Con un período al que aún le restan dos años, las autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) siguen en la mira de distintos grupos políticos.
Tres de los cuatro vocales de la Judicatura en funciones se salvaron de ser destituidos en el juicio político que impulsaron correístas y socialcristianos en su contra. Sin embargo, sus problemas están lejos de terminar, pues los cuestionamientos a su gestión no se detienen.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno fueron señalados por un presunto incumplimiento de funciones en la evaluación y destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Aunque a correístas y socialcristianos no les alcanzó con sus votos y los de una parte de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK), los vocales tampoco recibieron muestras de apoyo en ninguna de las bancadas.
De hecho, la votación no tuvo ni un solo voto su favor, sino que la abstención del oficialismo y de la mayoría de los integrantes de la ID y Pachakutik, impidió sumar los 92 votos necesarios.
Otro detalle a considerar en la votación es que falta la reconsideración. La Ley de la Función Legislativa establece que luego de una votación, sin importar cuál sea el resultado, hasta el inicio de la siguiente sesión se puede pedir la reconsideración del resultado.
Habitualmente, con el objetivo de blindar la votación, los asambleístas solicitan la reconsideración de inmediato. Pero esto no ocurrió, porque apenas se leyeron los resultados, la sesión fue clausurada.
Por lo que en la próxima convocatoria se podría volver a tratar, Esa eventual reconsideración, sumado a lo apretado de la votación y lo móvil de las mayorías en la Asamblea, podría poner en duda el resultado.
Más frentes abiertos
Pero la eventual reconsideración de la votación no es el principal problema que enfrenta la Judicatura. Sus vocales no están ratificados en sus cargos, pues deben enfrentar al menos otros tres frentes:
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Audios filtrados y un nuevo juicio político
Uno de los frentes de la Judicatura está en el plano judicial e incluye una investigación previa de la Fiscalía. Esta indagación se desprende de la filtración de audios que involucran a los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno.
En uno de esos audios filtrados se escucha, a quien sería el vocal Morillo, conversar con quien sería uno de los jueces que estaba a cargo de tramitar las acciones presentadas por Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea, antes de su destitución.
Morillo asegura que conversó el día anterior con el presidente Guillermo Lasso, quien le habría pedido su intervención a favor de Llori.
Una segunda parte de esta misma grabación fue revelada por Teleamazonas pocos días después. En ella, Morillo decía que tiene el respaldo de Pachakutik en el juicio político.
Tras la votación del juicio político, Esteban Torres, coordinador de la bancada del PSC, anunció que insistirá en un nuevo pedido de procesamiento político. En esta ocasión, los audios serán la principal prueba y acusación.
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La acción pendiente en la CC
Desde la renuncia de María del Carmen Maldonado, a la Presidencia del CJ, Fausto Murillo actúa como presidente encargado.
Aunque él no es vocal por la CNJ, sino por la Asamblea Nacional y la Constitución dice que el representante de la Corte Nacional debe presidir el organismo. Eso significaría que, ante la ausencia de Maldonado, debía sumir su suplente.
El Consejo de Participación Transitorio designó a Maldonado como presidenta de la Judicatura en enero de 2019. Pero los otros dos candidatos de la terna que la Corte Nacional de esa época presentó fueron descalificados.
Así que para completar la designación, se tomó a un postulante de la terna de la Fiscalía General como suplente de Maldonado: Álvaro Román.
Ahora Román exige su posesión como vocal y Presidente de la Judicatura a través de una acción de protección que le fue negada en primera y segunda instancia.
Sin embargo, Román presentó una acción extraordinaria ante la Corte Constitucional. Este recurso fue admitido a trámite y está pendiente de convocatoria a la audiencia de sustanciación.
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El Consejo de Participación en el medio
El 2 de febrero de 2022 María del Carmen Maldona renunció a la Judicatura y 20 días después, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela envió una terna de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, para que se elija al nuevo vocal y presidente de la Judicatura.
Sin embargo, 83 días después, el nombramiento no se concretó. Por esta razón, el 17 de mayo de 2022 Saquicela decidió retirar la terna hasta "cuando el respeto a la Constitución y a la seguridad jurídica lo permitan".
El 19 de agosto de 2022, en medio del juicio político contra tres de los cuatro vocales de la Judicatura -y con la acción de protección de Álvaro Román todavía en trámite- Saquicela volvió a presentar una nueva terna.
El 1 de septiembre de 2022, a horas de la votación del juicio, Hernán Ulloa, presidente del Cpccs, emitió un comunicado indicando que no se tratará la nueva terna hasta que la situación de Román se solucione y se certifique que hay una vacante en la Judicatura.
Los pendientes
Además de la inestabilidad y la incertidumbre por estos frentes, el Consejo de la Judicatura tiene varios pendientes que no se han concretado.
- Concurso de la CNJ: En febrero de 2021, la Judicatura posesionó a nueve jueces nacionales. Sin embargo, los candidatos fueron insuficientes y aún hay siete vacantes. El CJ ofreció un nuevo concurso que todavía no se ha concretado.
- Jueces anticorrupción: En diciembre de 2020, se aprobaron las reformas al Código de la Función Judicial, que entre otras cosas, planteó la creación de unidades y jueces anticorrupción. El proceso para la selección de los magistrados está en curso y en su última fase.
- Otros concurso: Según la página web de la entidad, el Consejo de la Judicatura todavía tiene pendientes los concursos para la carrera judicial administrativa y carrera fiscal administrativa que se arrastran desde administraciones anteriores.
- Modernización del sistema judicial: En medio de la emergencia por Covid-19, gremios de abogados han solicitado mejorar el sistema tecnológico judicial, de manera que la exposición y aglomeraciones en las dependencias judiciales sea mínima. Lo cual todavía no se logra.
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