"Atrás de esa ONG está el señor Soros", el comentario del Gobierno sobre la queja de Human Rights Watch

La semana pasaa, la organización internacional Huma Rights Watch (HRW) remitió una carta al Gobierno, para expresar su preocupación por los supuestos abusos de policías y militares en esta llamada 'guerra' contra el crimen. Pero al interior de la administración de Daniel Noboa, el informe no fue bien recibido.

En una cita con los medios, el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, rechazó el reporte y las observaciones de HRW, e incluso acusó a la entidad de buscar la desorganización de las sociedades a través de los derechos humanos.

"Nosotros sabemos quiénes están detrás de cada una de las organizaciones. Atrás de esa ONG está el señor (George) Soros, que no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, promueve la desorganización de las sociedades y la completa penetración de grupos irregulares escudados en temas de derechos humanos", dijo Torres sobre la organización.

Pero, según la ONG, el primer estado de excepción, decretado por Noboa el pasado enero de 2024, no estuvo suficientemente motivado. Incluso, se indicó que esta medida contribuyó a serias violaciones de los derechos humanos.

"Las violaciones incluyen al menos una aparente ejecución extrajudicial y múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos", señaló HRW.

Para llegar a estas conclusiones, la organización entrevistó a una docena de víctimas de abusos, solicitar informaciones a instituciones del Estado, analizar 33 fotografías y videos y revisar expedientes de casos judiciales.

En un caso documentado por Human Rights Watch, los soldados mataron el 2 de febrero en Guayaquil a Carlos Javier Vega, de 19 años, e hirieron a su primo Eduardo Velasco, a quienes las Fuerzas Armadas acusaron de haber presuntamente intentado “evadir el control, embistiendo a personal militar” y los calificó de “terroristas”.

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Muchas de las personas reportadas como detenidas no fueron llevadas ante Fiscalía y parecen haber sido detenidas durante breves períodos al margen del proceso legal, agregó HRW.

También se denunció que "los militares, que controlan las cárceles ecuatorianas desde enero, han mantenido incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica".

Tras estos reportes, Torres reconoció que las denuncias presentadas por HRW no son las únicas, y que hay más organizaciones que se han expresado en ese sentido.

Y por ello, afirmó que el Gobierno acogerá esos reportes y tomará correctivos "en el caso que haya que tomar correctivos".

El funcionario apuntó que "el Gobierno lucha contra la corrupción con todas las armas que le han dado los ciudadanos y le responde a los ecuatorianos, no a estas organizaciones internacionales".

Desde inicio de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con el que pasó a catalogar a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Al mismo tiempo emitió un estado de excepción a nivel nacional que estuvo en vigor desde el 8 de enero hasta el 7 de abril. Y recién la semana pasada, decretó una nueva emergencia focalizada en siete provincias.