Lasso: Jefes de las mafias pagarán por los delitos que ordenen cometer

El presidente de la República anunció un plan de acción para intentar contener la violencia en el sistema carcelario del país. Apareció en cadena nacional dos días después de la masacre en la Penitenciaría del Litoral que dejó 62 víctimas.

Nota actualizada a las 23:45, del 15 de noviembre, con la corrección del presidente sobre la reforma legal.

La crisis penitenciaria llenó la agenda presidencial este lunes 15 de noviembre. Desde el mediodía, el primer mandatario encabezó una reunión con los representantes de las demás funciones del Estado y anunció el Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria.

A las 20:00, en cadena nacional, el presidente Lasso dio los detalles de su plan de trabajo y sugirió las responsabilidades políticas de la crisis.

El mandatario recordó que la descomposición del sistema penitenciario no se ha generado de la noche a la mañana, sino que es producto de años de descuido y abandono.

Y aunque dijo que no quiere convertir la crisis en un tema político, insistió en que “vivimos las consecuencias de la politización y de la corrupción de la seguridad ciudadana. Entregaron deliberadamente territorio a bandas delictivas para que operaran de manera impune”.

Aunque no dio nombres, dijo que “crearon” un entorno permisivo para el crimen. El gobierno, aseguró, está enfrentando a los más grandes carteles de la droga.

Los describió como organizaciones con modernas infraestructuras, con sofisticadas armas, complejas plataformas tecnológicas y respaldadas por un músculo económico importante.

Los carteles se adueñaron de las calles y cárceles.
Guillermo Lasso

Y anunció dos medidas que tomó en estos días. Lasso dijo que, en persona, asumirá la coordinación de las fuerzas del orden. “La seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número 1 del despacho presidencial”, aseguró.

Su primera decisión en ese contexto fue ordenar un masivo operativo conjunto entre Policía y Fuerzas Armadas. Los uniformados estarán allí, de manera indefinida, para vigilar los perímetros internos y externos de las cárceles.

Y una segunda medida fue rearticular el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Por eso, dijo, se cambió al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y ratificó que Fausto Cobo es el nuevo titular del Centro de Inteligencia, seguirá a cargo de SNAI.

“Haremos caer sobre los violentos toda la fuerza de nuestras leyes y nuestras instituciones”
Guillemo Lasso

Reforma para detener a las mafias

Uno de los acuerdos de las funciones del Estado fue que el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría elaborarán un proyecto de ley de Seguridad Ciudadana.

Según Lasso, el proyecto propondrá la reestructuración y coordinación de todas las entidades públicas relacionadas con el sistema nacional de rehabilitación social.

Y se aprobarán, dijo, las normas para el uso progresivo de la fuerza.

Anunció que la ley buscará la sanción directa de los jefes de las mafias: “no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales, escondiéndose detrás de sus secuaces”.

El proyecto de ley propondrá la tipificación del delito de autoría por dominio de organización, dijo en la cadena nacional.

Más tarde, sin embargo, en sus redes sociales, el mandatario corrigió y precisó que en el cuerpo legal “ampliaremos y aplicaremos la teoría de autoría por dominio de organización”.

“Los jefes pagarán también por los delitos que orden cometer a sus cómplices”, anunció.

Pacificación sin negociación

Otro de los acuerdos es el inicio de un proceso de pacificación a través del diálogo, con apoyo de la sociedad civil y de organismos internacionales.

El primer mandatario precisó que será una tarea de “respetables y destacados ecuatorianos”. Podrán mediar entre las bandas delincuenciales, “pero sin negociar ni ceder nada por parte del Estado“.

El objetivo, dijo, es llegar a la convivencia pacífica en la Penitenciaría del Litoral.

Estado de excepción

Lasso también aseguró “volverá a decretar, cuantas veces sean necesarias, el Estado de Excepción en las cárceles del país” y dijo que “espera contar con el apoyo de todas las instituciones” del Estado.

Según su visión, los Estados de excepción son una pugna exclusivamente con los violentos, y nadie más y son herramientas absolutamente necesarias y eficaces en esta lucha.