Juicio político: La defensa de Sommerfeld dice que no se ha probado el incumplimiento de funciones
La canciller Gabriela Sommerfeld acudirá el 26 de julio a Fiscalización a defenderse. El abogado de la funcionaria rechazó que un abogado afín al correísmo compareció ante la Comisión este jueves.
La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante un evento por el aniversario de la independencia de Perú, julio de 2024.
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La Comisión de Fiscalización de la Asamblea empezó a receptar, este 25 de julio, las pruebas testimoniales de cargo y descargo, dentro del juicio político a la canciller, Gabriela Sommerfeld.
Estas son las últimas acciones de esta fase y se espera que el 26 de julio tanto la proponente del juicio, Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, como la ministra Sommerfeld, emitan sus alegatos finales, según el cronograma aprobado.
La Canciller designó a dos abogados para que la representen en las primeras fases del proceso de fiscalización. Urresta había pedido que Sommerfeld también esté presente en todas las sesiones de la comisión.
Este jueves, la Comisión de Fiscalización informó que pidió un criterio al área jurídica de la Asamblea. Esta respondió que el funcionario interpelado debe estar presente en su juicio político, aunque eso no excluye la presencia de su equipo jurídico.
Urresta acusa a Sommerfeld, entre otras cosas, de estar detrás de la incursión de la policía a la Embajada de México en Quito, el 5 de abril pasado, que concluyó con la detención del exvicepresidente, Jorge Glas y la consecuente ruptura de relaciones entre ambos países.
Además, de no entregar el salvoconducto al exvicepresidente investigado por corrupción para que pueda salir con destino a México, país que le concedió asilo político.
Entre los llamados para este jueves estuvieron César Zapata, comandante de la Policía Nacional; Gian Carlo Loffredo, Ministro de Defensa; Carlos Larrea, procurador General del Estado; y Mónica Palencia, Ministra de Defensa.
De acuerdo al calendario aprobado el 18 de julio por la comisión, liderada por Pamela Aguirre, del correísmo, el próximo 28 de julio se prevé el inicio del plazo de cinco días para elaborar el informe del juicio político.
Ese documento, debería estar aprobado el 1 de agosto y enviado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, para que ponga en el orden del día la continuación del juicio que podría terminar con la censura y destitución de Sommerfeld.
Esa posibilidad se ha ido 'desinflando' en el camino, ya que bancadas como las del Partido Social Cristiano (PSC), Construye, algunos independientes y la oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), han dicho que no apoyan el juicio.
Lista para defenderse
La canciller Sommerfeld confirmó este jueves, desde Guayaquil, que ha sido convocada para ejercer personalmente su derecho a la defensa el 26 de julio desde las 08:00.
La funcionaria aseguró que todas sus actuaciones han estado enmarcadas en la defensa de la soberanía y derechos del país y en la lucha contra la corrupción.
"Estamos contentos de poder asisitir (a la Asamblea), de ser transparentes con la información y defender a nuestra tricolor".
Gabriela Sommerfeld, canciller.
La defensa de la funcionaria ha presentado más de 20 pruebas de descargo durante este proceso. El abogado Gonzalo González aseguró que hasta el momento la asambleísta Urresta no ha probado el incumplimiento de funciones.
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Además, González aseguró que se están cometiendo irregularidades en el proceso al supuestamente incluir una prueba nueva que no ha sido anunciada y tampoco aprobada por los comisionados, como establece la ley.
Específicamente, se refirió a la intervención del abogado y exministro boliviano, Sacha Llorenti, que se conectó a la sesión e intervino como experto en derechos humanos.
Llorenti también es coordinador de la comisión internacional por la libertad de Jorge Glas, creado, entre otros, por el expresidente Rafael Correa, Alberto Fernández de Argentina y Evo Morales de Bolivia.
Urresta negó que este testimonio sea prueba nueva y aseguró que la participación del abogado afín al correísmo fue anunciada con más de 15 días de anticipación, algo que fue certificado por la secretaría de la comisión.
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