Moreno y Lasso, responsables políticos de la crisis energética, según Fiscalización

Dos expresidentes de la República y dos exministros son señalados como responsables políticos de la crisis energética que provocó los apagones que iniciaron a finales de octubre de 2023 y se extendieron por casi dos meses.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea dio a conocer este 31 de enero el informe que derivó de una serie de comparecencias de funcionarios, exfuncionarios y expertos en el tema. También, de visitas in situ de algunos legisladores a represas como Coca Codo Sinclair.

El primer señalado es el expresidente Lenín Moreno, a quien, a igual que a Guillermo Lasso, se le acusa de no haber invertido durante su periodo en la infraestructura eléctrica y de no haber tomado las medidas del caso, pese a las advertencias.

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A Lasso además se le responsabiliza de haber firmado contratos de última hora en el tema energético que habrían favorecido a personas cercanas a su entorno, según la comisión de Fiscalización, dominada por correístas y socialcristianos.

Los otros responsables políticos son el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, sobre quien existe un pedido de juicio político en marcha, y el exministro de Economía, Pablo Arosemena, al que se acusa de haber quitado recursos a empresas públicas del sector eléctrico.

Según los cálculos de los especialistas que acudieron a la Comisión de Fiscalización, los apagones, que duraron casi un dos meses, provocaron pérdidas al sector productivo de, al menos, USD 400 millones.

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Por su parte, la ministra de Energía del gobierno actual, Andrea Arrobo, explicó que se pagaron cerca de USD 230 millones a Colombia por la compra de energía, a precios que se incrementaron hasta un 35% del valor normal.

El informe deja recomendaciones

Aprovechando el momento, la asambleísta correísta, Pamela Aguirre, presidenta de Fiscalización, intentó incluir entre las recomendaciones que el actual gobierno "debería" recibir las obras de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, pese a que instancias como la Contraloría han detectado decenas de fallas.

El argumento de Aguirre es que los legisladores visitaron personalmente la central y, a simple vista, no vieron las fisuras de las que hablan los detractores de la obra, aunque reconoció que estas fallas solo son visibles con sistemas láser.

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Además, dijo que en esta crisis energética, Coca Codo abasteció entre el 26% y el 30% de energía, haciendo que los apagones duren entre tres y cuatro horas al día y no ocho horas como hubiese pasado sin esa hidroeléctrica.

Por eso, en el documento se recomendaba al gobierno de Daniel Noboa que debería recibir la obra, previo a las reparaciones que correspondan.

Esto provocó el reclamo de legisladores como Adriana García y César Umajinga, que pidió que no se mezclen los términos, porque una cosa es que se determine la responsabilidad política de la crisis y otra es lo relativo a la obra de Coca Codo, con más de 25 auditorias de la Contraloría.

Por eso se suspendió la sesión hasta revisar el texto y "explicar a los equipos técnicos" la situación en la que se encuentra la hidroeléctrica.

En la reinstalación se cambió la palabra "debería" por "podría" recibir la obra, lo que dejó satisfechos a ocho de los nueve integrantes de Fiscalización. García votó en contra del informe.

Otra de las recomendaciones de la mesa legislativa es que el gobierno decida separar el Ministerio de Energía en dos: uno que se encargue de hidrocarburos y minería y otro solo del tema eléctrico.