El presidente Guillermo Lasso planea enviar un veto parcial y por inconstitucionalidad a la propuesta aprobada por UNES y Pachakutik en la Asamblea.
El Gobierno busca la manera de salir de la encrucijada en la que le ha puesto la Asamblea. Es por ello que presentarán un veto parcial y por inconstitucionalidad a las reformas a la Ley de Comunicación que la Asamblea aprobó en julio de 2022.
La iniciativa de esta reforma nació del mismo presidente Guillermo Lasso, quien en campaña ofreció derogar la Ley de Comunicación del correísmo. Pero gracias a que en la Asamblea el Gobierno actúa en minoría, su propuesta fue transformada en unas reformas que, según el Ejecutivo, son una nueva mordaza para la prensa.
Organizaciones y gremios nacionales e internacionales han pedido al presidente Lasso un veto total. Sin embargo, esta no es una opción que Carondelet contemple.
Un veto total le prohíbe a la Asamblea tratar el proyecto de ley durante un año. Pero pasado ese plazo, los legisladores pueden ratificarse en los textos originalmente aprobados. Este escenario, a criterio de la Presidencia, es peor e impredecible.
Por ello, la opción es vetar parcialmente o por inconstitucionalidad el 95% del texto aprobado por el Legislativo. El tema se analizó con representantes de la prensa en una reunión este 17 de agosto de 2022.
El plazo para enviar el veto a la Asamblea vence la última semana de agosto.
El contenido del veto
El Ejecutivo aún no ultima los detalles de lo que será el veto, pues aún están “reuniendo insumos”. El secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, viajó este 17 de agosto de 2022 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reunirse con el relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca.
Asún así, ya hay definiciones: el veto contendrá objeciones parciales y objeciones por inconstitucionalidad.
Las objeciones por inconstitucionalidad obligan a que esos temas pasen a conocimiento de la Corte Constitucional, que tiene un mes para pronunciarse. Los puntos incluidos en esta parte del veto serían:
- Eliminar la opinión del contenido comunicacional.
- Limitación a la prohibición de la censura previa.
- Responsabilidad penal y administrativa para periodistas.
- Aprobación de los planes de comunicación por Arcotel.
- Exclusión de los medios comunitarios del régimen aplicable para todos los demás medios.
Mientras que los otros temas enfrentarían vetos parciales. En estos casos, las objeciones pueden ser aceptadas o rechazadas por el Pleno de la Asamblea, y el Gobierno confía que no haya los votos suficientes para que las rechacen.
Los temas que recibirían la objeción parcial:
- Suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo.
- Modificación de la composición del Consejo de Comunicación.
- Eliminar sanciones a los medios, que implicarían talleres por orden de la autoridad.
- Eliminar los defensores de audiencia.
- Borrar el control a la autoregulación.
- Suprimir la potestad reglamentaria del Consejo de Comunicación.
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