Con una Venezuela que empezaba a estar sumida en el caos y la crisis y un enfrentamiento ideológico con Correa por la deuda nacional y sospechas de corrupción en el anterior Gobierno, Moreno se aparta pronto de quien le había ayudado a llegar al poder y define entre sus objetivos una política exterior inspirada en la apertura política y comercial.

Ello se traduce en un distanciamiento rápido de Venezuela y de Cuba, en la aspiración de integrar la Alianza del Pacífico y en la salida de Ecuador de Unasur, una institición que fue herencia de los regímenes de izquierda de la región.

Pese al desencuentro ideológico durante el Gobierno de Correa, Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial de Ecuador y el país que ha recibido a la mayor diáspora ecuatoriana en el mundo -hay más de 600.000 migrantes ecuatorianos viviendo en territorio estadounidense-.

A su vez, Ecuador es uno de los tres países de América Latina donde Estados Unidos tiene mejor imagen entre la población local.

Tras el desmantelamiento en 2009 por orden de Correa de la base estadounidense en la ciudad de Manta, la cooperación para la lucha contra el narcotráfico entre ambos países continuó, pero dentro de lo que permitían las limitadas relaciones políticas y bajo cierta sospecha.

Un atentado en enero de 2018 contra un cuartel de la Policía ecuatoriana, perpetrado por el narcotráfico, genera en Ecuador la necesidad de cooperación de seguridad y desde entonces ésta se ha ido expandiendo.

Aviones de reconocimiento estadounidenses P3 Orion patrullan en los últimos meses las aguas ecuatorianas, bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Ecuador también será sede de las maniobras multinacionales Unitas en 2020.

Después de nueve años de paralización, Estados Unidos accede en noviembre de 2018 a reactivar el Consejo de Inversiones y Comercio Bilateral (TIC), con el fin de impulsar las relaciones comerciales bilaterales y de estudiar un trato preferencial para más productos ecuatorianos.

Washington jugó un papel crucial en la obtención, en marzo por parte de Ecuador, de una línea de crédito de USD 10.200 millones de varias entidades financieras multilaterales para hacer frente a la crisis económica que Lenín Moreno califica como una herencia del anterior gobierno.

El caso de Julian Assange, el hacker australiano fundador de Wikileaks asilado en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012, era uno de los escollos para las relaciones con Estados Unidos.

Buscado por la difusión de miles de documentos secretos estadounidenses, la terminación del asilo para dar paso a la extradición de Assange a Estados Unidos, era uno de los veinte o treinta temas en la agenda bilateral.

En una entrevista con Efe en junio, el anterior embajador estadounidense en Quito, Todd Chapman, dijo que se trató de “una decisión soberana de Ecuador por sus propios intereses” y dentro de una “evolución en la política dentro del Gobierno de Moreno en este y muchos otros temas”.

En círculos de la izquierda correísta, sin embargo, el final del asilo de Assange fue interpretado como una “traición” de Moreno, y como el pago por al nuevo apoyo político, económico y militar de Estados Unidos a Ecuador.