Dos empresas salpicadas por millonaria concesión vial

La concesiones de los 662 kilómetros de vías en Guayas han resultado un negocio rentable para las empresas Concesionaria del Norte (Conorte S.A.) y Concesionaria del Guayas (Concegua S.A.).

Ambas se encargan del mantenimiento, rehabilitación y administración de las vías a través de estaciones de peajes. Lo hacen desde el año 2000, tras los contratos firmados en la prefectura del socialcristiano Nicolás Lapentti.

En noviembre de 2019, cuando faltaban dos años para que la concesión termine, el contrato fue ampliado hasta 2026.

Además solo en 2019, Conorte percibió ingresos por USD 73 millones, mientras que Concegua facturó USD 58 millones.

Ahora, la actuación de las concesionarias y su trabajo están en la mira de la prefecta Susana González, también del PSC. Ella anunció una auditoría a las obras que no han realizado estas empresas en las vías que administran.

"Son USD 500 millones que debían ser invertidos en obras entre 2000 a 2020, pero no se hizo tal inversión", dijo González el 15 de septiembre.

Estas empresas no solo enfrentan un examen especial de la Contraloría General del Estado, que deberá concluir en 120 días, sino que también fueron multadas con casi USD 3 millones.

Concretamente, la Prefecta indicó que dos vías tenían fisuras y hundimiento, y que en reiteradas ocasiones habían notificado a las compañías sin respuesta alguna.

Dos empresas, un solo dueño

La infraestructura vial concesionada en la provincia representa el 74% de la totalidad de carreteras. El restante 26% está a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

El modelo de entregar en concesión las vías en Guayas arranca en 1998, en la prefectura de Nicolás Lapentti. Y dos años más tarde se firmaban los contratos con Concegua y Conagua.

Según el artículo 26 del contrato de concesión, la Prefectura del Guayas entrega la exclusividad regulada de las vías a los contratistas. Y este concesionario tendrá derecho a "explotar la obra y servicios concedidos a fin de obtener su retribución".

Ambas compañías tienen a los mismos accionistas. El mayor de ellos es Hidalgo & Hidalgo (H&H), una de las empresas constructoras más grandes del país. Tiene negocios en vías, edificios, represas y operaciones en Panamá, Perú y Colombia.

Mientras que con un participación mucho menor está Construcroca, cuyos principales dueños son la familia Hidalgo Arteaga. Estos últimos nuevamente están relacionados con H&H.

Además, uno de los representantes de H&H, Alberto Hidalgo, es parte de la trama del Caso Sobornos 2012-2016. El pasado 7 de septiembre, los jueces ratificaron la sentencia de primera instancia de ocho años en calidad de autor.

Pagos extra a las concesionaras

El contrato inicial de Conorte por las concesiones asciende a USD 139,3 millones. En tanto que el de Concegua llega a USD 116,2 millones.

La primera empresa administra siete estaciones de peaje y un pontazgo (pago por pasar sobre un puente). Y la segunda mantiene derechos sobre seis estaciones de cobro.

A medida que el tráfico vehicular aumenta en las carreteras de Guayas, también se incrementa lo percibido por los peajes.

Pero las compañías quieren más y han asegurado, según constan en reportes financieros, que el USD 1 de peaje no es suficiente para su operación. Es así que reciben aportaciones de la Prefectura para compensar lo invertido en obras de mantenimiento.

En 2017, según datos de un informe del Gobierno Provincial, se canceló USD 17 millones a las concesionarias.

Precisamente, el pago de esta aportación es otro punto de controversia en la actual Prefectura. Susana González mencionó en agosto de 2020 que la institución le debe USD 140 millones a estas empresas por concepto de aportaciones vencidas.

"La concesiones con Conorte y Concegua son las únicas en el país y quizás en el mundo que no generan un recurso a favor de la provincia", señaló González.

Es debido al pago de la Prefectura que las concesionarias nunca pierden dinero, pese a que registran menos ingresos.

Por ejemplo, en 2019, Concegua facturó un 12% menos, pero reportó utilidades por USD 6 millones. Esto representó un 117% más con respecto a 2018.

Mientras que Conorte perdió 15% en ingresos en 2019, y sus utilidades llegaron a USD 5 millones.

No es el primer pedido de auditoría 

El 4 de agosto de 2020 la Prefecta pidió formalmente una auditoría externa de las concesiones. Luego envió un segundo oficio, el 4 de septiembre de 2020, para la revisión de las obras hechas desde el 2000 hasta 2020.

Según González, gran parte de esas obras no han sido auditadas, aunque no mencionó cuáles ni en qué años. Pero sí adelantó que hay unos 100 exfuncionarios de la Prefectura a quienes la auditoría también llegará. Se presume vínculos de funcionaros con las dos concesionarias.

No es el único pedido de auditoría sobre las concesiones en Guayas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hizo una veeduría en 2016.

Mientras que la propia Contraloría en el época de Jimmy Jairala, exprefecto del Guayas, ya aprobó un informe correspondiente al 1 de enero de 2012 hasta el 31 de marzo de 2015.

En aquel informe se examinaron los montos percibidos por las empresas por concepto de peajes y las obras realizadas. ¿Cuál fue la conclusión?

Según la Controlaría, la entonces administración de la Prefectura incumplió con hacer exámenes semestrales a las concesiones viales.

Luego, en noviembre de 2019, el fallecido prefecto Carlos Luis Morales puso en marcha un proceso de auditoría a las empresas concesionarias.

La intención de Morales, dijo entonces, era establecer cuán razonables eran las ganancias de las concesionarias por concepto de los 13 peajes que mantienen.

PRIMICIAS intentó comunicarse, vía telefónica y correo electrónico, con el representante de las concesionarias, Guillermo Ávalos, pero hasta el cierre del reportaje no hubo respuesta.