Narcotráfico y crimen organizado amenazan las elecciones de 2023

Las cifras de seguridad en Ecuador de cara a las elecciones de 2023 son alarmantes. La influencia del narcotráfico y el crimen organizado ha levado al país a la peor crisis de seguridad de la historia.

Hasta el 1 de septiembre de 2022, en el país se registraron 2.471 muertes violentas. Esto significa un incremento del 71%, con relación al mismo período de 2021, y del 201% respecto a 2020.

La mayoría de estos casos, según la Policía Nacional, está ligado al narcotráfico y al crimen organizado. Otra cifra que revela el crecimiento de estas economías criminales es la incautación de droga.

Ecuador bordea las 140 toneladas de drogas incautadas desde inicios de 2022, informó la Policía Nacional en redes sociales. A cuatro meses de que termine el año, el país ya está a 50 toneladas de igualar el decomiso total de 2021, catalogado como récord histórico.

A esto se suma el narcoterrorismo como modo de operar de los grupos criminales. El 14 de agosto de 2022, en Guayaquil se registró una explosión en el barrio Cristo del Consuelo, que dejó cinco muertos.

Solo en 2022, según el ministro del Interior Patricio Carrillo, se reportan más de 60 eventos menores de terrorismo en Ecuador. Estos incluyen coches bomba, artefactos explosivos y ataques a civiles.

En medio de esta coyuntura de seguridad, el país enfrenta un nuevo proceso electoral. El 5 de febrero de 2023, los ecuatorianos asistirán a las urnas para elegir 221 alcaldes, 23 prefectos, siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) e integrantes de juntas parroquiales.

La seguridad de los candidatos y el posible financiamiento de las campañas con dineros calientes son las principales preocupaciones en las próximas elecciones.

Precandidatos bajo amenaza

A cinco meses de las elecciones, Ecuador ya ha vivido varios episodios de atentados contra precandidatos electorales.

El 26 de agosto de 2022, el precandidato a la Alcaldía de Esmeraldas, Miguel Ruiz, fue objeto de un ataque armado. Cuando salía de un mitin en El Gatazo, en Esmeraldas, el vehículo de Ruiz recibió siete disparos y uno de sus acompañantes resultó herido.

Ruiz, candidato por Centro Democrático y actual concejal, ya había sido amenazado hace cinco meses.

El caso de George Delgado, periodista manabita y precandidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana, en cambio, tuvo un desenlace fatal.

A las 16:00 del 10 de agosto, Delgado se dirigió a Montecristi, donde se produjo un incendio en una vivienda.

Luego de reportar el suceso, el periodista iba a regresar a Portoviejo junto a su hija, de 16 años, y su camarógrafo, cuando recibió una llamada. Lo alertaron de un posible crimen en otra zona de Manabí.

Cuando el comunicador se movilizaba en su vehículo, sicarios lo atacaron con arma de fuego. El crimen del periodista, de 39 años, se planificó en Daule y habría costado USD 2.000.

Mientras que el 28 de agosto, en Durán (Guayas), Luis Chonillo, precandidato a la Alcaldía de esa ciudad, fue intimidado. Cuando estaba en un mitin político, dos sujetos se acercaron e hicieron varios disparos al aire.

Un día después de ese incidente, la Policía Nacional hizo varios cambios en su cúpula. Fausto Buenaño, quien era jefe de logística, fue nombrado coordinador policial para las elecciones.

El oficial explicó a PRIMICIAS que estará a cargo únicamente de la parte administrativa, y que la protección del proceso electoral será labor de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

En los comicios de 2023 se elegirán 5.633 dignidades, y si bien no se conoce el número oficial de candidatos, será operativamente imposible para la Policía Nacional brindar seguridad a todos.

Por esta razón, al interior de la entidad se está elaborando una matriz de análisis de riesgo, que concluye los posibles conflictos y amenazas de cada postulante. Con base en ese documento se determinará el perfil de los postulantes y los que estén en amenaza crítica recibirán protección.

Control al dinero de las elecciones

El 3 de febrero de 2020, en Ecuador entraron en vigencia las más recientes reformas al Código de la Democracia.

Dentro de la ley, la Asamblea Nacional incluyó varias disposiciones transitorias. La segunda ordena al Consejo Nacional Electoral (CNE) que en un plazo de tres años implemente un Sistema de Interconexión de Datos para el control del financiamiento a la política.

Las organizaciones políticas deberían registrar los ingresos y aportes, de manera mensual y en línea. Este sistema será de acceso gratuito y público.

El plazo, justamente, se cumple en 2023 y el sistema debería estar listo para las elecciones seccionales, pero todavía no está operativo.

En una entrevista, Diana Atamaint, presidenta del organismo electoral, dijo que determinar la procedencia ilícita de fondos de campaña no es una labor del CNE.

Señaló que debería estar a cargo de otras entidades como la Fiscalía y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

Además, desde las elecciones generales de 2021, en el país están vigentes nuevos controles de financiamiento electoral.

En ese proceso, por primera vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo pública la información, con reportes quincenales.

Entre los nuevos controles del CNE está la verificación de que las donaciones de personas naturales no podrán superar al 30% de sus ingresos declarados el año anterior.

Por su parte, la UAFE también vigila a los partidos desde agosto de 2021. La entidad incluyó a las organizaciones políticas como nuevos sectores obligados a reportar sus movimientos económicos.

Esta declaración mensual se hace con el fin de detectar presuntos casos de lavado de activos y uso de recursos ilícitos.

Hasta el momento, ni el CNE ni la UAFE han dado alertas sobre posibles financiamientos ilegales en la política ecuatoriana.