Llegaron 90 personas, la mitad, autoridades. Sin distanciamiento social ni protocolos de seguridad. Algunos incluso sin mascarilla. El escenario, con mantel largo, en un lujoso hotel del centro de Portoviejo. Con meseros uniformados, como si de comensales se tratara.
10 de los 22 alcaldes manabitas e incluso algunos de Esmeraldas, como el de Muisne, el prefecto Leonardo Orlando y los dirigentes del Frente Cívico de Manabí se sentaron a debatir sobre las acciones para presionar al gobierno de Lenín Moreno, el 10 de junio de 2020.
La figura central fue el alcalde de Pedernales, Óscar Arcentales, quien insistió que su cantón de 70.000 habitantes ha esperado 21 años por un hospital. “No queremos uno provisional, el móvil que ofrece el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos. Necesitamos el definitivo. Estamos dispuestos a movilizarnos de ser necesario”.
Su colega de Muisne, Tairon Quintero, asintió. “Si Manabí es olvidada, ya se imaginarán qué pasa con los esmeraldeños; sin acceso a servicios básicos y peor a una buena atención médica”.
Comenzaron las advertencias contra el gobierno central, entre ellas, un levantamiento general, que incluya bloqueo de vías y paralización de servicios.
Porque los hechos han mostrado, según la Fiscalía, un proceso plagado de irregularidades -dirigido desde el Secob- para contratar a una empresa sin garantías (Consorcio Pedernales) para la construcción del hospital de USD 16,4 millones.
Fue el asambleísta Guillermo Celi (SUMA) quien dijo que será complejo recuperar el 50% del anticipo entregado de USD 8,2 millones. “Al pleno de la Asamblea compareció el 8 de junio el ministro de Transporte, Gabriel Martínez, y dijo que esa constructora ha usado USD 5 millones para unas inversiones”.
“Es decir, eso no se podrá recuperar. Aquí no han caído los peces gordos todavía. El legislador Daniel Mendoza era mediano. El gobierno de Moreno bien sabe quiénes son los responsables de este atraco sin nombre”, dijo Celi.
Al medio, recién llegado desde Quito, estaba el viceministro de Salud, Xavier Solórzano, quien escuchó cada una de las intervenciones.
Fue ahí cuando anunció que el de Pedernales no ha sido el único foco de corrupción. “Hemos pedido a Fiscalía y Contraloría que analicen situación de 30 hospitales públicos, donde se han despilfarrado los recursos”.
No especificó cuáles, ni siquiera después que lo abordó personalmente, al final de la cita, el equipo de PRIMICIAS.
Cuatro horas después terminó la sesión, convocada por la exalcaldesa de Portoviejo, Patricia Briones, Presidenta del Frente Cívico, quien fue amenazante. “No van a insultar de nuevo a Manabí. Esta provincia, de ser necesario, se movilizará hasta Carondelet. Pero no puede este gobierno dejar a Pedernales sin su casa de salud”.
La reunión terminó con un manifiesto de cinco puntos.
El primero: exigen que se garantice la construcción del hospital de Pedernales “ejecutando la garantía para recuperar los recursos y profundizar la investigación en los hechos de corrupción que son de dominio público”.
El segundo: que el Gobierno dé fechas concretas para equipar los hospitales de Manabí. También piden que se transfieran los recursos adeudados a los gobiernos autónomos descentralizados.
Celi fue el único de los nueve asambleístas de Manabí que estuvo allí. A él se le cuestionó que han sido sus mismos colegas quienes han dirigido -como señala la Fiscalía- la red de corrupción, con el legislador Daniel Mendoza (preso en Quito) a la cabeza.
“Yo respondo por mis acciones. Pero, repito, deben caer los peces gordos”, dijo.
Protestas en el terreno donde debía construirse el hospital de Pedernales, donde hizo un recorrido el ministro de Obras Públicas, Gabriel Martínez (centro), el 9 de junio de 2020. Rubén Mendoza
Fiscalizadora del hospital de Pedernales también se va y debe devolver el anticipo
Mauricio Daniel Reyes Constante, de la empresa Mercampart, fiscalizador de la obra del Hospital de Pedernales. Cortesía El Diario, de Manabí
“Ha sido la peor experiencia”. Machaca las palabras, resignado, el joven de 34 años Mauricio Daniel Reyes, empleado de Mercampart. Es el director de fiscalización del hospital de Pedernales, cuya construcción todavía no se ha suspendido hasta el martes 9 de junio.
El contrato para fiscalizar fue entregado directamente, sin concurso, por el Servicio de Contratación de Obras (Secob), también en medio de cuestionamientos, a Mercampart por UDS 631.000.
De hecho, Reyes, dos meses antes de la adjudicación era funcionario del Secob en Manabí. “No tuve nada que ver para conseguir este contrato, ni para el consorcio encargado de ejecutar la obra ni para Mercampart. Es la primera vez que trabajo en una obra de esta magnitud en la provincia”.
La historia se repite. Esta fiscalizadora ya recibió el 50% de anticipo (USD 315.500). “Mi jefe, Byron Zambrano, me ha dicho que vamos a devolver hasta el último centavo. Para nosotros es mejor que también se acabe este contrato, que tanto daño no ha hecho”. Ese 50% adelantado también tiene una póliza o fianza, emitida por Latina Seguros.
Este miércoles 10 de junio de 2020 los ocho empleados de Mercampart, asignados para la supervisión de la obra, retiraban del campamento en Pedernales sus equipos.
El exfiscalizador, Iván Samaniego, cuyo contrato fue rescindido por el Secob para adjudicarlo a Mercampart, asegura que la fiscalizadora (Mercampart) es parte de la red de corrupción que ha denunciado la Fiscalía
Fui desvinculado del Secob el 23 de diciembre del 2019, por el recorte de personal y la crisis económica que agobia al país. Yo estaba desempleado y el accionista de la Mercampart me contrató para participar en el proceso.
Tengo casi siete años trabajando en lo que es construcción en el Secob. Yo siendo de Manabí es la primera vez que vengo a trabajar en la provincia y me encuentro con todo este tipo de cosas que no son normales.
La Contraloría observa al Consorcio Pedernales Manabí y también a Mercampart
A Mercampart le llegó una notificación para el inicio del examen; están revisando toda la información precontractual y contractual. La parte contractual no es mucho lo que se ha hecho; se trabajó 10 días en marzo y solo se ha completado prácticamente el mes de mayo. Entonces no hay mucha información contractual que revisar, pero tenemos toda la documentación en regla.
¿Los trabajos concuerdan con los plazos?
Exactamente. El avance de la obra es del 2,40% aproximadamente.
¿Mercampart pide entonces terminar el contrato?
Sí, pero no tenemos con quién hablar. Nosotros redactamos un documento para entregar a la administradora del contrato (Jennifer Cobeña, quien está presa junto a 11 personas más, entre ellas el asambleísta Daniel Mendoza y los ejecutivos de la constructora). Pero si ella está presa, no sabemos a quién se lo damos. Secob no nos dice aún cuáles son los lineamientos y la posición del contratante.
¿Usted se siente culpable?
Yo no he sido juez ni parte de la parte precontractual, tanto de la construcción del hospital de Pedernales como de la fiscalización. Yo no he sido parte, en este caso, de términos de referencias, elaboración de planos y estudios. No sé por qué me vinculan. Tal vez porque estuve en el Secob, que me dio la experiencia para este tipo de trabajos.
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