El Parlamento Andino aprobó un protocolo que tiene 55 páginas y recoge regulaciones nacionales y regionales para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y fomentar la pesca sostenible en Ecuador, Colombia, Perú y Chile.
El Parlamento Andino aprobó el Marco Normativo para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Lo hizo a finales de noviembre, y pretende fomentar el desarrollo sostenible de los recursos marinos en el Pacífico Sur.
Ahora, el organismo suprarregional recomienda al Consejo Andino de Cancilleres y a los órganos legislativos de los países miembros acoger la normativa, para que entre en vigencia. El Parlamento no puede tomar decisiones vinculantes para los Estados de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Tras la última excursión de la flota pesquera china por aguas internacionales del Pacífico sur y su estancia de semanas alrededor de la zona económica exclusiva (ZEE) insular, las alertas internacionales se encendieron una vez más contra la pesca ilegal.
Aunque el gobierno chino negó que su flota realizara actividades ilegales, no declaradas o no reglamentadas, es de conocimiento mundial que el mercado asiático es el mayor consumidor de especies marinas protegidas, como las aletas de tiburón.
Y, en las costas ecuatorianas, también es conocido el problema de la pesca incidental y de las artes de pesca que, aunque reglamentadas, no protegen la Reserva Marina de Galápagos frente a la pesca industrial.
Así, el Parlamento Andino se suma a las entidades que buscan herramientas para controlar las formas de pesca y endurecer las regulaciones locales y la vigilancia regional para evitar el consumo indiscriminado de los recursos marinos.
¿Qué propone el Parlamento Andino?
Si bien la normativa es regional, el centro de atención es la Reserva Marina de Galápagos. Es así que el artículo 12, numeral 5, literal a, plantea la creación de una zona protegida conjunta entre Ecuador y Colombia, desde el Archipiélago hasta la isla de Malpelo, para proteger el corredor marítimo común.
Los principios que rigen la normativa son:
- Aprovechamiento sostenible
- Conservación y compromiso ambiental
- Desarrollo de tecnologías
- Investigación e información
- No contaminación
- Ordenación
- Participación y coordinación
- Protección
- Fiscalización y vigilancia
Si la normativa es aceptada por los países miembros, estos deberán cooperar con los demás Estados parte para asegurar la conservación eficaz de las poblaciones de peces, para fortalecer la capacidad de fiscalización, monitoreo, control y vigilancia, así como de investigación científica en materia de pesca.
Un dispositivo agregador de peces encontrado dentro de la Reserva Marina de Galápagos, donde está prohibido su uso, el 18 de noviembre de 2020. PRIMICIAS
Puertas adentro, cada país deberá asegurar que los buques pesqueros que lleven su bandera cumplan con todas las medidas establecidas, mantener un registro de dichos buques, realizar análisis de riesgo e inspecciones y sancionar a quienes lo incumplan. También deberán prohibir el desembarco o transbordo de embarcaciones que realicen pesca ilegal o no reglamentada.
La normativa topa temas como la mejora de los artes de pesca selectivos, eliminar los métodos no responsables, reducir al mínimo el desperdicio de capturas, eliminar el exceso de pesca o sobrepesca.
Pero, la normativa también exige que los dueños de las embarcaciones garanticen el procesamiento de basuras y desperdicios generados abordo, así como reducir el material transportado que podría convertirse en basura.
Una activista de Más Galápagos muestra los microplásticos recogidos en el mar, en medio de varios desechos encontrados por los pescadores en Galápagos, el 18 de noviembre de 2020. PRIMICIAS
Fiscalización de la pesca ilegal
El Parlamento Andino propone establecer un Comité Andino Contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada que desarrolle un plan de acción entre Ecuador, Colombia y Perú, que incluya a las autoridades de Pesca y Defensa.
Construir bases de datos que armonicen los indicadores y sistemas estadísticos en materia de datos de licencias, otorgamiento de subvenciones y contribuciones a las flotas pesqueras.
Fomentar acuerdos para el intercambio de información, para establecer un sistema regional andino de interconexión que incluya registros estandarizados y complementarios de buques pesqueros industriales que realizan prácticas sostenibles y de aquellos que se dediquen a la pesca ilegal para evitar su acceso a los puertos regionales.
Diseñar medidas conjuntas para una supervisión integral de todas las etapas de la actividad pesquera, incluyendo el monitoreo satelital de las embarcaciones, para conocer cuando las calas se realizan en zonas prohibidas o suspendidas.
Establecer estrategias de vigilancia periódica que incluyan inspecciones en puertos y en el mar, investigación documental y supervisión aérea, así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como medios satelitales.
Finalmente, la normativa propone el establecimiento de un Sistema Regional de Seguridad Marítima (SRSM), como una herramienta colaborativa para la gestión de crisis transfronterizas en el entorno marítimo regional.
¿Cómo entra en vigencia la normativa?
El Parlamento Andino no tiene poder vinculante sobre los Estados miembro, por lo que las normativas que emite deben pasar primero por la aprobación de los congresos de cada país, o la Asamblea Nacional, en el caso ecuatoriano.
Sin embargo, el Consejo Andino de Cancilleres o de Presidentes tiene la potestad de convertir el documento en una norma comunitaria. Es decir, que rija dentro de los límites de los países andinos y que pueda aplicarse a las flotas pesqueras internacionales.
Así lo explica Patricia Terán, vicepresidenta ecuatoriana del Parlamento Andino, quien cuenta que esta es la vía más rápida para tener una regulación regional tan necesaria. Ya que no todos los países se rigen por los mismos tratados internacionales en el tema, por ejemplo, Colombia no ratificó la Convemar y Perú nunca fue parte.
Terán lamenta que, pese a que la iniciativa nació de un exhorto de la Función Legislativa ecuatoriana, en este momento tal vez no haya la celeridad necesaria para tramitar su aprobación dentro del país, por la coyuntura político electoral.
Por ello, la parlamentaria considera que, dada la necesidad de incrementar el control y vigilancia para proteger los recursos ecuatorianos y regionales de la pesca a gran escala y la pesca ilegal, el gobierno nacional debería trabajar para que uno de los consejos de la CAN apruebe la normativa.
Creo que este va a ser un precedente histórico para Ecuador, si es que se toma esta decisión.
Patricia Terán, vicepresidenta del Parlamento Andino
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