El caso Vallejo, construido por el correísmo, corre el riesgo de caerse

Diego Vallejo fue detenido el 29 de junio de 2012, en el norte de Quito. Es un exmilitar que, para entonces, había trabajado en la Secretaría de Transparencia y en el Ministerio de Justicia, junto al exministro y exasambleísta, José Serrano.

Meses antes de su detención, Vallejo se había alejado del Gobierno de Rafael Correa y había empezado a denunciar supuestas actividades de espionaje con se habrían ejecutado para interferir en el nombramiento de autoridades, como la selección de Carlos Pólit, como contralor general.

Cuando Vallejo fue detenido, según el parte policial que se ventiló en la audiencia de flagrancia, en su mochila se hallaron dos armas de fuego y documentación con información de personalidades políticas ecuatorianas.

Fue sentenciado por tenencia ilegal de armas y por asociación ilícita. Cumplió uno año y ocho meses de condena en el expenal García Moreno, en el centro de Quito.

Tras salir de la cárcel, Vallejo viajó a Estados Unidos. Ese país le concedió un asilo político y allí empezó a recopilar pruebas para demostrar su inocencia.

Finalmente, este viernes 14 de enero de 2022, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, Daniella Camacho y Luis Rivera, valorarán las nuevas pruebas en las que Vallejo basa el recurso de revisión que presentó y decidirán si corrigen la sentencia anterior y ratifican su inocencia.

El año anterior, cuatro expolicías vinculados al caso 30S; Galo Lara y Carolina Llanos, del proceso Quinsaloma, fueron declarados inocentes luego de que la Corte aceptó los recursos de revisión presentados. Ahora los sentenciados buscan reparación y podrían demandar al Estado ante instancias internacionales.

Testimonio revelador

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), un recurso de revisión puede ser presentado sin importar el tiempo que ha pasado desde que se dictó la sentencia, pero se debe cumplir una de tres posibles causales.

En el caso de Vallejo, el recurso se basa en la tercera causal: Si la sentencia se generó con base en documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados.

La defensa del exfuncionario del correísmo presentó los testimonios de los policías Fernando Galárraga y Pablo Luna, así como de Oswaldo Rivadeneira, exagente de inteligencia. Todos habrían participado en una operación secreta para desprestigiar a Vallejo.

La piedra angular del recurso de Vallejo es la versión de Rivadeneira. En febrero de 2019, ante el cónsul ecuatoriano en Bogotá, el exagente confesó que fue parte de un complot -en el que habrían participado varias instituciones y funcionarios de la época- para encarcelar a Vallejo.

Rivadeneira dijo que en 2012 recibió una visita de Luna y otros agentes, asignados a la Unidad de Gestión de Seguridad Interna de la Presidencia de la República (UGSI). Los oficiales le dieron un teléfono, en el que, según su versión, recibió una llamada de Rommy Vallejo, quien entonces era asesor de la UGSI y luego lideró la Secretaría de Inteligencia (Senain).

En esa comunicación, Rommy Vallejo habría dicho a Rivadeneira que Diego Vallejo tenía información sensible sobre la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 y que debía seguir sus órdenes para evitar que eso saliera a la luz.

Rivadeneira, junto a una agente encubierta, citó a Diego Vallejo en un bar de Quito, el 28 de junio de 2012. Ahí le entregaron una mochila con documentos.

Pero lo que Diego Vallejo no sabía, y ahora Rivadeneira confiesa, es que eso fue parte de un presunto plan para "hacerlo caer": la Policía habría tenido en su poder otra mochila idéntica, con otros documentos y dos armas camufladas en un doble fondo. Las mochilas se intercambiaron al momento de la detención de Vallejo.

"Eran otros tiempos. El poder político, bajo amenaza a mí y a mi familia, me utilizó para llevar a prisión a Diego Vallejo. Hoy puedo denunciar estos hechos, contar la verdad y pedir perdón a las personas que forzosamente les fallé", dijo Rivadeneira.

La cadena de mando

El caso de Vallejo no se ventila solo a escala nacional. El 29 de julio de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al gobierno ecuatoriano información sobre el juzgamiento y encarcelamiento del exmilitar.

El pedido del organismo internacional forma parte del estudio de caso. Esta es la fase previa al establecimiento de posibles violaciones de derechos humanos que podrían terminar en una sentencia internacional en contra del Estado ecuatoriano.

El proceso se originó en una demanda presentada por Vallejo. El exfuncionario apunta a 87 funcionarios del gobierno de Rafael Correa que, según el denunciante, se coludieron para llevarlo a la cárcel.

Entre otros, Vallejo (ahora con el respaldo de la declaración de Rivadeneira), apunta a José Serrano y Rommy Vallejo; Pablo Romero, extitular de la Senain; Galo Chiriboga, exfiscal General; Lady Zuñiga, exministra de Justicia, y Thania Moreno, exfiscal subrogante.

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