En la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el 26 de enero de 2021, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el delito de concusión en contra de la exlegisladora Nivea Vélez.
Este proceso es otro de los capítulos del denominado caso ‘diezmos’, donde varios asambleístas y exasambleístas son acusados de haber hecho cobros indebidos a sus colaboradores a cambio de estabilidad laboral.
Nivea Vélez fue asambleísta por Loja, en el período 2009-2013, en representación de un movimiento local. Vicente Ogoño, quien fuera su asesor, la denunció el supuesto pago de USD 28.000 durante 16 meses. Este valor correspondía a un porcentaje de su sueldo.
La Fiscalía, representada por Wilson Toainga, debía presentar su acusación fiscal para que el juez Wilman Terán decida si es llamada a juicio.
Apenas iniciada la audiencia del 26 de enero de 2021 Gina Gómez de la Torre, abogada de Vélez, alegó vicios de procedimiento durante la instrucción fiscal. Aseguró que dos versiones no tienen firma de responsabilidad de la Fiscalía General.
El hecho fue confirmado por el propio Toainga. “Debido a la pandemia las versiones fueron tomadas de forma digital. Por esto, como evidencia existe soporte digital de las versiones y soporte físico”, justificó.
El juez Terán consideró, luego de cuatro horas de deliberación, que la falta de una firma de responsabilidad anula esas versiones. Y, por tanto, declaró la nulidad parcial de la instrucción fiscal para que esas diligencias se repitan.
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