Luego de 743 días, la Fiscalía no ha procesado a nadie, ni ha formulado cargos, en los casos relacionados a la violencia en la frontera norte ocurridos en 2018.
Dos años y 10 días han pasado desde que la Fiscalía General empezó a investigar el secuestro y el asesinato en cautiverio de un equipo periodístico de diario El Comercio, en Mataje (Esmeraldas), poblado ecuatoriano fronterizo con Colombia.
En este tiempo, tres fiscales han actuado en el caso.
- Wilson Toainga, fiscal de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot).
- Belén Corredores, fiscal de la Comisión de la Verdad.
- Nelson Guano, fiscal de la Comisión de la Verdad.
Luego de más de dos años, el caso no ha rebasado la barrera de la investigación previa. Por lo que las acciones de la Fiscalía siguen siendo reservadas.
Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en esta fase la Fiscalía debe reunir los elementos convicción, construir una teoría del caso y decidir si formula cargos contra los procesados o solicita el archivo del proceso.
En el caso del secuestro y asesinato en cautiverio del equipo periodístico, la investigación podía durar hasta dos años. El plazo se cumplió el 25 de junio de 2020.
Transcurrido el plazo, según la norma, la Fiscalía tiene 10 días para solicitar el archivo del caso.
Sin embargo, la entidad comunicó a los familiares de las víctimas que "sin perjuicio del plazo de dos años, Fiscalía va a continuar la investigación en razón a garantizar el derecho a la verdad".
Marcha de familiares y amigos del equipo de diario El Comercio, el 19 de abril de 2018. @NosFaltan3
Pablo Encalada, abogado penalista, explica que si bien el COIP no faculta a la Fiscalía para alargar más de dos años una investigación previa, es una práctica común debido a la acumulación de trabajo que tiene la entidad.
Casos sin avance
El caso del equipo periodístico no es el único relacionado a la violencia que ocurrió en la frontera norte en 2018. Además, la Fiscalía maneja otros cuatro procesos penales.
El 27 de enero de 2018, Ecuador amaneció con la noticia del primer atentado terrorista de su historia. Esa madrugada, un coche bomba explotó en las inmediaciones del cuartel policial de San Lorenzo, en Esmeraldas.
El 20 de marzo de 2018, tres marinos ecuatorianos murieron en una explosión, cuando se acercaron durante un patrullaje a lo que resultó ser una bomba artesanal.
Seis días despúes, el 26 de marzo de 2018, un equipo periodístico de diario El Comercio fue secuestrado en territorio ecuatoriano en Mataje. Casi un mes después del secuestro se confirmó que el periodista, el fotógrafo y el conductor plagiados habían sido asesinados en cautiverio.
El 12 de abril de 2018 también fueron secuestrados Óscar Villacís y Katty Velasco en el caserío colombiano de Puerto Rico, que limita con la zona rural de San Lorenzo. Tres meses después también fueron asesinados en cautiverio.
El 12 de mayo de 2018, finalmente, fue secuestrado por los disidentes el militar Wilson Ilaquiche. Y en marzo de 2019, su cuerpo fue encontrado en una morgue en el municipio portuario de Tumaco, en Colombia.
Al igual que en el denominado caso Nos Faltan 3, los dos años de investigación previa también terminaron en los casos del secuestro de Óscar y Katty y del asesinato de la patrulla de marinos.
La Fiscalía informó a PRIMICIAS que así como en el caso de los periodistas, la investigación también se alargará el tiempo que sea necesario para el caso de Óscar y Katty.
Sin embargo, Elvia Villacís, hermana de una de las víctimas, dice que la Fiscalía no les ha informado esa decisión. "Prácticamente no han hecho nada. Todavía nos sabemos por qué los mataron", dice la mujer.
Para el caso de los marinos asesinados en Mataje, cuya investigación previa terminó el 20 de marzo de 2020, en cambio, no se ha dispuesto una prórroga de la investigación previa. Pero, según Encalada, la Fiscalía podría continuar en las indagaciones mientras el delito no prescriba.
Yadira Aguagallo, integrante del colectivo Nos Faltan 3, que agrupa a familiares y amigos de las víctimas, explica que la percepción de las familias es que la Fiscalía no ha avanzado, ni ha logrado construir una teoría del caso solida.
Incluso, dice, algunas diligencias importantes fueron solicitadas por sus abogados. Por ejemplo, la versión de los exministros César Navas y Patricio Zambrano, quienes manejaron la emergencia.
Ademas, menciona Aguagallo, "llama la atención que la Fiscalía siga buscando a los autores materiales del hecho, cuando la mayoría está detenida en Colombia".
Lo que se pretende, explica, es encontrar a los responsables en todos los niveles, por ejemplo entre las autoridades que manejaron la crisis.
El abogado Xavier Andrade, representante de las familias del equipo periodístico, dice que la investigación no ha podido avanzar a instrucción fiscal porque algunas instituciones públicas no han respondido los pedidos de información de la Fiscalía.
Entre estas entidades, el jurista menciona al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Mire aquí la cronología del caso elaborada por la FLIP:
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