Como parte de la emergencia policial, la institución invertirá los recursos en comprar municiones y blindar las UPC más peligrosas en la Costa.
La crisis de seguridad y la consecuente emergencia policial no cesan. Según los registros del Ministerio del Interior, la tasa de muertes superará los 24 casos por cada 10.000 habitantes al finalizar de 2022.
Las autoridades determinaron que el 83% de los asesinatos están vinculados a los ajustes de cuentas y otras disputas que mantienen las organizaciones criminales.
Desde enero de 2022, las autoridades del Gobierno y de la Policía han ofrecido la inversión de USD 1.200 millones para equipar y modernizar a los uniformados. Pero, las contrataciones aún no se han hecho realidad.
Para agilizar los contratos y por disposición del ministro del Interior Juan Zapata se declaró en emergencia a la Policía.
Con base a esa decisión, la Comandancia General adoptó una resolución que les permite hacer compras más rápidas y para este rubro la Policía cuenta con USD 17 millones.
Y los objetivos de esas compras son municiones, agentes químicos y arreglar infraestructura física.
La emergencia se inició el 8 de diciembre de 2022 y concluirá el 6 de febrero de 2023.
Cerramientos y municiones
Aunque solo existen 60 días disponibles para realizar las compras, hasta el domingo 18 de diciembre de 2022, la Policía no ha publicado ningún proceso de contratación bajo el paraguas de la emergencia.
PRIMICIAS pudo conocer que los estudios técnicos están en la etapa de construcción. Se espera que durante la próxima semana ya se publiquen los procesos.
Al menos USD 9 millones de los USD 17 millones de la emergencia se utilizarán para obras de infraestructura en 74 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) y en una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC).
La intención es reforzar las seguridades perimetrales de esas dependencias policiales, por ejemplo, instalar cerramientos con puertas y ventas, en algunos casos blindadas.
A inicios de noviembre de 2022, varias unidades policiales fueron objeto de atentados armados, especialmente en Durán y Guayaquil.
Por esta razón, la inversión se centrará en esas localidades y en otras siete provincias de la Costa, que albergan más del 85% de las muertes violentas del país en 2022.
Los otros USD 8 millones serán utilizados para la compra de municiones. Se comprarán balas para dotar a las policías y también para los entrenamientos de los agentes.
Según la planificación inicial, se adquirirán municiones para armas cortas, que utilizan la mayoría de uniformados; y también para armas largas para unidades especiales como el GOE, el GIR y el GEMA.
Emergencia independiente
Aunque las contrataciones de la emergencia se dan en el contexto de la crisis de seguridad, las autoridades aclararon que este es un proceso independiente a los USD 1.200 millones ofrecidos por el Gobierno.
Con ese dinero, se sigue trabajando un plan de adquisiciones de todo el sector de seguridad del Gobierno.
El plan lo está manejando Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado. Y se han planificado compras para la Policía, las Fuerzas Armadas, el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
En ese grupo de compras están las negociadas entre el Estado con otros países. La más avanzada es con Israel, y la segunda semana de diciembre de 2022 una delegación de la Policía viajó a ese país para ultimar las compras.
El ministro Zapata espera que los vehículos blindados, armas y chalecos empiecen a llegar en el primer trimestre de 2023.
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