Futuro de la Judicatura se juega en la Corte Constitucional y Asamblea

El jueves 8 de septiembre de 2022 será un día clave para el Consejo de la Judicatura (CJ). La Corte Constitucional (CC) tramitará una acción extraordinaria de protección que dilucidará quien debe ostentar la Presidencia del Consejo.

El recurso fue planteado por Álvaro Román. Él era el vocal suplente de María del Carmen Maldonado, expresidenta de la Judicatura, y quien renunció el 2 de febrero de 2022. Desde esa fecha, Román reclama la Presidencia del organismo judicial.

Tras la renuncia de Maldonado, en el Consejo de la Judicatura se nombró a Fausto Murillo como presidente interino.

El problema radica en la conformación de la Judicatura. Según la Constitución, el organismo se compone de vocales representantes de distintas instituciones del Estado.

• Corte Nacional de Justicia
• Asamblea Nacional
• Fiscalía General del Estado
• Defensoría Pública
• Función Ejecutiva

Para el nombramiento, cada una de estas entidades deben enviar una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Y, de estas postulaciones, se elige a los vocales titulares y a sus suplentes.

Además, la Constitución establece que el representante de la Corte Nacional debe presidir el Consejo de la Judicatura.

En el proceso de selección de 2019, la terna de la Corte Nacional estuvo integrada por Maldonado, Julio Arrieta y María Rosa Merchán. Los dos últimos fueron descalificados a través de impugnaciones ciudadanas.

Maldonado fue designada como vocal titular y, por ende, como Presidenta del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, al no existir elegibles para la suplencia, el Cpccs tomó al tercer elegible de la terna de la Fiscalía para completar la designación. Era Álvaro Román.

Ante la renuncia Maldonado, Román debió asumir esa vocalía. Pero surgió el debate jurídico porque al no ser representante de la Corte Nacional no podía ostentar la Presidencia. Por esta razón, se designó a Murillo, quien tampoco es representante de la Corte, sino que integraba la terna de la Asamblea Nacional.

Román presentó una acción de protección ante la justicia ordinaria. Pero su pretensión de presidir la Judicatura se negó tanto en primera como en segunda instancia. Entonces, Román acudió a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra.

El debate jurídico

Román basa su aspiración de presidir la Judicatura en los poderes especiales que tenía el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que presidió Julio César Trujillo, y que estuvo a cargo del proceso de selección.

Ese Cpccs Transitorio nació de una consulta popular que impulso el gobierno de Lenín Moreno. Según los anexos de ese proceso, el organismo tenía poderes especiales que incluían la evaluación y destitución de funcionarios.

Una de estas evaluaciones terminó en el cese de la Judicatura que presidía Gustavo Jalkh, exsecretario Personal del expresidente de Rafael Correa. Con esa destitución se dio paso a la selección del Consejo de Maldonado.

Alexander Barahona, abogado de Román, indicó que las aspiraciones de Román están alineadas a la defensa de la Constitución y a una sentencia de la propia Corte Constitucional.

El 7 de mayo de 2019, la Corte emitió un fallo interpretativo y decidió que el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) actual no puede revisar las resoluciones del Cpccs Transitorio.

Entre estas resoluciones está la designación de los vocales del Consejo de la Judicatura.

Según Barahona esta sentencia se está contradiciendo, ya que los vocales del Consejo de la Judicatura, al nombrar a Murillo como presidente encargado tras la renuncia de Maldonado, estarían desconociendo el mandato del Transitorio y, por tanto, la sentencia de la CC.

En la audiencia del jueves 8 de septiembre, los jueces constitucionales escucharán a Román, a los vocales de la Judicatura, a la Procuraduría General del Estado y a los jueces que fallaron en contra de Román en la acción de protección original.

La nueva designación en espera

Tras la renuncia de Maldonado y el nombramiento de Murillo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, envió al Cpccs una terna para que se eligiera al nuevo vocal titular de la CNJ y al nuevo presidente de la Judicatura.

Sin embargo, el Consejo de Participación no trató la terna. El 17 de mayo de 2022, Saquicela retiró la terna y advirtió un intento de "una nueva metida de manos a la justicia".

Pero, el 20 de agosto de 2022, Saquicela envió una nueva postulación. Lo hizo a pocas horas de que se tramitara un juicio político en la Asamblea Nacional que podía terminar en la destitución de Murillo y dos vocales más de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Barreno.

El 6 de septiembre de 2022, el Consejo de Participación Ciudadana incluyó en una sesión del Pleno el tratamiento de la segunda terna de Saquicela.

Pero, con los votos del presidente Hernán Ulloa, la vicepresidenta María Fernanda Rivadeneira y los vocales Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán se resolvió no tratar la lista de candidatos hasta que la Corte Constitucional resuelva la situación de Román.

El juicio político puede revivir

Mientras en el Cpccs, en la Judicatura y en la Corte Constitucional se debatía sobre la presidencia del CJ, en la Asamblea Nacional se tramitó un juicio político en contra de Murillo, Morillo y Barreno.

La bancada correísta los interpeló por un supuesto incumplimiento de funciones relacionado a la evaluación y destitución de jueces nacionales, en 2019.

La votación del juicio se realizó el 1 de septiembre de 2022. Se necesitaban 92 votos para la destitución. Solo se alcanzaron 87.

Pero, falta la reconsideración de esa resolución. La Ley de la Función Legislativa establece que luego de una votación, sin importar cuál sea el resultado, en el inicio de la siguiente sesión se puede pedir la reconsideración del resultado.

Habitualmente, con el objetivo de blindar la votación, los asambleístas solicitan la reconsideración de inmediato. Pero esto no ocurrió, porque apenas se leyeron los resultados, la sesión fue clausurada.

Por lo que en la próxima convocatoria se podría volver a tratar. La reunión está convocada para las 14:30 del jueves 8 de septiembre de 2022. Si el correísmo consiguió cinco votos más, podría ejecutarse la destitución de los vocales de la Judicatura.

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