La Procuraduría ha pedido, últimamente, que se inicien procesos de repetición en casos como Oxy, Murphy, Burlington y El Universo.
El próximo procurador general, Juan Carlos Larrea, advirtió que, cuando asuma el cargo, se dirigirá a la Asamblea Nacional para averiguar por qué el proyecto de Ley de Repetición demora tanto en ser tramitado.
El objetivo de la repetición implica que el Estado pueda recuperar los recursos que, en su momento, tuvo que pagar para indemnizar o reparar daños provenientes de diversas acciones u omisiones de los funcionarios y exfuncionarios públicos.
Por ejemplo, daños por violaciones de derechos humanos, deficiente prestación de servicios, gastos al margen de las normas, acciones u omisiones que hayan causado perjuicio a las instituciones y que hayan sido declaradas ilegales o nulas por sentencia.
El primer proyecto fue presentado en el Legislativo en 2010, pero nunca terminó su trámite. En julio de 2021, el aún procurador Íñigo Salvador presentó otro proyecto similar y 15 meses después tampoco ha llegado al pleno.
La normativa apunta que el trámite de repetición dentro de los procesos judiciales sea más expedito y eficiente, creando un proceso y un solo tribunal competente. Además, reúne en un solo cuerpo legal todas las normas dispersas.
Tres casos en la mira
Larrea, al hablar de su próxima gestión, dijo que tiene en la mira tres grandes casos de arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano: Perenco, Oxy y Chevron.
En cuanto a Perenco y Chevron, todavía hay recursos pendientes por plantear. Por eso, Larrea insistirá en la repetición por el caso Oxy.
En 2006, dicha petrolera estadounidense inició un arbitraje de inversiones en contra de Ecuador, por la declaratoria de caducidad del contrato de participación que mantenía para la exploración y explotación del Bloque 15.
Ocurrió durante el gobierno de Alfredo Palacio. El entonces ministro de Energía, Iván Rodríguez, firmó la declaratoria de caducidad del contrato y revirtió la operación del bloque 15 a Petroecuador.
El Comité del Centro de Arreglo de Disputas Relativas a Inversiones (Ciadi) dictó, en 2015, el laudo por USD 1.061 millones en favor de la petrolera. En enero de 2016, Ecuador y Oxy suscribieron un acuerdo de pago, negociado durante el gobierno de Rafael Correa.
La administración saliente pidió a las instituciones respectivas que inicien los procesos de repetición no solo en el caso Oxy, sino también en los casos Murphy, Burlington, El Universo,
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