El Consejo de la Judicatura cesó al magistrado Manuel Ruiz por “manifiesta negligencia”, relacionada con otro caso. La Asamblea anunció que ha interpuesto una queja al Consejo de la Judicatura por la actuación en el caso de Chalá.
Actualizada a las 12:17 con el comunicado de la Judicatura
El pleno del Consejo de la Judicatura resolvió este 12 de diciembre de 2019 cesar al juez Manuel Ruiz, del cantón Santa Ana, en Manabí.
El magistrado es quien, un día antes, había otorgado una acción de protección a favor de Rosa Chalá, exmiembro del Consejo de Participación Ciudadana, en la que dejaba sin efecto su destitución mediante juicio político.
La Judicatura resolvió que el juez es “responsable de manifiesta negligencia”, una de las infracciones previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. La sanción está relacionada con una acción constitucional en el caso Petroecuador-Marzam Cia. Ltda, es decir, un caso distinto al de Chalá.
El Consejo de la Judicatura informó que el sumario disciplinario en contra del juez inició en agosto de 2019, y que esta acción está dentro de las potestades de control disciplinario que el organismo tiene. Añadió que la competencia disciplinaria se ejerce “sin intervenir de ninguna forma en la decisiones jurisdiccionales”.
El magistrado decidió que Chalá debía ser restituida en su puesto como miembro del Consejo de Participación Ciudadana. La decisión recibió críticas de los asambleístas, que argumentaron que la justicia no puede revisar actos legislativos.
Walter Gómez, otro de los consejeros cesados en el juicio político, difundió un video en el que el juez Ruiz explica que le han bloqueado del sistema y no puede despachar. “Si esto no es injerencia en el poder judicial, ¿qué es? Yo debía haber dictado lo contrario para no tener problemas”, dice el magistrado en el video.
La Asamblea anunció el 13 de diciembre que rechaza el razonamiento jurídico del juez Ruiz. A través de un comunicado, el Legislativo informó que ha presentado una queja ante el Consejo de la Judicatura “por su manifiesta negligencia, desconocimiento de la Constitución y su falta de competencia para conocer el caso”.
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