptar políticas públicas compensatorias ante el incremento del costo de la vida, tras la pandemia de covid-19 y la crisis logística internacional. Estas fueron:

• Aumentar el bono de desarrollo humano de USD 50 a 55, lo que implicará USD 70 millones adicionales.
• Duplicar el presupuesto a la educación intercultural, con un total de USD 4,5 millones, en vez de los USD 2,27 presupuestados.
• Subsidiar hasta el 50% al precio de la urea a pequeños y medianos productores, que vendrá de la mano de un plan de subvención a pequeños bananeros y kits de semillas e insumos agrícolas con subsidio de 60% para agricultores. El Gobierno asignará USD 46 millones para cumplir estas promesas.
• BanEcuador condonará todos los créditos vencidos hasta USD 3.000 y entregará créditos agrícolas de hasta USD 5.000 al 1% y a 30 años de plazo. La inversión será de USD 200 millones.

Después de que la Policía tomara la Casa de la Cultura como cuartel, bajo el argumento de precautelar su patrimonio, el simbólico lugar de las luchas sociales se convirtió también en un punto álgido en la contienda entre el gobierno y las organizaciones indígenas. Finalmente, el 23 de junio, el Ejecutivo cedió y desalojó el punto, dejándolo en manos de los manifestantes. Ahí se celebraron varias asambleas populares y fue el epicentro del festejo una vez que el paro llegó a su fin.

La primera gran concesión del Ejecutivo fue la rebaja de 10 centavos en el precio de la gasolina Extra y Ecopaís y el diesel, el 26 de junio, con el decreto 462. Sin embargo, esto no fue suficiente, frente a la rebaja de 40 centavos que esperaban la Conaie, Feine y Fenocin. Por lo que en el acta firmada en el último día de paro nacional, el Gobierno aceptó una rebaja total de 15 centavos por galón para ambos combustibles, ejecutada con el decreto 467 del 30 de junio. Así, el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís pasará de USD 2,55 por galón a USD 2,40 por galón. Y el diésel pasará de USD 1,90 por galón a USD 1,75 por galón. La medida representará un gasto adicional de USD 340 millones anuales, aunque el valor puede variar en función del precio internacional del petróleo.

Durante las casi tres semanas de movilizaciones, el presidente Lasso derogó tres decretos de estado de excepción. El primero por evitar que la Asamblea se pronuncie al respecto y lo derogue. El segundo se dio en el marco de las peticiones de la dirigencia de las organizaciones sociales de que se retire la medida, el 25 de junio. Y el tercero, que se ordenó en cuatro provincias, sin contar Pichincha, donde estaba el epicentro de las manifestaciones, sigue vigente, aunque sin los toques de queda y con el compromiso de derogarlo totalmente a medida que se retome el orden público en cada territorio.

También, como parte de los acuerdos firmados el 29 de junio, el presidente Lasso firmó la derogatoria del decreto 95, que trazaba una serie de acciones para abrir el sector petrolero a la inversión privada. Entre ellas, el Mandatario disponía elaborar una reforma legal para permitir que empresas extranjeras inviertan en los campos que opera la petrolera estatal Petroecuador. También ordenó reformular y revivir el modelo de contrato de participación, que fue abandonado durante la administración del expresidente Rafael Correa. Ese modelo contractual es la apuesta del Gobierno para fomentar la exploración y explotación petrolera y reducir la exposición del Estado a los riesgos financieros como, por ejemplo, la fluctuación de los precios del petróleo. El decreto ordenaba, además, la venta de las 42 gasolineras de propiedad de Petroecuador.

Otro de los acuerdos del Ejecutivo fue modificar su política minera. El presidente firmó el decreto 468, también el 30 de junio. En el documento decía que "no ejercerá su facultad excepcional prevista en la Constitución de la República, que permite solicitar la actividad extractiva de los recursos naturales no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, en territorios ancestrales y zonas arqueológicas de conformidad con la ley". Y que "se instruye al ministerio del ramo no presentar ni aprobar nuevos proyectos de actividad extractiva de recursos naturales no renovables". Pero no mencionaba nada sobre la consulta previa a las comunidades. Sin embargo, el documento fue retirado del sistema público de decretos y hasta el cierre de esta edición no había sido publicado nuevamente. https://twitter.com/confeniae1/status/1542834678662664192?s=20&t=tDdlS_9RnebSwWE_CGtLWA

El Gobierno se comprometió, con la firma del Acuerdo por la Paz, a establecer mecanismos de diálogo y procesos para avanzar en 90 días en los puntos que no fueron aún resueltos. Entre ellos están:

• La focalización del subsidio a los combustibles, ya que no hubo conformidad con la rebaja del precio de 15 centavos por galón.
• La elaboración de un proyecto reformatorio al artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.