Plazos que no se respetan, carga laboral excesiva en la Función Judicial y vacíos legales son los factores para el alargamiento de los procesos penales.
La corrupción cometida durante la emergencia sanitaria por el Covid-19 no deja de descubrirse. El 3 de junio de 2020, la Fiscalía hizo 37 nuevos allanamientos en Quito y Guayaquil.
En esas acciones detuvo a 17 sospechosos de actos de corrupción. Entre estos el expresidente Abdalá Bucaram y el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales.
Estos procedimientos son parte de los 45 casos que la Fiscalía está investigando, relacionados con corrupción durante la crisis sanitaria.
Pero, aunque las detenciones han generado un gran impacto en la opinión pública, se trata solo de arrestos momentáneos con fines investigativos.
Para que un proceso penal llega a su fin y se dicte una sentencia, independientemente de que este ocurra durante una emergencia, deben pasar al menos ocho meses, según los plazos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) .
Sin embargo, el penalista Pablo Encalada explica que pocas veces estos plazos se cumplen debido a la carga laboral de fiscales y jueces.
Además, en el COIP hay plazos no establecidos como el tiempo que debe pasar entre la presentación de recursos de apelación y la realización de la audiencia para tramitarlos.
El proceso penal
PRIMICIAS le presenta un resumen de lo que les espera a los investigados en los casos de corrupción:
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Investigaciones
Proceso de la investigación previa, según el COIP. Primicias
De los 45 investigaciones por presuntos actos de corrupción relacionados con la emergencia, 43 se encuentran en esta etapa en la que la Fiscalía busca indicios del cometimiento de un delito.
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Procesamiento
La instrucción fiscal puede durar un máximo de 120 días. Primicias.
Dos de los casos de la emergencia han avanzado a esta etapa. Se trata de los relacionados a la compra de kits alimenticios con sobreprecio y de la corrupción en el Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil.
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Preparatoria de juicio
Si el dictamen de la Fiscalía es abstentivo, el caso se archivará. Primicias
En la audiencia preparatoria de juicio, el juez puede dictar sobreseimientos. Primicias
En este punto del proceso, los investigados pueden ser sobreseídos o llamados a juicio dependiendo de la decisión del magistrado que trate el caso.
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Juzgamiento
La duración del juicio dependerá del número de procesados y de la cantidad de pruebas. Primicias
La sentencia impuesta en esta instancia no debe ejecutarse de inmediato, ya que los acusados podrán presentar varias impugnaciones y apelaciones posteriores.
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Sentencias en firme
Aunque haya sentencia de primera instancia, la pena se ejecutará cuando pase la casación. Primicias
Para que las penas empiecen a cumplirse, las sentencias de primer nivel deben ser ratificadas por otros tribunales de jueces en los recursos de nulidad, apelación y casación.
¿La justicia está al 100%?
Mientras tanto, dijo Salazar, la falta de operatividad de las dependencias judiciales impide que se procese a los detenidos e investigados por casos de corrupción durante la emergencia.
Esto, a la larga, significará que eventuales sentencias y la recuperación del dinero de la corrupción tarden más en ocurrir. Según Salazar, los plazos y términos de los casos penales no se han reactivado.
La tarde del miércoles 3 de junio de 2020, las autoridades del Consejo de la Judicatura respondieron que desde el día siguiente se reabrirán los órganos de justicia de manera progresiva.
En los casos de corrupción, que se tratan en los niveles penales, la reactivación será desde el 4 de junio de 2020. Pero, sobre los plazos y términos, María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, indicó que esa es una competencia de la Corte Nacional.
En medio de esta reactivación, además, aparecen los riesgos de nulidades futuras para los casos que se desarrollen durante la emergencia con un nuevo sistema de audiencias virtuales.
El Observatorio de Derechos y Justicia emitió un informe sobre el Acceso a la justicia, medios telemáticos y covid-19.
Según el estudio de la organización, la implementación de medios telemáticos podría afectar el ejercicio de las garantías básicas en el contexto de procesos de naturaleza penal y acarrear nulidades.
Estos son los principios que podrían quebrantarse:
- La posibilidad real de comparecer.
- La posibilidad real de guardar la confidencialidad cliente-abogado.
- La posibilidad real de verificar la veracidad de la prueba.
- La posibilidad real de asegurar la inmediación y garantías de independencia judicial.
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