El Ejército ecuatoriano ha ubicado campamentos, laboratorios de cocaína y hasta ‘caletas’ en la frontera norte.
Las alarmas las encendió el propio presidente Lenín Moreno, al declarar tras un encuentro en Mataje con el presidente de Colombia, Iván Duque, que “hay grupos armados que se están formando en Ecuador”.
Añadió que estas organizaciones cuentan con la asesoría de grupos guerrilleros colombianos. Y que Ecuador ha detectado esta actividad y la ha denunciado.
Lo dijo el domingo 10 de enero de 2021. Ese día, Moreno y Duque se reunieron en la frontera y verificaron el avance de la construcción del puente binacional de Mataje, provincia de Esmeraldas.
Esa es la zona donde se han dado los mayores brotes de violencia asociada con grupos irregulares. En 2018, fue secuestrado en Mataje y luego asesinado en cautiverio un equipo periodístico de diario El Comercio.
Ese mismo año también fueron asesinados tres marinos en la zona y un cuartel policial fue objeto de un atentado con un carro bomba. Una pareja de comerciantes también fue secuestrada y asesinada.
Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa de Ecuador, habló con PRIMICIAS sobre la alerta presidencial.
Jarrín dice que los grupos a los que se refirió Moreno son organizaciones ilegales y armadas colombianas. Y que, si bien puede haber alguna participación ecuatoriana, eso no se ha confirmado todavía.
Estos grupos fueron hallados por las Fuerzas Armadas, durante patrullas fronterizas, a inicios de septiembre de 2020.
Tres campamentos clandestinos fueron ubicados en el sector de la triple frontera, en Sucumbíos. La zona se denomina así porque está en la línea limítrofe que comparten Ecuador, Colombia y Perú.
Los campamentos estaban en Concepción, Hacha y El Remanso, que están ubicados a orillas del río Putumayo del lado ecuatoriano. Los grupos subversivos eligen esta zona porque si son sorprendidos por militares ecuatorianos pueden cruzar de inmediato al lado colombiano y huir.
El objetivo de estos campamentos es servir como bodegas y puntos de logística para los grupos disidentes de la ya desmovilizada guerrilla de las FARC. Los grupos libran batallas de control territorial en Colombia.
Según los panfletos encontrados en los campamentos, las estructuras pertenecían al grupo Comandos de la Frontera (CDF).
Además de estos campamentos, el Ejército también halló una planta procesadora de cocaína y varias caletas donde los delincuentes ocultaban armas y explosivos.
Sin embargo, dice Jarrín, el hecho de que estos hallazgos se hayan hecho en Sucumbíos no quiere decir que todo el movimiento de estos grupos esté en esta zona.
Hay 17 grupos que se mueven del lado colombiano y tratan de infiltrarse en el país por los 600 kilómetros de frontera a lo largo de las provincias de Sucumbíos, Carchi y Esmeraldas.
Desde Carchi y Esmeraldas, a través del puerto colombiano de Tumaco, estos grupos buscan introducir al país droga para movilizarla a los puertos de la Costa ecuatoriana, para luego enviarla a Centro y Norteamérica y hacia Europa.
Mientras que desde Sucumbíos, se presume, se está utilizando el corredor amazónico para llevar estas sustancias hacia Brasil.
Violencia no cede
Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura forman la denominada Mancomunidad del Norte. Las tres primeras provincias son fronterizas con Colombia y la cuarta es una zona de paso hacia la zona limítrofe.
Las cifras oficiales dan cuenta de que la violencia no ha cedido completamente en la frontera norte.
Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la forma más adecuada para medir ese parámetro es con la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes.
La cifra más actualizada de la Unodc es de 2018: ese año la tasa mundial fue de 5,78 muertes violentas por cada 100.000 habitantes.
Según los datos del Ministerio de Gobierno, Esmeraldas y Sucumbíos están por encima de la media mundial de violencia. Carchi e Imbabura, en cambio, están por debajo.
En 2020, pese a la pandemia que obligó a un confinamiento de la población y a la adopción de restricciones de movilidad, la tasa aumentó en Esmeraldas y Sucumbíos frente a 2019.
Septiembre de 2020, en el caso de Esmeraldas, y noviembre, en el de Sucumbíos, fueron los meses con más muertes violentas.
Aunque las cifras se ubicaron por debajo de 2018, año de la mayor crisis de seguridad fronteriza de la historia reciente del país.
Problemas siguen, pese a intervención estatal
En enero de 2018, el Ministerio de Gobierno aprobó el proyecto Fortalecimiento de la Policía Nacional para garantizar la Seguridad Ciudadana en las zonas de frontera y de mayor índice delictivo.
Esa iniciativa fue incluida en el Plan Anual de Inversiones del Gobierno (PAI) 2019. La falta de recursos, sin embargo, evitó que se ejecutara. Por este rezago, el proyecto se postergó para 2020.
El proyecto debía ponerse en marcha entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021. La inversión total en este lapso debía ser de USD 33,1 millones
Sin embargo, al no haberse concretado en su primer año, toda la programación se arrastró para un período más. Es decir, el proyecto culminará en 2022.
Para 2020, el Ministerio de Gobierno esperaba invertir USD 9,6 millones para seguridad en zonas de frontera y de mayor índice delictivo.
Según el reporte de avance del proyecto más reciente, correspondiente a noviembre de 2020, han empezado los procesos contractuales para la compra de equipamiento, pero la mayoría no se ha concretado:
- Cascos blindados con protección y chalecos antibalas: El 14 de septiembre se publicó el proceso en el Sercop, pero no ha concluido.
- Vehículos tácticos blindados: El 23 de noviembre de 2020 se determinó que no existe producción nacional por lo que está pendiente la autorización de importación del Sercop.
- Armas largas: Proceso detenido porque el 19 de noviembre de 2020 el Ministerio de Finanzas realizó un recorte presupuestario donde constaba esta actividad.
- Balanzas electrónicas: Fueron adquiridas y debieron entregarse hasta mediados de diciembre, pero el proveedor solicitó una prórroga porque sus trabajadores se contagiaron con Covid-19.
- Botes inflables: El Ministerio solicitó cotizaciones a siete proveedores y recibió cinco. Solo uno tiene las características solicitadas y falta una corrección en las especificaciones técnicas.
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