La inseguridad, un problema urgente que hereda el gobierno de Guillermo Lasso

Hay 17 grupos que se mueven del lado colombiano y tratan de infiltrarse en el país por los 600 kilómetros de frontera a lo largo de las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas. Desde Carchi y Esmeraldas, a través del puerto colombiano de Tumaco, estos grupos buscan introducir al país droga para movilizarla a los puertos de la Costa ecuatoriana, para luego enviarla a Centro y Norteamérica y hacia Europa. Mientras que desde Sucumbíos, se presume, se está utilizando el corredor amazónico para llevar estas sustancias hacia Brasil. En 2020, se decomisaron 128.432 kilos de droga. Esa cifra fue 61,49% más alta que la de 2019 y es la más alta de la historia. Pero, según la tendencia, ese récord se volverá a romper en 2021. Entre enero y febrero de 2021, la Policía Nacional decomisó 22.629 kilos de narcóticos. Esta cantidad es 35,36% mayor a la decomisada en el mismo período de 2020.

En cuanto a los niveles de inseguridad y violencia interna, Ecuador cerró 2020 con las peores cifras de los últimos seis años. Estos indicadores se miden, principalmente, con la tasa de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Luego de años de una tendencia a la baja, desde 2019, Ecuador empezó a subir nuevamente su cifra de homicidios intencionales. Y en 2020, tras el confinamiento por el Covid-19, la tasa bordeó los siete puntos. Además, el incremento de la inseguridad e, incluso, de los casos de sicariato hizo que el Gobierno instale comités de seguridad en todas las provincias. Por ejemplo, solo en Manta, en cuatro días se produjeron cinco atentados tipo sicariato y el ministro de Gobierno se movilizó a la zona.

La masacre de 79 presos, ocurrida el 23 de febrero de 2021, es solo una de las señales más crudas del grave problema que atraviesa el sistema carcelario ecuatoriano. La violencia al interior de los pabellones, generada por la guerra de bandas criminales, está fuera de control. De allí que en 2019 y 2020, las cárceles ya vivieron tiempos de crisis. Esto sin contar con la falta de presupuesto, el hacinamiento, la falta de guías penitenciarios suficientes, la infraestructura deteriorada. Por lo que el sistema entero necesita de rehabilitación.